María del Socorro Rugerio Pérez

Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1018/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • María del Socorro Rugerio Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable y, al efecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se le tiene ofreciendo la prueba documental que exhibe. Asimismo, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a quienes mencionan, y proporcionando datos para establecer comunicación no procesal y facilitar el proceso de notificación. Ahora bien, vista la documental que se agrega, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California de proveer sobre el escrito de demanda presentado el nueve de enero de dos mil veintitrés. Luego, de la documental que se agrega, consistente en transcripción autorizada del acuerdo dictado veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que en esa fecha, el Tribunal responsable admitió la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 19/2023 y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo de la peticionaria del amparo consiste en la omisión de proveer sobre la demanda presentada el nueve de enero de dos mil veintitrés y, a la fecha, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California ya emitió el pronunciamiento respectivo, debe concluirse que han cesado los efectos del acto que se le atribuye. Ello es así, dado que ha cesado la abstención de proveer sobre ocurso correspondiente y, con ello, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiendo hacerse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y, en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, de las constancias recibidas destaca el auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, del cual se advierte que la autoridad responsable únicamente se pronunció respecto de la prueba testimonial a cargo de Sergio Hernández Aguilera, sin que haya informado lo concerniente al resto de las pruebas pendientes por desahogar. Por tanto, requiérase a la Junta responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique este acuerdo, comunique las gestiones realizadas a fin de llevar a cabo el resto de las pruebas pendientes por desahogar, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas, o bien, el impedimento legal que tenga para ello.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Admisión. Vista la demanda de amparo promovida por María del Socorro Rugerio Pérez contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; fórmese expediente físico y electrónico bajo número 1018/2023-2. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso tramitar incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la ley de la materia, está obligada a recibir el oficio que se le dirija, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dicho oficio, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la ley de la materia. De igual forma, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Tercero interesado No es el caso reconocer el carácter de tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, pues del análisis integral de la demanda de amparo y por la etapa procesal que indica la parte quejosa se encuentra el juicio del que emanan los actos reclamados, se advierte que aquel aún no ha sido emplazado a dicho juicio, de ahí que aún no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Prevéngase a las partes para el caso de que tengan conocimiento sobre actualización de causa de sobreseimiento del presente sumario, quedan obligadas a comunicarlo a este Juzgado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa, de conformidad con los numerales 64 y 251 de la Ley de Amparo.

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