María del Socorro Sánchez García

Expediente 309/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
309/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • María del Socorro Sánchez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de once de febrero del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***; respecto de su contenido, se tiene en primer lugar vertiendo las manifestaciones que realiza, sin realizar mayor pronunciamiento en virtud de que, por auto de once de febrero del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en relación a que se notifique a la responsable la sentencia dictada en este juicio, dígase que dicha circunstancia aconteció el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, vía correo electrónico, como se advierte de las constancias que obran en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADO Por otro lado, se tiene a la quejosa revocando el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, así como al autorizado para tales efectos. Así, se tiene como nuevo inmueble para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, el ubicado en carretera Costera y callejón Morelos, Vicente Guerrero Poniente, sin número, y como autorizados a José Antonio Vizarretea Tinoco y Marina Vásquez Sosa, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditadas ante el Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídase copia simple de todo lo actuado en el presente juicio y como autorizado para recibirla a las personas que indica. En ese sentido, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace de su conocimiento que para efectuar la entrega de las constancias, previamente deberán generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendidos por el personal adscrito en la reproducción fotostática de las documentales que refiere, en el entendido de que, conforme a la normatividad aludida, la asistencia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene un límite de veinticinco minutos, por lo que en caso de no ser posible concluir en dicha temporalidad, tendrán que gestionar nuevamente su ingreso, y así sucesivamente, hasta que se concluya la encomienda. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado de autos, se desprende que la parte quejosa María del Socorro Sánchez García, no desahogó la vista ordenada en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer si la sentencia de amparo fue acatada por la responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Mediante sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María del Socarro Sánchez García o María del Socorro Sánchez García, respecto de los actos que reclamó del 1. Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General Salina Cruz, en su denominación correcta, para el efecto siguiente: "1. Que la quejosa permanecerá en reguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial y, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es la impetrante. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. 4. Deberán informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral de la quejosa, y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Determinación contra la cual la citada autoridad responsable interpuso recurso de revisión; ante ello, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el medio de impugnación 29/2021, determinó lo siguiente: "R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por Petróleos Mexicanos, empresa productiva del estado, por conducto de su apoderada legal Margarita Sánchez Bustamante, en calidad de delegada de la autoridad responsable Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General, Salina Cruz." Ante tal circunstancia, en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio firmado por el apoderado legal de Petróleos Mexicanos y delegado encargado del despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General en esta ciudad, a través del cual oportunamente informaba dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio amparo (folio 14028), y que se reservara proveer en su momento ante la falta de la resolución de la Alzada, el que acató en los siguientes términos: "Mediante oficio DJ-GJRNE-SJV-RJSC-JAIL-762-2021, el 14 de diciembre de 2021 se le informó al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LA PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SALINA CRUZ DE PETROLEOS MEXICANOS, (ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL, SALINA CRUZ, OAXACA), el resultado de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en el Recurso de Revisión, y el cumplimiento que se debe realiza respecto de la Sentencia. Anexo 2. Mediante correo electrónico se nos informó que el Quejoso reanudo labores con la empresa voluntariamente y estuvo de acuerdo con las medidas adoptadas por la misma, lo cual realizó el 09 de noviembre de 2021 mediante oficio CRLRH-GRRLRHSUR-SAPMTT-SCZ-AOSHGSCZ-1-212-2021 de la misma fecha y estuvo de acuerdo realizar la reanudación con las condiciones que se plasmaron en el citado documento. Anexo 3. ." Corroborando su dicho, con copia de las misivas citadas. De dichas constancias y manifestaciones, la parte quejosa no realizó manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, el oficio firmado vía electrónica con evidencia criptográfica por el apoderado y representante legal de Petróleos Mexicanos y delegado del encargado del despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General en esta ciudad, glósese únicamente, sin mayor proveído, dado que en párrafos que anteceden se emitió pronunciamiento respecto de su solicitud, por lo que deberá estar a lo ahí acordado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdosde Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución dictada el veinticinco de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión 29/2021, así como los autos originales del presente juicio de amparo. Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal, previa depuración y conservación únicamente de las constancias que obran en original, y hacer del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por Petróleos Mexicanos, empresa productiva del estado, por conducto de su apoderada legal******** , en calidad de delegada de la autoridad responsable Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General, Salina Cruz." ACUSE DE RECIBO En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad, vía electrónica. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Po otra parte, por auto de dieciséis de diciembre del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto al oficio signado por el apoderado legal de Petróleos Mexicanos y delegado encargado del despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General en esta ciudad, a través del cual la autoridad responsable refiere dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio amparo (folio 14028). En consecuencia, con fundamento en el normativo 196 de la Ley de Amparo, con la documental descrita con anterioridad, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga.

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