María del Socorro Valle Galeana
Expediente 962/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María del Socorro Valle Galeana
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de octubre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la Ley citada, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes; hágase la anotación correspondiente en el libro de registro de juicios de amparo. Por otra parte, atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo Primero fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se determina que el expediente principal una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ: Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Paz en Materia Civil del Municipio de Acapulco de Juárez. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 962/2019. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone... En mérito de las consideraciones vertidas, se concluye que la conducta de autoridad mencionada puede ser impugnada a través del medio de defensa antes descrito, implicando así que el juicio de amparo planteado contra ella resulte improcedente, pues se insiste de conformidad con el principio de definitividad que lo rige, la procedencia del mismo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, como en la especie acontece, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contemple para que esté a disposición del interesado y pueda ejercitarlo a su arbitrio. Máxime que en la especie, su procedencia no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, por lo que no es optativo para la parte quejosa interponer dicho medio de defensa previo al juicio de amparo. Orienta lo determinado, la jurisprudencia J/6 C, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ES APELABLE LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DEL PROCEDIMIENTO POR RAZONES FORMALES O PROCESALES, SIN DECIDIR LA PETICIÓN DEL PROMOVENTE. (Legislación para el Distrito Federal). La queja es un recurso extraordinario que sólo procede en los supuestos previstos expresamente en la ley, sin posibilidad de extenderla a otros casos, mediante la analogía o por mayoría de razón. El rechazo de la solicitud de las diligencias de jurisdicción voluntaria no está comprendido en el supuesto previsto en el artículo 723, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque sólo contempla su procedencia contra la inadmisión de la demanda principal de un proceso contencioso, y la promoción de inicio de dichas diligencias no es una demanda, pues la doctrina predominante y la ley positiva actual emplean este vocablo, en el derecho procesal, exclusivamente para identificar al escrito mediante el cual se inicia una contienda jurisdiccional, dirigida a la obtención de una sentencia vinculatoria para las partes, pero no para el acto de apertura de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. No obsta para lo anterior, el empleo de la palabra providencia en el artículo 898 del código en cita, porque esta voz es admisible, tanto para la resolución desestimatoria de la petición del promovente, como para la que da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales, sin entrar al análisis de lo pedido. En cambio, en conformidad con el sistema de procedencia de los medios de impugnación, previsto en el título décimo segundo del mencionado código, los recursos allí establecidos también, son aplicables, por regla general, a las diligencias de jurisdicción voluntaria, cuyas resoluciones se clasifican en decretos y autos, ya que en ellas se emite sentencia, de modo que todas sus resoluciones son impugnables, en principio, mediante el recurso de revocación, con la salvedad de la determinación conclusiva denominada providencia, que por disposición expresa y directa del artículo 898 citado es apelable, en donde el concepto providencia abarca cualquier resolución terminal, tanto los casos en que se decide otorgar o negar lo pedido por el solicitante, como aquellos en que se da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales. Además, la procedencia del recurso de apelación se justifica aquí, por el beneficio que el promovente puede obtener con la alzada, consistente en la satisfacción de sus pretensiones, sin verse en la necesidad de promover las diligencias dos o más veces, aunque el rechazo del Juez carezca de fundamento; esto es, con la apelación se privilegia el principio de economía procesal". Igualmente, cobra aplicación la jurisprudencia I37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente refiere: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" . Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), registro 2003301, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". En torno al tema, igual criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de queja 110/2019. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****, por notoriamente improcedente.
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