Maria del Socorro Ramirez Escobar
Expediente 2011/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2011/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria del Socorro Ramirez Escobar
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de enero de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiese recurrido el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción....
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y principalmente la comparecencia de reconocimiento de firma llevada a cabo el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, a través de la cual ****, reconoce la firma del escrito recibido en este Juzgado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mismo que quedó registrado bajo el número de folio ***, por lo que se tiene por recibido dicho escrito. En mérito de lo anterior, se levanta la reserva efectuada en el proveído antes citado, por lo que se provee: Agréguese a los autos el escrito signado por **** mediante el cual desahoga la prevención formulada por este Juzgado en auto de once de diciembre de la presente anualidad. Desechamiento de la demanda Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley. En el presente caso, el quejoso señala como acto reclamado, la resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho que resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se tiene por contestada la demanda ejercitada en su contra en el expediente *** y ordena llamar a diversos demandados. Ahora bien, la parte quejosa aduce que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al considerar violados sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Debe desecharse la demanda, bajo el marco legal de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En principio, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Con otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas , para la correcta y funcional administración de la justicia federal. Ahora bien, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo que de conformidad con el texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal , se advierte que el Poder Reformador de la Constitución instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría "...a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:..."; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Ello es así, en virtud de que el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, debe tomar en cuenta las reglas y los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución al consagrar el juicio de amparo. En este contexto, como lo advirtió el Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal al resolver la citada contradicción de tesis 377/2013, uno de los problemas que se observaron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Por tanto, si bien en la fracción III del artículo 107 constitucional se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición de que constituyeran actos o resoluciones de imposible reparación, se dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, como se advierte del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto." Asentado lo anterior, se atiende al texto de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: . Sobre el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la multicitada contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva . Por ello, el acto que se combate en esta sede constitucional, consistente en la resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho que resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se tiene por contestada la demanda ejercitada en su contra en el expediente **** y ordena llamar a diversos demandados, no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa que pueda tener una ejecución irreparable, ya que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera, toda vez que la parte quejosa, puede obtener una sentencia favorable. Y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal, en su caso, al momento de reclamar la resolución que en su momento se emita en el juicio de origen. Resulta aplicable al caso, por analogía la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, mayo de 2003, tesis: VI.2o.C. J/231, página: 1186. "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Finalmente, sirve de apoyo, a contrario sensu, la jurisprudencia de la Segunda Sala del máximo Tribunal constitucional del País, de la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo 2, enero de 2013, tesis 2a./J. 169/2012 (10a.), regisrto 2002568, Libro XVI, Página 1230, Materia Común, de rubro y contenido siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese vía electrónica.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito firmado por ***, a través del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, ya que la firma estampada en el ocurso de cuenta es notoriamente distinta de la que calza en el escrito inicial de demanda, a fin de cerciorarse de la legitimidad de dicha signatura, y dado que ésta constituye la manifestación de voluntad de la parte promovente; por tanto, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a ***, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional debidamente identificada a reconocer la firma del escrito de cuenta, a fin de estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda. En apoyo al requerimiento anterior, se cita la jurisprudencia número 7/89, Gaceta número 13-15, página. 52, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, página. 385, que a la letra establece: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Se apercibe a la parte promovente que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Notifíquese vía electrónica.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama remitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, informa lo siguiente: Que mediante razones actuariales de dieciséis y veintiséis de noviembre, ambas del año en curso, la Actuaria de su adscripción manifestó su imposibilidad para emplazar a ********************. En consecuencia, téngase a la autoridad responsable acreditando estar en vías de cumplimiento al fallo protector. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y con copia certificada del telegrama de cuenta, requiérase a ********************, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que, en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, remita copia certificada de lo siguiente: Acuerdo que recayó a las razones actuariales de dieciséis y veintiséis de noviembre, ambas del año en curso, a través de las cuales la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México manifestó su imposibilidad para emplazar a ********************. Lo anterior, a efecto de que este Juzgador, se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa...
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