María del Socorro Mendoza Ruvalcaba
Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- María del Socorro Mendoza Ruvalcaba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En mérito de lo anterior se cumplió la ejecutoria emitida en este juicio constitucional, por lo que en términos del artículo 196 de la ley reglamentaria en consulta téngase por cumplida la sentencia de amparo, y en su oportunidad archívense los autos.
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta que suscribe el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del XXX. Con el contenido de dichos oficios y anexos respectivos, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso se hagan, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio de garantías, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Intégrese el escrito de cuenta de la quejosa ***********, y como lo solicita, envíese copia del escrito y anexo al Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, para que esté en posibilidad de agilizar el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta del Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, y por cuanto a lo que solicita, dígasele que se esté a lo antes acordado.
- Principal
Durango, Durango, a nueve de julio de dos mil diecinueve. De la certificación que antecede se advierte que a las partes les ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos. Luego, como en la sentencia ejecutoria dictada en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy amparista Maria del Carmen Mendoza Ruvalcaba para el efecto de que no se le apliquen en lo presente ni en lo futuro los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, así como para que se le devuelvan las cantidades que pago con motivo del impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, contenido en los recibos oficiales que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango le expidió con los números de transacción 2019-547796, 2019-547814 y 2019-547830; por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y AL DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE RENTAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, para que procedan a dar cumplimiento al referido fallo protector de garantías, e informen sobre el particular a este juzgado, en un término de tres días, debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que se acredite ese extremo. Apercíbaseles que en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 192 referido y en el diverso 258 del ordenamiento legal en cita, se les impondrá, a cada uno multa por la cantidad de $8,449.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a cien días respecto del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, a razón de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, que se considera prudente para que den cumplimiento a esta determinación, asimismo se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad, para tramitar el incidente de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante las autoridades competentes. Por las razones antes apuntadas, no procede requerir al Congreso del Estado de Durango y al Gobernador Constitucional del Estado de Durango por el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, pues como se dijo, éste atañe a las autoridades precisadas anteriormente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos catorce, Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo."
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