María del Socorro Peña Reyes
Expediente 1447/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1447/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- María del Socorro Peña Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el siete de septiembre de dos mil veintidós; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y b) Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de este órgano jurisdiccional por medio del cual remite la promoción original signada por la parte quejosa en la cual realiza manifestaciones en vía de alegatos; en consecuencia agréguese el mismo para que obre como corresponda; lo anterior, en virtud de que el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se dictó la respectiva sentencia. Por otro lado, intégrese el escrito signado por la parte quejosa; por medio del cual solicita aclarar el considerando quinto de la resolución dictada en autos ya que el amparo que solicitó fue en atención a la omisión de entregarle el dictamen de pensión por jubilación, no así la actualización de pensión como se estableció en el considerando referido. Al respecto, dígase al promovente no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, lo anterior en razón de que dicho considerando se refiere a los conceptos de violación que hace valer la quejosa; aunado a ello los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional fueron para que: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emitan una respuesta respecto de la solicitud de pensión por jubilación presentada por la parte quejosa y le notifiquen en el domicilio que proporcionó para tal efecto. De lo anterior no se advierte que los efectos del fallo protector hayan sido para la actualización de pensión alguna, como lo refiere el promovente, de ahí que se acuerde dicha promoción en los términos precisados.
- Principal
SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1447/2023-II; y RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA.+++++ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y acto reclamado siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: A): Señalo AL COMITÉ DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (.) IV NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD QUE RECLAMO: DEL COMITÉ DE PENSIONES DEL ISSEMYM, RECLAMO LA OMISIÓN DE DARME RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN, CON FOLIO 471,466,009-43100, PRESENTADA EL 03 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023. Por estimarlos, en esencia, violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1447/2023-II, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el +++++ con número+++++TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la documental exhibida por la parte quejosa adjunta a su escrito de demanda, la cual tiene valor probatorio, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las autoridades responsables hacen valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo, con sustento en el ordinal 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Esta es infundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad. Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación a la petición realizada en el formato proporcionado y entregado en la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, +++++. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que se reclaman actos relacionados con la omisión de dar respuesta a una petición efectuada, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, se desestima la causa de improcedencia hecha valer. Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer o advertidas de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa, en esencia, aduce que se transgrede su derecho fundamental previsto en el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el +++++. Pues bien, el concepto de violación que hace valer es fundado, puesto que, como lo aduce la parte quejosa, la autoridad responsable transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). En ese sentido, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, así como los diversos 3° y 4°, del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (...)" "Artículo 3°. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 4°. El Comité de Pensiones es un órgano auxiliar del H. Consejo Directivo del Instituto con facultades decisorias para analizar y resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pensiones, así como del estímulo por permanencia de los servidores públicos." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que la citada responsable cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto al otorgamiento de una pensión. En el presente asunto, como lo acredita la parte quejosa con copia original del acuse de la solicitud de la actualización de pensión del +++++, recibido en la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde solicitó la pensión por jubilación; del cual, se evidencia que a la emisión del presente fallo ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días, desde su ingreso; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de las autoridades responsables. En este orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: ? De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emitan una respuesta respecto de la solicitud de pensión por jubilación presentada por la parte quejosa y le notifiquen en el domicilio que proporcionó para tal efecto. Sin que el contenido o sentido de dicha determinación, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no basta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia todavía no trascurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco, ambas de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de mes y año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se suspendieron los plazos y términos; no obstante que el plazo para interponer recurso alguno transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 17 fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de ser conservable, ya que se otorgó el amparo solicitado.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- María del Rosario Torres Ramírez835/2021
- María del Rosario Valdés Pedraza1061/2021
- María del Socorro Guillermina Camacho1066/2015
- María del Socorro Hernández Hernández1478/2018
- María del Socorro López López1434/2023
- María del Socorro Luciana Sanabria Chavez1369/2018
- María del Socorro Praga Ayala146/2017
- Maria del Socorro Trejo Hernandez1252/2015
- María Delfina Ramírez Montoya247/2017
- María Delfina Ramírez Montoya215/2018
- María Dolores Aguilar Aguilar1692/2016
- María Dolores Bringas González923/2016