Maria del Socorro Tejeda Hernández
Expediente 994/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maria del Socorro Tejeda Hernández
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa hizo manifestación acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto.
- Principal
Agréguense a sus autos el escrito de ********, autorizada de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista efectuada en auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 85); en atención a su contenido, una vez que fenezca el término precisado en la certificación de cuenta y efectuado el análisis de las constancias que integran el presente expediente, procédase a emitir la resolución correspondiente a fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******número ****, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. ...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, misma que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la actual Ley de Amparo, requiérase a ********************Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Dejar insubsistente el auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, promovido por ********************, radicado con el número de expediente ********************, y en su lugar emita otro en donde admita el recurso de reconsideración hecho valer por ********************, en contra del acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis, emitido en el aludido juicio. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, esto es a ********************que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que dicha Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional). Asimismo, se establece que los Jueces de Primera Instancia, deben ser clasificados como órganos jurisdiccionales que cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, por ende, no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que tienen facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto, no cuentan con superior jerárquico alguno. En concordancia con lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.C.J/3K(10.a), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007295, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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