María del Socorro Ochoa Hernández
Expediente 680/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Socorro Ochoa Hernández
- Magistrada de la Segunda Sala Civil del STJE cd
- Cindy De la Cruz Cazares por si y rep. de discapacitada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Juez responsable informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, al que acompaña copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios que giró a diversas instituciones para la designación de un perito que lo auxilie a corroborar si María del Socorro Ochoa Hernández, cuenta o no con alguna discapacidad. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se tiene a la autoridad responsable informando los trámites que se encuentra realizando para acatar el fallo protector y queda a la espera de la remisión de constancias de cumplimiento que en su momento remita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad no vinculada acusa recibo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación signada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se recibió el oficio donde se le comunicó que causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada en los presentes autos. Asimismo, se le tiene a la autoridad oficiante acusando recibo de la devolución de los autos originales del toca número I-135/2023. Juez responsable informa trámites Por otra parte, visto el segundo escrito de cuenta que suscribe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, al que acompaña copia certificada del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, donde ordenó girar oficio a diversas instituciones para la designación de un perito que lo auxilie a corroborar si María del Socorro Ochoa Hernández, cuenta o no con alguna discapacidad; señalando las once horas del veinticuatro de noviembre de este año, para la audiencia de valoración respectiva y citando mediante notificación personal a la citada Ochoa Hernández y a la Agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado; con lo cual señala que se encuentra en vía sde cumplimentar la ejecutoria de amparo. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para acatar el fallo protector y queda a la espera de la remisión de constancias de cumplimiento que en su momento rinda el juez vinculado al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con fecha de engrose de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la que, por una parte, se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Cindy de la Luz Cazares, en cuanto Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y en representación de María del Socorro Ochoa Hernández; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvanse al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la documental consistente en el toca I-135/2023, que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE Tomando en consideración los efectos del fallo protector; requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre su cumplimiento, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable en cita, que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: ".Emita un acuerdo en el que ordene el desahogo oficioso de los medios de prueba que estime pertinentes a fin de corroborar si la quejosa María del Socorro Ochoa Hernández, cuanta o no con alguna discapacidad y sus implicaciones, esto es, si tiene capacidad de comprensión, decisión y ejercicio de sus derechos; y, hecho lo anterior, le requiera para que se manifieste, con el apoyo técnico o profesional que en su caso necesite, sobre su deseo de ser representada o no por la Ministerio Público adscrita al juzgado responsable Lo anterior a fin de determinar si es necesario que continúe bajo la representación de un tutor, su puede defender por sí misma sus derechos en el proceso sucesorio o bien si únicamente requiere de algún tipo de asistencia adicional." NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Por otro lado, tomando en consideración que al interior del Poder Judicial del Estado, no existen jerarquías orgánicas, sino fundamentalmente una distribución de funciones, no ha lugar a notificar a ninguno de los órganos del Poder Judicial del Estado para los efectos del artículo 194 de la Ley de Amparo. Por su contenido jurídico e ilustrativo se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 66, Tomo VII, Conflictos Competenciales, P.R., de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". AUTORIDAD SOLICITA INFORMACIÓN Finalmente, visto el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente auto en el que se determinó que la sentencia dictada en este juicio, causó ejecutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VII-680/2023, promovido por ********************como Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por sí y en representación de María del Socorro Ochoa Hernández (nombre correcto de la quejosa por la que se admitió la demanda de amparo, acorde a las constancias que obran en el tomo de pruebas), contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno en esa fecha a este Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Michoacán, ********************como Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por sí y en representación de ********************promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de garantías registrada bajo el número VII-680/2023; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de una incapaz se designó representante especial; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza civil provenientes de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción y competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Siendo así que del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: De la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca I-135/2023, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, como Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en contra del auto de veintidós de marzo pasado, mediante el cual se le dijo que se estuviera a lo acordado en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento sucesorio intestamentario 1239/2022, a bienes de J. Salud Ochoa Maravilla, en el que se determinó que la apelante no podía excusarse de ser tutora de Ma. Socorro Ochoa Hernández. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la omisión de implementar en el juicio sucesorio intestamentario 1239/2022, los principios básicos que rigen los derechos de las personas con discapacidad contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para procurar crear un entorno incluyente para el adecuado desenvolvimiento de María del Socorro Ochoa Hernández para la toma de decisiones autónomas en el expediente natural. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se advierte que niega la existencia de la omisión reclamada. Por tanto, dada la naturaleza del acto reclamado, es necesario precisar el concepto de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo. Esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, el cual haga previsible el actuar que no se llevó a cabo; pues, sin duda, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, porque existe una obligación que así lo indica. En síntesis, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley lo obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos, a saber: 1. Uno deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta por una norma jurídica, ya sea una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal), o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 2. Otro óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer, debe precisarse que para verificar la certeza de los actos omisivos es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encuentra constreñida a actuar en el sentido pretendido por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Enseguida, es necesario examinar si el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, conforme alguna norma jurídica, se encuentra obligado a actuar en el sentido indicado por la quejosa; es decir, si acorde con las facultades y obligaciones que ineludiblemente está constreñido a ejercer, tiene el deber de implementar en el juicio sucesorio 1239/2022 los principios contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar el acceso y toma de decisiones autónomas a favor de ********************dada su alegada condición de discapacidad. Para dilucidar esa cuestión, en principio debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se duele de que el citado juez responsable no ha actuado en el sentido que indica. Ahora bien, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue firmado por más de ochenta países, incluido México, el treinta de marzo de dos mil siete, y ratificado el veintisiete de septiembre de dos mil siete por el Senado de la República, entrando en vigor el tres de mayo de dos mil ocho. Dicha convención tiene como finalidad proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, eliminando todas las estructuras, barreras y prácticas sociales que limitan el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual establece principios que consolidan el modelo social basado en derechos, respeto a la dignidad inherente, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad con amplias dimensiones. México, al ratificar la Convención, se comprometió a seguir sus lineamientos y principios, a difundir su contenido, así como a reorientar sus políticas públicas y armonizar su legislación para que las personas con discapacidad disfruten plenamente sus derechos. Así, se tiene que los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponen: Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Artículo 13. Acceso a la justicia. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. De tal modo que, del marco jurídico es factible determinar que el juez responsable, en el ámbito de su respectiva competencia, como autoridad jurisdiccional que integra el Estado Mexicano obligado, tiene el deber de aplicar y respetar la citada convención para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, dentro de las cuales puede incluirse lo relativo a implementar medidas pertinentes y efectivas dentro de un procedimiento vinculado a su derecho a heredar, tendentes a respetar los derechos de tales personas y evitar así la violación a sus derechos; y, que pueden decidir autónomamente en tales procedimientos. En ese contexto, pese a que en su informe justificado el juez responsable haya negado la existencia de las omisiones reclamadas, dicha manifestación entraña una afirmación, esto es, que sí se han implementado o dictado las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de la quejosa incapaz en el procedimiento sucesorio intestamentario número 1239/2022; y, por tanto, dada la naturaleza del acto omisivo reclamado, corresponde a dicha autoridad probar su dicho, esto es, que ha cumplido con su obligación. A cuyo efecto remitió copia certificada de diversas documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, de dichos medios de prueba se advierte que, efectivamente, el análisis sobre la existencia del acto omisivo que se le atribuye al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se vincula estrechamente al análisis de fondo sobre la actuación de las responsables respecto de las medidas, ajustes razonables y/o apoyos decretados para equilibrar la situación de discapacidad de la quejosa. Ello es así ya que inicialmente se desconocía la calidad de incapaz de la quejosa, pero virtud a la certificación levantada el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la que la Secretaria adscrita al Juzgado responsable advirtió que María del Socorro Ochoa Hernández es una persona con capacidades especiales, ya que después de realizarle diversas preguntas advirtió que no se encontraba ubicada en tiempo y espacio, con lo que se dio cuenta al juez, por lo que únicamente se designó como tutora a Vanessa Melitza Cázarez Pahua, adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán; sin embargo, por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se le tuvo manifestando su imposibilidad para aceptar y protestar el cargo de tutora. En mérito de ello, una vez que se dio vista al albacea provisional de la sucesión, y atendiendo a su solicitud, se designó como tutora especial al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. No obstante, Rocelia Martínez Pérez, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a dicho juzgado, manifestó su impedimento para aceptar el cargo; sin embargo, en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés (foja 139 de autos), el juez responsable determinó que no había lugar a tenerla excusándose de ostentar el cargo de tutor, toda vez que una de las funciones de la institución que representa es la de salvaguardar y representar precisamente a los herederos incapaces que no tengan representación, por lo que se ordenó hacer de su conocimiento la obligación de desempeñar dicha representación, la cual surtiría efectos a partir de su notificación. Pese a ello, mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, ********************en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrita a dicho órgano jurisdiccional, insistió en su impedimento para ostentar el cargo de tutor, a lo que recayó el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le reiteró que debía estarse a lo acordado en auto de ocho de marzo del año en curso (foja 145 de autos) De dicha narrativa se evidencia que a partir de que el juez responsable tuvo conocimiento de que la quejosa directa es una persona con capacidades diferentes, se limitó a designarle un tutor que vele por sus intereses y que sea ajeno a la contienda, ante un posible conflicto de interés que pudiera existir dada la naturaleza del procedimiento que se ventila ante su potestad. Lo anterior sin decretar mayores medidas a efecto de dilucidar el grado de incapacidad de la quejosa a fin de determinar si es apta o no para tomar decisiones, si requiere de algún tipo de asistencia adicional o si era menester realizar ajustes razonables o apoyos, tomando en consideración los lineamientos precisados en distintos instrumentos legales que tiendan a garantizar los derechos de las personas con capacidades diferentes; por lo cual, quien suscribe estima que lo procedente es tener por cierto el acto que se le atribuye al juez de origen. Por otro lado, contra lo referido por el Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado en su pedimento, del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que también se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos previamente señalados. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcribirán los conceptos de violación, por las razones que así lo informa la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A fin de dilucidar el presente asunto se estima conveniente hacer relación de los antecedentes que se desprenden de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a saber: Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se tramita el procedimiento sucesorio intestamentario 1239/2022, a bienes de J. Salud Ochoa Maravilla, denunciado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós por la quejosa María del Socorro Ochoa Hernández y otros. Mediante certificación de veinte de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria adscrita al Juzgado responsable advirtió que María del Socorro Ochoa Hernández es una persona con capacidades especiales, ya que después de realizarle diversas preguntas advirtió que no se encontraba ubicada en tiempo y espacio (foja 128 de autos) En mérito de ello, a petición del albacea provisional de la sucesión (José Alfredo Ochoa Maravilla) el juez responsable designó como tutora a Vanessa Melitza Cázarez Pahua, adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán; sin embargo, por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se le tuvo manifestando su imposibilidad para aceptar y protestar el cargo de tutora, esencialmente porque la persona a representar era mayor de edad (foja 133 de autos). Una vez que se dio vista al albacea provisional de la sucesión, y atendiendo a su solicitud, el juez responsable designó como tutora especial al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial (foja 135 de autos). No obstante, Rocelia Martínez Pérez, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a dicho juzgado, manifestó su impedimento para aceptar el cargo, esencialmente, porque: No obra constancia o resolución que declare el estado de interdicción; Acorde al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, no puede fungir como tutora; Al encontrarse en la primera sección, el albacea podría tramitar jurisdicción voluntaria a favor de la persona con capacidades diferentes; y, Que ya existe una Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor del Sistema DIF Michoacán, donde se le podría designar al representante (foja 137 de autos). Sin embargo, en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el juez responsable determinó que no había lugar a tenerla excusándose de ostentar el cargo de tutor, toda vez que una de las funciones de la institución que representa es la de salvaguardar y representar precisamente a los herederos incapaces que no tengan representación y no se trataba de una adulta mayor, por lo que se ordenó hacer de su conocimiento la obligación de desempeñar dicha representación, la cual surtiría efectos a partir de su notificación (foja 139 de autos). Pese a ello, mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, ********************en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrita a dicho órgano jurisdiccional, insistió en su impedimento para ostentar el cargo de tutor virtud de la prohibición prevista en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; solicitó atender a la prelación que al efecto señala el artículo 511 del Código Familiar del Estado; y, girar oficio a la Dirección del Área de Asistencia Social perteneciente al DIF Municipal, para tal fin (foja 143 a 144 de autos). Siendo así que mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el juez responsable le reiteró que debía estarse a lo acordado en auto de ocho de marzo del año en curso (foja 145 de autos). Inconforme con dicha determinación, la representante social interpuso recurso de apelación (foja 33 a 35 del tomo de pruebas) en el que en esencia alegó: La falta de aplicación del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como del artículo 511 del Código Familiar del Estado, ya que en contestación al acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, al que se remitió el juez, oportunamente presentó su escrito de quince de marzo pasado, en el que expresó su imposibilidad para ostentar el cargo de tutor, de conformidad con dispuesto en dichos preceptos legales; Que solicitó girar oficio a la Dirección del Área de Asistencia Social del DIF Municipal, para que nombraran el representante relativo; y, Que al acordar su escrito remitiéndola al acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el juez dejó de tomar en consideración sus manifestaciones, limitándose a imponerle el cargo, sin fundar ni motivar su determinación. Mediante resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés (foja 51 a 56 del tomo de pruebas), la Magistrada responsable declaró inoperantes dichos agravios bajo las siguientes consideraciones: Que los agravios expresados por la recurrente no cuestionan el contenido del acuerdo apelado de veintidós de marzo pasado por razones intrínsecas o por vicios propios, sino que se dirigen a controvertir lo determinado por el juez de origen en el diverso de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se proveyó lo relativo a un diverso escrito presentado por la misma representación social -en ese momento a cargo de distinta profesionista-, para plantear las razones por las cuales la fiscalía estaba impedida para aceptar la designación de tutora, siendo que dichas manifestaciones habían sido desestimadas por el juez en el acuerdo de ocho de marzo pasado. Que las manifestaciones vertidas en los agravios pretendían combatir propiamente el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el cual no fue impugnado concretamente por la fiscalía; por lo que, al haber consentido dicha determinación se encontraba firme y surtiendo plenos efectos jurídicos, motivo por el cual el juez remitió a la apelante a dicho acuerdo en respuesta a sus ulteriores manifestaciones. Que la apelante ahora pretende inconformarse contra el auto de remisión de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, pero que en realidad sus alegaciones contravienen en el fondo lo determinado en auto de ocho de marzo de este año, razón por la cual resultan inatendibles. Siendo esta última resolución la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ACTO RECLAMADO A LA MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta infundado, aún suplido en su deficiencia, por los motivos que más adelante se expondrán. En ellos la promovente del amparo en esencia aduce que la magistrada responsable debió suplir la deficiencia de la queja a favor de la quejosa directa por tratarse de una persona con discapacidad; y, en consecuencia, analizar y dilucidar en apelación si la representación social está o no impedida para desempeñar el cargo de tutor, al margen de que el auto en el que el juez impuso tal cargo no hubiera sido impugnado formalmente. Como se adelantó, dicho concepto de violación es infundado, atento a las siguientes consideraciones: El orden jurídico nacional, así como diversos criterios jurisprudenciales claramente consignan el deber a cargo de los juzgadores de suplir la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, en especial a favor de los menores o incapacitados. De esta manera, cuando se trata de un asunto en el que está en riesgo el interés de un menor de edad o un incapaz, debe aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, pues ha de recordarse que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados. Luego, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de velar por su interés y bienestar sin atender las deficiencias en sus planteamientos, toda vez que aplicar las exigencias formales que en otra clase de asuntos y materias se tornan necesarias, implicaría desdeñar la voluntad del legislador que busca proteger los derechos de los menores de edad e incapaces y evitarles otra serie de perjuicios. Así se tiene que la suplencia de la queja, en tal hipótesis, ha sido motivo de abundantes estudios y atención por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diferentes integraciones, pues se han establecido suficientes criterios con el fin de destacar el imperativo a cargo de los juzgadores de ocuparse de los intereses de los menores e incapaces. Por lo que hace a los alcances de la suplencia de la queja en el caso de menores e incapaces, debe reiterarse que la institución fue estructurada no únicamente para proteger los derechos de familia, sino también para ser aplicada en todas las materias en las que sean parte los menores de edad o los incapaces, con independencia de los derechos que se cuestionen, como determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA." Tal criterio fue posteriormente adoptado por el Pleno de ese Alto Tribunal en la siguiente tesis de rubro: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA." De dichos criterios se desprende que no hay límites que se impongan a los juzgadores cuando se controviertan derechos de menores de edad o de incapacitados, sin que interese al efecto la naturaleza de los derechos en controversia ni el carácter de quien promueva, pues se ha visto que incluso el Poder Judicial Federal ha sido investido de facultades amplísimas para intervenir oficiosamente en esta clase de juicios, al grado de que pueden hacer valer los conceptos o razonamientos que en su opinión conduzcan a la verdad y a lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. No es determinante la materia que envuelve el problema en el caso, lo es el interés o bienestar del menor o del incapaz, como lo subrayó la desaparecida Tercera Sala del Máximo Tribunal Federal en las tesis que a continuación se citan: Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Informes Tomo: Informe 1977, Parte II Tesis: 172 Página: 149 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. En materia civil procede solamente la suplencia de la deficiencia de la queja cuando figuren como quejosos los menores de edad y los incapaces, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 76 de la Ley de Amparo. Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volúmenes: 169-174, Cuarta Parte Página: 145 MENORES, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS DE AMPARO QUE AFECTEN A LOS. La fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79, in fine, de la Ley de Amparo, previenen la intervención oficiosa de los Jueces de amparo en los juicios de garantías que puedan afectar derechos de menores e incapacitados; la exposición de motivos de los decretos de reformas a dichos preceptos, de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, publicados en el Diario Oficial de cuatro de diciembre del propio año, señala que el Poder Judicial de la Federación que conoce del amparo, además de la facultad de corrección de error en la cita del precepto o preceptos violados, tiene la de intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio conduzcan al esclarecimiento de la verdad. La intervención oficiosa de los Jueces Federales en los juicios de amparo promovidos contra actos que afectan los derechos de menores e incapacitados se encuentra plenamente establecida en ley, pero también dicho deber alcanza a cualquier autoridad jurisdiccional, como sostuvo la referida Tercera Sala en la siguiente tesis aislada: Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volúmenes: 169-174, Cuarta Parte Página: 144 MENORES O INCAPACITADOS, DERECHOS DE. TODA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 78 de la Ley de Amparo debe interpretarse como una obligación no sólo de los Jueces Federales al conocer de la primera instancia del juicio de amparo, sino también de cualquier autoridad jurisdiccional para allegarse de oficio las pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en juego derechos de menores o incapacitados, pues en ese caso, la sociedad y el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos supliendo la deficiencia de la queja para disminuir la natural desventaja en que los menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de carácter privado, son derechos privados de interés público debido al interés que la sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio en que sean parte; de suerte que, en esos casos, el aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia de la queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad jurisdiccional que conozca del juicio en que éstos se controviertan. Luego, no hay motivo que excuse a los órganos jurisdiccionales de suplir la deficiencia de la queja en asuntos que pongan en entredicho o en riesgo los derechos de un menor de edad o incapaz, ya sea en primera o segunda instancia, tal como lo señala la misma Sala en el criterio siguiente: Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volúmenes: 175-180, Cuarta Parte Página: 178 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. LOS JUECES DE PRIMER GRADO Y LOS DE SEGUNDO DEBEN REALIZARLA EN ASUNTOS EN LOS QUE SE CONTROVIERTEN DERECHOS DE UN MENOR. Del estudio sistemático de los artículos 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución, 76, párrafo cuarto, 78, párrafo tercero, y 79 de la Ley de Amparo, se infiere que la obligación de suplir la deficiencia de la queja y aportar de oficio las pruebas que se estimen pertinentes, cuando se reclaman actos que afecten derechos de menores o incapaces, así como cuando estos figuren como quejosos, se encuentra dirigida directamente a las autoridades jurisdiccionales que conocen de esa materia en juicio ordinario y en los recursos procedentes, pues además de que en el juicio de amparo el acto reclamado debe examinarse tal y como aparezca probado ante la responsable, lo que impide que en él se recaben nuevas pruebas, las normas de la Ley de Amparo, no sólo son reglamentarias de los artículos 103 y 107 constitucionales, sino de todas las garantías individuales y, por lo mismo, son de superior jerarquía de las disposiciones de los Códigos de Procedimientos del Distrito y de las entidades federativas, debiendo acatarse preferentemente sus preceptos. Esta breve reseña histórica de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da cuenta de la importancia que se le ha dado a la suplencia de la deficiencia de la queja cuando están de por medio, directa o indirectamente, derechos de menores de edad o incapaces, es decir, cuando son ellos los que promueven a su nombre, si bien por conducto de sus representantes legales, o bien, cuando son sus padres o cualquiera con interés propio son quienes lo hacen. Haciendo una recapitulación de lo hasta aquí expuesto en torno de la institución de la suplencia de la queja, puede destacarse que cuando estén en riesgo de afectarse derechos de menores de edad o de incapaces: Procede la suplencia de la queja a pesar de la inoperancia de los conceptos de violación o de los agravios que adviertan los juzgadores, ya sea en primera o en segunda instancia. La suplencia de la queja deficiente no está limitada a los derechos de familia, sino debe aplicarse en todos los asuntos en que sean parte menores de edad o incapaces, con independencia de los derechos que se cuestionen, así como en aquellos casos en que no siendo partes se ventilen asuntos como los relativos a la patria potestad y a la guarda y custodia en los que la decisión que se tome necesariamente afectará a los menores. Los juzgadores están investidos de amplias facultades para hacer valer los conceptos o razones que en su opinión conduzcan a la verdad y, por ende, al bienestar de los menores de edad o incapaces. La obligación de suplir la queja deficiente está dirigida a todas las autoridades jurisdiccionales que conozcan del problema en juicio ordinario y en los recursos procedentes. Opera la suplencia de la queja por ser de importancia y trascendencia sociales dichas controversias, es decir, por ser de interés de la sociedad y del Estado proteger los derechos de los menores de edad y de los incapaces. En esa tesitura, considerando todo lo antes recapitulado, válidamente puede colegirse que la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, sino que debe ser total o transversal. En este orden de ideas, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, los juzgadores tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, atendiendo que el ámbito de esta suplencia se inicia desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, todos los actos que integran el desarrollo del juicio, que es lo que teleológicamente persiguen las normas que se relacionan con dicha temática; sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a los menores y a los incapaces, corresponde a la sociedad en su conjunto para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Asimismo, conviene precisar que la suplencia de la queja, no se constriñe a una sola instancia ni a conceptos de violación y agravios, sino que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios en segunda instancia, respectivamente, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en esencia una suplencia total en todos los actos dentro del juicio desde el escrito inicial de demanda hasta la ejecución de sentencia que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Por tanto, técnicamente resulta absurdo entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple puesto que para determinar si procede la suplencia tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir realizando el análisis correspondiente. En ese mismo sentido, el artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, prevé tal suplencia a favor de los incapaces en apelación. Empero, si bien la suplencia de la queja opera respecto de las cuestiones señaladas, ello no implica que se pueda variar la Litis; es decir, el juzgador no puede introducir cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario o recurso. Así se tiene que, si en el caso particular, la materia del recurso de apelación lo es el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, era menester que la apelante combatiera oportunamente y con propiedad dicho auto, ya que la Litis del recurso se centraba en dicha determinación y no así la diversa de ocho de marzo de dos mil veintitrés, pues como bien lo determinó la magistrada responsable, al no haber sido impugnado el acuerdo inmediato anterior este gozaba de firmeza. De tal modo que, si el auto de ocho de marzo pasado, fue consentido por no haber sido impugnado oportunamente, el hecho de que la quejosa presentara un diverso escrito de idéntico contenido esencial, al cual recayó el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que la remitía al primero, ello no implica de modo alguno que su derecho para controvertir la primera determinación, en la que se le designó el cargo de tutor, hubiera resurgido, cuando era evidente que su derecho para controvertir tal designación había precluído. A fin de evidenciar lo anterior debe partirse de la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a la preclusión en el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV, abril de 2002 Tesis: 1a./J. 21/2002 Página: 314 PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Esto es así, porque el presente estudio debe partir de la premisa de que ha existido un primer auto (ocho de marzo de dos mil veintidós) emitido por el juez responsable en el juicio respectivo, y que ese primer acuerdo no fue recurrido en su momento vía apelación. De tal modo que esa determinación quedó firme y, por tanto, la autoridad carece de facultades para modificarla al haber causado estado y quedado firme. Ahora bien, el hecho de que el acuerdo subsecuente de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que remite al anterior (ocho de marzo pasado) que se encuentra firme, propicie la preclusión, obedece simplemente a la seguridad jurídica de las partes en el juicio. Luego, si la Litis de recurso se centra en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, operará la suplencia de la queja para abordar el análisis del contenido de dicho acuerdo, no así para emprender el estudio de un acuerdo anterior que está firme. De este modo se tiene que correctamente la magistrada declaró inoperantes los agravios, ya que las cuestiones propuestas por la quejosa no atacaban el contenido del acuerdo materia de la Litis en apelación, esto es, el de veintidós de marzo pasado, ello sin que hubiera alguna otra advertida por el órgano juzgador que le permitiera suplir la deficiencia de la queja, ello sin ocuparse de otras que, lejos de combatir el auto recurrido, rebatían el contenido del diverso de ocho de marzo de dos mil veintitrés, respecto del cual, al haber quedado firme por no haber sido impugnado oportunamente, había precluído el derecho de la apelante, aquí quejosa, para hacerlas valer con posterioridad. Es decir, al margen de que la parte quejosa tenga la calidad de persona con discapacidad, tenía la obligación procesal de interponer oportunamente el recurso de apelación en el que hiciera valer todas las violaciones que a su juicio estime fueron cometidas por el juez responsable al momento de emitir el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, pues al no hacerlo así se estima que la propia quejosa lo consintió y, por tanto, no podía alegarlas en el recurso que posteriormente interpuso contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que la remitió al contenido del anterior, dado que no forman parte de la Litis por haber quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivada precisamente del consentimiento de la quejosa respecto de esas violaciones no impugnadas. De ahí que, pese a que en el caso operaba la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la incapaz, la magistrada responsable estaba impedida para atender razonamientos vía agravio que controvertían cuestiones ajenas al acuerdo recurrido de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, y menos aún abordar el estudio del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, que se encuentra firme. De tal modo que si dichas violaciones fueron consentidas por la quejosa, resulta correcta la determinación de la magistrada de declarar inoperantes los agravios, sin que hubiera deficiencia de la queja que suplir. Ello es así, ya que la suplencia de la queja deficiente, tiene como premisa fundamental el hecho de que la deficiencia de que se habla sea advertida, derivado de un examen cuidadoso del juicio ordinario que haga patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso; sin embargo, si la autoridad no advierte la deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por la parte quejosa, ello no puede dar lugar a alterar los principios jurídicos ya analizados, respecto de las violaciones consentidas, pues ello redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales, en cuya virtud los respectivos agravios son inoperantes, como ya ha quedado de manifiesto. Al margen de lo anterior este, Juzgado Federal tampoco advierte que la reiteración del pronunciamiento realizado por el juez responsable para corroborar la representación asignada a la aquí quejosa sea contraria a su esfera jurídica, pues dada la condición observada por el juzgado de primer grado, en principio, y hasta en tanto se determine si ostenta o no alguna discapacidad, en qué grado, y se cuestione a la quejosa María del Socorro Ochoa Hernández sobre su deseo de contar con tal representante, fue correcto que se le asignara una representación en el juicio para defender sus intereses y en atención a sus condiciones especiales y diferentes. En tanto que si bien el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán le impide fungir como tutor y curador, tal prohibición debe entenderla en el sentido que del propio texto de la norma se advierte, esto es, que tal impedimento lo es para ejercer la abogacía en asuntos particulares y/o diversos a los que concierne el ejercicio de su representación social. De ahí que si se encontraba adscrita al juzgado responsable, cuando se le nombró, y aún no se determina con certeza si la quejosa tiene o no el carácter de persona con capacidades diferentes, por el momento fue correcta su designación. Por otro lado, la determinación del tutor definitivo podrá ser objeto de la resolución que se dicte en su momento durante la sucesión, atendiendo en su caso a lo que prevé el artículo 511 del Código Familiar del Estado, ello como lo señalan los artículos 41, 992 y 1001 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Luego, ante lo infundado del concepto de violación aducido por la quejosa, sin que el juzgador advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional instada por ********************como Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por sí y en representación de ********************contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO DEL ACTO RECLAMADO AL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, atento a los siguientes razonamientos. En dicho concepto de violación la parte quejosa aduce que el juez responsable no implementó los principios básicos que rigen los derechos de las personas con discapacidad, tales como la dignidad, autonomía individual, libertad, respeto y accesibilidad universal. En principio se estima necesario exponer los siguientes conceptos trascendentales y temas torales para abordar el análisis de las omisiones que se atribuyen al juez de origen. Estado de discapacidad y acceso a la justicia. El concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, de tal forma que actualmente se considera que es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno, es decir, las barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Por lo tanto, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con discapacidad. De acuerdo con el modelo social, las discapacidades no deben ser entendidas como una enfermedad -como se concibió en el modelo médico-, pues esta afirmación comporta grandes implicaciones en el modo de concebir y regular temas atinentes a la discapacidad y, a su vez, tiene consecuencias profundas en el ámbito jurídico. Así, la discapacidad es una situación de hecho que limita la posibilidad real de las personas de ejercer sus derechos de manera plena, sin que necesariamente implique una limitación formal a su capacidad de ejercicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2021571 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: I.3o.C.111 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2307 Tipo: Aislada DISCAPACIDAD. SUS ELEMENTOS. La discapacidad está conformada por tres elementos, a saber: a) una diversidad funcional; b) el entorno o contexto que rodea a la persona con diversidad funcional; y, c) la interacción de ambos elementos [a) y b)], que trae como resultado que la persona con discapacidad participe plenamente en la sociedad; sin embargo, cuando existe sólo una diversidad funcional, no se está en presencia de una discapacidad, por falta de los otros elementos. En ese sentido, conforme al artículo 2 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no toda discapacidad afecta con la misma intensidad a la persona que tiene esa condición, que repercute de manera distinta en el desarrollo de sus actividades y que varía dependiendo del ámbito de sus actividades laborales u ordinarias, en tanto que pueden influir en una u otra función de la persona, y hasta concurrir varias en un mismo individuo a la vez que pueden desfavorecerle. En consecuencia, si bien en un inicio las personas con discapacidad pueden estar consideradas preliminarmente dentro de un mismo grupo de individuos con una disminución física, sensorial o psíquica, lo cierto es que a partir del tipo de deficiencia que les distinga es que pueden subdividirse, en tanto que el desarrollo de sus actividades en los distintos ámbitos de su vida se verá influenciada de diferente forma, y hasta será ubicado de una u otra manera dentro del entorno social, ya sea, por ejemplo, mediante acciones positivas o desde un aspecto de facto negativo. Ahora bien, respecto al acceso a la justicia de personas con discapacidad, opera el principio de accesibilidad, el cual orienta en el sentido de que las y los juzgadores, durante la tramitación de los juicios en que se vean involucradas las personas con discapacidad y en todas sus etapas, les garanticen su accesibilidad al entorno físico, a las comunicaciones y a la información, así como a las tecnologías de la información y las comunicaciones, eliminando no solo las barreras de tipo físico, sino también las actitudinales o hasta las legales que se pudiera presentar. Para ello, se recomienda atender a los diversos tipos de discapacidad que existen, y de esa forma determinar las acciones que tendrán que instrumentarse para respetar el derecho a la accesibilidad, en su vínculo con el derecho de acceso a la justicia, lo que implica realizar ajustes razonables en los procedimientos judiciales en los que se encuentren involucradas personas con alguna condición de discapacidad. De conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto, del artículo 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por "ajustes razonables" se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Con relación a esa definición aportada por la Convención acerca del término "ajustes razonables", el protocolo aludido señala que no deben ser una carga desproporcionada o indebida para el sujeto que se encuentra obligado a realizarlos, pues de lo contrario se considerará que esos cambios o modificaciones no están justificados y, por lo tanto, no deben llevarse a cabo. Asimismo, precisa que la doctrina sobre el tema señala que la obligación de llevar a cabo o no los ajustes dependerá del análisis que se haga en cada caso en concreto, debiendo tomar en cuenta, entre otros factores, los costos de la medida a realizar, el tamaño de la entidad que la debe poner en práctica y su situación financiera, la posibilidad de obtener algún tipo de apoyo o subvención para la realización de la modificación, la afectación de algún modo al resto de personas que no se beneficiarán con la medida, así como los efectos discriminatorios que pudieran resultar para la persona con discapacidad, en caso de su no adopción. En relación con este último elemento, resalta el relativo a los efectos discriminatorios que pudiera tener para la persona con discapacidad el que no se lleve a cabo un ajuste razonable a su favor, toda vez que se considera que éste debe ser el principal factor a tomarse en cuenta para la determinación de si se está o no ante una obligación de este tipo, ya que no se debe olvidar que en todo caso, sea cual sea el motivo o argumento empleado para no llevarlo a cabo, el efecto de su omisión implicaría una discriminación indirecta. En razón de ello, se propone que en tales casos debe arribarse a una solución que, sin afectar de una manera gravosa a la parte obligada (y tomando debidamente en cuenta su situación particular), efectivamente se cumpla con la adecuación "necesaria" para que las personas con discapacidad puedan gozar del entorno, los servicios, y del ejercicio de derechos como lo haría cualquier otra persona sin discapacidad. Ahora, en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, en su capítulo II, intitulado "Principios generales para la consideración de las y los juzgadores", se aborda el principio de igualdad y no discriminación. Al respecto, sugiere la aplicación de la "perspectiva de la discapacidad", conforme a la cual se recomienda realizar ajustes razonables de manera ponderada ".poniendo de relieve la afectación que sufriría la persona con discapacidad en su derecho de acceso a la justicia, en caso de no llevarse a cabo el ajuste requerido". Además, precisa que la aplicación de los ajustes razonables y, en general, del principio de igualdad y no discriminación de personas con discapacidad, aplica no sólo para las diversas etapas en que puede dividirse un determinado proceso, sino también para el caso de la resolución del mismo y en las etapas preparatorias, ya sea que restituya en el ejercicio de un derecho a la persona con discapacidad, o bien, la condene, pues se recomienda que en ambos tipos de resoluciones se consideren los obstáculos a los que se pueden enfrentar las personas con discapacidad y, por lo tanto, las medidas contra la discriminación o los ajustes que tendrían que implementarse. Dicha perspectiva, entonces, incluye suplir la deficiencia de los argumentos planteados por las partes, aun cuando, por su naturaleza, el asunto no lo permita, pues como resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, la contradicción tesis 106/2004, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil cinco, con relación a los alcances de la suplencia de la queja, ésta: - Opera cuando estén en riesgo de afectarse derechos de menores de edad o de incapaces. - La suplencia de la queja deficiente no está limitada a los derechos de familia, sino debe aplicarse en todos los asuntos en que sean parte menores de edad o incapaces, con independencia de los derechos que se cuestionen, así como en aquellos casos en que no siendo partes se ventilen asuntos como los relativos a la patria potestad y a la guarda y custodia, en los que la decisión que se tome necesariamente los afectará. - El Poder Judicial Federal está investido de amplias facultades para hacer valer los conceptos o razones que en su opinión conduzcan a la verdad y por ende al bienestar de los menores de edad o incapaces. - La obligación de suplir la queja deficiente está dirigida a todas las autoridades jurisdiccionales que conozcan del problema en juicio ordinario y en los recursos procedentes. - Opera la suplencia de la queja por ser de importancia y trascendencia sociales dichas controversias, es decir, por ser de interés de la sociedad y del Estado proteger los derechos de los menores de edad y de los incapaces. En ese contexto, la suplencia de la queja es una figura jurídica útil para proteger a las personas con discapacidad, al permitir el equilibrio procesal, lo cual asegura un acceso a la justicia y el debido proceso a las personas vulnerables, aun cuando actúen por conducto de representante legal o tutor, pues la suplencia opera en toda su amplitud. Es así, porque obliga a los juzgadores a considerar argumentos no propuestos por las partes, o bien, a subsanar las irregularidades de sus planteamientos, a fin de minimizar los rigorismos de los procedimientos jurisdiccionales con la pretensión esencial de aminorar las desventajas procesales, haciendo especial énfasis en los grupos en condición de vulnerabilidad. Lo expuesto revela que la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de personas con discapacidad rige en toda su amplitud, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, sino que debe ser total en el ámbito jurisdiccional, aun cuando actúen por conducto de representante legal o tutor, pues, como se dijo, la suplencia opera en toda su amplitud. Ahora bien, como se adelantó, en el presente caso, la quejosa directa es una persona adulta, respecto de quien hasta ahora no se tiene pleno conocimiento de que haya sido declarada en estado de interdicción; y que de conformidad con las constancias, compareció ante el juez de origen a una diligencia formal, acto en el que la secretaria se percató de que se trataba de una persona con capacidades diferentes al advertir que no estaba orientada en tiempo y lugar, motivo por el cual fue puesta en tutela de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Ahora, no obstante que con la respectiva designación se pretende que, por el momento, exista una persona que salvaguarde los derechos de la quejosa directa, quien resuelve estima que dicha acción del juzgador fue insuficiente y limitada, con lo que se apartó de la perspectiva de discapacidad, contrariando así lo dispuesto por artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 13 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, vulnerando el derecho de la quejosa de acceso a la justicia. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha expresado, en diversos precedentes, que en el modelo social de discapacidad la prioridad es la dignidad de las personas con capacidades diferentes. El instrumento jurídico que se considera como el paradigma normativo del modelo social y de derechos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la aprobación de este instrumento se abandonó la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas asistenciales o programas de beneficencia y se reconoció su personalidad, capacidad jurídica y condición como sujeto de derechos. Por lo tanto, todo ordenamiento jurídico debe reconocer, en todo momento, que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. Desde esta perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad, pues nos encontramos ante una nueva realidad constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica, para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación. En ese sentido, se advierte que el juez de origen no aplicó una perspectiva de discapacidad al momento de estudiar el asunto que se plantea en esta instancia, pues, como se dijo, ese parámetro debe ser aplicado por todas las autoridades jurisdiccionales cuando se encuentren en juego derechos de personas incapaces, buscando la resolución en la que éstos obtengan la protección de todos y cada uno de sus derechos de forma equilibrada y en el mismo plano que todos los demás, incluso llevando a cabo ajustes razonables en el procedimiento, ponderando los efectos que resentiría el incapaz involucrado en caso de no llevar a cabo dicho ajuste. Se considera así, ya que el actuar del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial atendió únicamente a lo certificado por la Secretaria de su adscripción y, con base en ello, procedió a designar un tutor para la quejosa directa. Esto sin adoptar diversas medidas, incluso de manera previa o bien en suplencia de la queja ante lo expresado por la representante social designada como tutora, es decir, debió asumir o recabar oficiosamente las pruebas necesarias para verificar la condición, el grado de discapacidad de ********************a fin de determinar si era factible o no que por sí misma tomara decisiones acorde a sus intereses; o, si únicamente requería de alguna asistencia u orientación técnica, jurídica y/o psicológica para comprender las implicaciones del proceso jurisdiccional que se ventila. Tampoco requirió a la quejosa para que manifestara expresamente su deseo de continuar con la representación de la Ministerio Público nombrada al efecto. De tal modo que, al desconocerse dichas circunstancias virtud a que el juez omitió adoptar las medidas necesarias para verificarlas, no ponderó los daños que podría sufrir la quejosa. Siendo que ante la presunción o posibilidad de tratarse de una persona con capacidades diferentes, virtud a lo advertido por la Secretaria de su adscripción, no pueden darse las mismas respuestas jurídicas que en juicio ordinario, sino que se precisa una interpretación en clave de Derechos Humanos, que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, debe tenerse presente la finalidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa. En ese sentido, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial no tomó en consideración, entre otras cosas: Que debía cerciorarse del estado de incapacidad de la quejosa directa; Del grado de incapacidad; Requerirle para que manifestara sobre la continuación o no, en su representación, de la Ministerio Público nombrada al efecto; o, si la quejosa podía o no ejercer por sí misma sus derechos de manera independiente; Si requería de algún tipo de asistencia o apoyo y si este debía ser total, parcial o meramente informativo, a fin de que comprendiera la naturaleza del procedimiento que se sigue y la forma en la que pueden verse afectados sus derechos hereditarios. Por lo cual, era necesario que el juez de origen contemplara el asunto con una mayor perspectiva de discapacidad, es decir, analizando todos aquellos factores y llevando a cabo ajustes razonables, a efecto de realizar una ponderación con perspectiva de discapacidad. Pues lo cierto es que ante la posibilidad de que la quejosa directa tenga capacidades diferentes debió ponderar la posibilidad de que aquélla goce de capacidad de ejercicio o hasta qué grado es capaz de hacerlo, requiriéndole para que manifestara su voluntad para continuar con la labor de la representante, es decir, si indirectamente su designación pudiera afectar un derecho sustantivo de la persona que tiene bajo su cuidado. Lo anterior de ninguna manera implica que la designación de tutor haya sido, de inicio, errónea, sino que el juez de origen, adicional a ello, debió aplicar una mayor perspectiva haciendo los ajustes necesarios a efecto de proteger la integridad, dignidad e independencia de la persona que considera vulnerable virtud a una discapacidad, pues ésta debe convertirse en el centro de la acción intentada. Lo anterior acorde a la jurisprudencia citada por la parte quejosa en su demanda y que a continuación se transcribe: Registro digital: 2025639 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil, Constitucional Tesis: 1a./J. 164/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 855 Tipo: Jurisprudencia DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE ESPECIAL NO ES ARMONIZABLE CON LA CONVENCIÓN, AL VULNERAR EL DERECHO A TOMAR LAS PROPIAS DECISIONES Y A UNA VIDA INDEPENDIENTE. Hechos: Una mujer y sus dos hijas, en un juicio oral familiar, demandaron del esposo y padre, respectivamente, diversas prestaciones del orden familiar. En contra de la sentencia de primera instancia únicamente las actoras interpusieron recurso de apelación. Al ser condenado en ambas instancias, el demandado -una persona con discapacidad física (motriz en específico)- promovió juicio de amparo directo, el cual le fue concedido por el Tribunal Colegiado de Circuito para el efecto de reponer el procedimiento hasta la audiencia preliminar, para que el quejoso decidiera si requería el nombramiento de un representante especial, dada su condición de discapacidad física y motriz, y su falta de interposición del recurso de apelación. Inconformes, las terceras interesadas (parte actora en el juicio ordinario) interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: A juicio de esta Primera Sala, el nombramiento de un representante especial por parte de la persona juzgadora no es armonizable con el modelo social y de derechos humanos establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues representa un modelo que se basa en la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, el cual vulnera el derecho a tomar las propias decisiones y el derecho a una vida independiente. Por tanto, resulta más acorde con la Convención el establecimiento de un sistema de apoyos, si así lo quiere la persona con discapacidad involucrada, que respete su voluntad y preferencias. Justificación: Esta Sala ya ha expresado en precedentes que el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad conlleva tener libertad de elección, así como capacidad de control sobre las decisiones que afectan a la propia vida. Por tanto, ello comporta que dichas personas cuenten con todos los medios necesarios para que puedan tener opciones, ejercer el control sobre sus vidas y adoptar todas las decisiones que las afecten. Ahora bien, una de las barreras para ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, ya sea mediante leyes y prácticas oficiales o de facto por la sustitución en la adopción de decisiones sobre los sistemas de vida. Ciertamente, la perspectiva de discapacidad exige a las personas juzgadoras el análisis de los casos desde un enfoque en clave de derechos humanos, tanto a la hora de interpretar el derecho, como al momento de aplicarlo, para eliminar las barreras que reproduce el sistema de justicia y hacer operativa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el nombramiento de un representante especial por parte de la persona juzgadora no es armonizable con la Convención, pues implica un modelo que se basa en la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. En este sentido, resulta más acorde con el modelo social y de derechos humanos establecido en la Convención optar por un sistema de apoyos no sustitutivo de la voluntad -en caso de que la persona involucrada lo quiera-, siempre respetando la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad involucrada. De igual forma sirve de apoyo la diversa tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 2018615 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CXLV/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 294 Tipo: Aislada DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN MODO DE SALVAGUARDARLO. En todas aquellas actuaciones o decisiones de los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la aplicación e interpretación de las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad deben tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma objeto de interpretación puede tener una dicción que, aunque no restrinja abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no contemplar la diversidad funcional. En estos supuestos es especialmente importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera Sala advierte enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera releva a las autoridades de la obligación de cumplir con las formalidades del procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir lo contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña también un quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 13 de la Convención en relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre otros aspectos, impide que puedan defender sus derechos ante los tribunales. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, realice lo siguiente: Emita un acuerdo en el que ordene el desahogo oficioso de los medios de prueba que estime pertinentes a fin de corroborar si la quejosa ********************cuenta o no con alguna discapacidad, el grado de dicha discapacidad y sus implicaciones, esto es, si tiene capacidad de comprensión, decisión y ejercicio de sus derechos; y, hecho lo anterior, le requiera para que se manifieste, con el apoyo técnico o profesional que en su caso necesite, sobre su deseo de ser representada o no por la Ministerio Público adscrita al juzgado responsable. Lo anterior a fin de determinar si es necesario que continúe bajo la representación de un tutor, si puede defender por sí misma sus derechos en el proceso sucesorio o bien si únicamente requiere de algún tipo de asistencia adicional. Finalmente, dado el sentido del presente fallo resulta innecesario pronunciarse sobre los alegatos de la asesora jurídica, máxime que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************como Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por sí y en representación de ********************contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en considerando respectivo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************como Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por sí y en representación de ********************contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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