Maria del Socorro Martínez Vieyra
Expediente 995/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria del Socorro Martínez Vieyra
- Pablo Sanchez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 995/2021-IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de garantías que dio origen al presente asunto; auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que se admitió la demanda solo respecto de los quejosos María del Socorro Martínez Vieyra, Víctor Manuel Corrales Godínez, Pablo Sánchez Martínez, Flavio López Lozada, Miguel Pulido, José Moisés Luna Rivera, Luis Alfonso González Miranda, Adriana Castro Cuevas, María Rebeca Negrete Vargas, Ricardo López Martínez y Patricia Castillo Ramírez; constancias de notificación a la partes; informes justificados, las pruebas, y proveídos en que se acordó lo conducente. Además, el Secretario certifica que transcurrió para Antonio Palma Juárez y Rodolfo Cuervo Rodríguez el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra de los acuerdos de veintisiete de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de garantías, respecto del primero, y se tuvo por no presentada en relación con el segundo, en razón de que de los mencionados acuerdos se notificaron el tres y veintisiete de noviembre del año próximo pasado, respectivamente, por lo que de conformidad con el artículo 31 fracción II, de la ley citada, dichas notificaciones surtieron efectos el cuatro y treinta de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, y el plazo de mérito transcurrió para el primero del cinco al once de noviembre pasado, sin contar los días siete y ocho de dicho mes y año, por ser inhábiles; y, respecto del segundo, transcurrió del uno al cuatro de diciembre de dos mil veinte y el dos de marzo de dos mil veintiuno, día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de dieciocho de febrero del presente año, en que se reanudaron los plazos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, atento a lo certificado, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales se declara que han causado estado los autos por los que se desechó y se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, promovida por Antonio Palma Juárez y Rodolfo Cuervo Rodríguez, por propio derecho, respectivamente. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes; además, en términos de la diligencia practicada el tres de marzo de dos mil veintiuno, la prueba de inspección judicial ofrecida por los quejosos. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por desierto el periodo de alegatos. Sin existir pruebas, diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, se tiene por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 995/2021-IV, promovido por María del Socorro Martínez Vieyra y otros, por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de otras autoridades; y, RESULTANDO. PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido en ese Juzgado Sexto de Distrito en la materia y jurisdicción indicados, María del Socorro Martínez Vieyra y otros, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS. Además, mediante escrito aclaratorio, los quejosos señalaron lo siguiente: SEGUNDO. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 39 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 995/2020-IV, se desechó respecto de Antonio Palma Juárez, por su manifiesta y notoria improcedencia, y se previno al resto de los promoventes para que la aclaran en los términos ahí indicados. TERCERO. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no interpuesta respecto de Rodolfo Cuervo Rodríguez, admitiéndose solo por cuanto hace a María del Socorro Martínez Vieyra, Víctor Manuel Corrales Godínez, Pablo Sánchez Martínez, Flavio López Lozada, Miguel Pulido, José Moisés Luna Rivera, Luis Alfonso González Miranda, Adriana Castro Cuevas, María Rebeca Negrete Vargas, Ricardo López Martínez y Patricia Castillo Ramírez; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento inició en términos del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 37 y 107, fracciones IV de la Ley de Amparo; 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos de autoridades administrativas con residencia en la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. Dicho criterio es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."(Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) La jurisprudencia transcrita señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado el acceso a la justicia. En el presente caso, de la lectura integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que los actos reclamados son: 1. La construcción y operación de un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía Benito Juárez y que transitará sobre la calle Rubén M. Campos en desde su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles. 2. Cualquier orden para realizar o ejecutar una construcción y/u operación de un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía Benito Juárez y que transitará sobre la calle Rubén M. Campos en desde su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, incluyendo la orden de destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. 3. Cualquier acuerdo dictado por cualquiera de las autoridades señaladas como responsables, así como de cualquier contrato, convenio o de cualquier otra naturaleza celebrado entre dichas autoridades con cualquier dependencia del Gobierno Federal o de la Ciudad de México u otra persona moral oficial o particular que implique cualquier proyecto y obra de construcción u operación que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar relativo a un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía Benito Juárez y que transitará sobre la calle Rubén M. Campos en desde su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, incluyendo la orden de destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. 4. La autorización de la erogación de presupuesto, trámites administrativos y financieros y el manejo ineficaz del mismo para realizar cualquier proyecto y obra de construcción que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar relativo a un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía Benito Juárez y que transitará sobre la calle Rubén M. Campos en desde su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, incluyendo la orden de destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. 5. La omisión de realizar un proceso de consulta vecinal para la realización de cualquier proyecto u obra construcción relativo a un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía Benito Juárez y que transitará sobre la calle Rubén M. Campos en desde su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, incluyendo la orden de destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. 6. Falta de información y difusión para realizar un proceso de consulta de consulta vecinal para la realización de cualquier proyecto u obra construcción relativo a un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía Benito Juárez y que transitará sobre la calle Rubén M. Campos en desde su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jefa de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Movilidad y Director General del Servicio de Transportes Eléctricos, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; además, los quejosos no aportaron pruebas en contrario que desvirtúen tales negativas. Asimismo, de las propias manifestaciones de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se desprende que, en el lugar ya existía una estación del trolebús identificada con el número 02040, la cual, si bien, según manifestaron no se encontraba en operación, en cualquier momento podría ser rehabilitada, siendo esto lo que ocurrió, pues así lo informó el Director General del Servicio de Transportes Eléctricos; de tal manera, se confirma que no son ciertos los actos que reclaman los quejosos, máxime que también expresaron que: ".si bien es cierto que las responsables pretendían o pretenden instalar un mobiliario urbano de las características al señalado en el párrafo que antecede frente al número 2707 de la calle Rubén M. Campos de la Colonia Villa de Cortés en la Alcaldía Benito Juárez de esta Ciudad de México, también lo es que al día de la fecha no se han llevado a cabo dichos trabajos". Por último, cabe destacar que en diligencia de desahogo de la prueba de inspección judicial, ofrecida por los quejosos, el actuario adscrito dio fe de que en el recorrido de la calle Rubén M. Campos, desde calzada de Tlalpan hasta Plutarco Elías Calles y viceversa, no advirtió afectación alguna y que la estación del trolebús ahí localizada se encuentra operando, lo que demuestra, como se señaló, que en el lugar ya había instalada la mencionada estación del trolebús y operaba con antelación a que los quejosos advirtieran la actividad de personas que los hicieron suponer se construiría un corredor de transporte público eléctrico. En esas condiciones, al no ser ciertos los actos que reclaman, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1919 - 2000 del rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, negando los actos que se le atribuyen, aseverando que no se construyó ni se construirá el corredor del trolebús, sino que solo se rehabilitó el que ya existía; y, al efecto exhibió diversas documentales para acreditar su dicho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las constancias exhibidas por la responsable se da vista a los quejosos para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) En estas circunstancias, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente a los quejosos María del Socorro Martínez Vieyra, Víctor Manuel Corrales Godínez, Pablo Sánchez Martínez, Flavio López Lozada, Miguel Pulido, José Moisés Luna Rivera Luis Alfonso González Miranda, Adriana Castro Cuevas, María Rebeca Negrete Vargas, Ricardo López Martínez y Patricia Castillo Ramírez, en el domicilio ubicado en avenida Universidad número quinientos treinta y uno, interior c quinientos dos, Colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, de esta Ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. Por recibidos los oficios signados por la Gerente de Asuntos Jurídicos del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; y, por el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular, ambos de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno de la Ciudad de México, por medio de los cuales rinden su informe justificado. Se agregan los oficios de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades citadas en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éstos se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades citadas a las personas que mencionan. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que exhibe la primera autoridad citada, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
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