María del Socorro Lara López

Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • María del Socorro Lara López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Visto el estado de autos, y las certificaciones que anteceden, al no existir diligencia pendiente, se ordena el archivo de este cuaderno como asunto concluido. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el original de este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años al haberse negado las medidas cautelares. En tanto que el duplicado al contener actuaciones vinculadas a un procedimiento del que conoce este Juzgado de Distrito, destrúyase después de los seis meses.

  2. Principal

    Ejecutoria sobresee. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Sin que haya lugar a computar el término de diez días para interponer el recurso de revisión a las autoridades responsables, puesto que al haberse sobreseído el juicio, no les genera perjuicio. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales. Devolución de anexos. Finalmente, devuélvanse a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, las documentales consistentes en copias certificadas del expediente 307/2021 de su índice y un disco en copia certificada. Sí No 29 de junio de 2021 30 de junio de 2021 02 de julio de 2021 15 de julio de 2021 X Asimismo, se hace constar lo siguiente: Sí No ¿Obra documento original? X ¿Obra algún anexo para devolver? X ¿Se concedió la suspensión de plano? X ¿Obran incidentes de suspensión por cuerda separada? X Asimismo, que dentro del término extinto se haya recibido en la oficialía de partes de este Juzgado promoción alguna en la que la parte quejosa haya recurrido la resolución dictada, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Licenciada Eva Margarita Gómez Naval Secretaria En la misma data, se da cuenta al Juez, con las certificaciones que anteceden y con el estado de autos. Conste.

  3. Principal

    En Nezahualcóyotl Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 480/2021-V, promovido por María del Socorro Lara López, por propio derecho y en representación de María Jesús Ortega López, contra un acto del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México; en presencia del Juez Óscar García Vega, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Estado de México, asistido de Eva Margarita Gómez Naval, secretaria que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Relación de constancias: se dio lectura a todas las que obran en el presente expediente. Etapa probatoria: la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable al rendir su informe justificado las ofrecieron, sin que sea necesario hacer mención explícita de ellas, toda vez que las mismas han quedado relacionadas en este acto. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, según el auto que le recayó. Acto continúo, se abre el período de alegatos, se hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: de conformidad con lo que establece el numeral 124 de la ley de la materia se tienen por reproducidos los alegatos por las partes que así lo hicieron. Sin existir escrito, prueba o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, en términos del numeral 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se da por concluida la audiencia de ley, procediéndose al estudio de las constancias que obran en autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 480/2021-V; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, María del Socorro Lara López, por propio derecho y, en representación de María de Jesús Ortega López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: Autoridad responsable: Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Acto reclamado: "Lo constituye la Resolución emitida por el Juez Responsable en fecha Trece de abril del año dos mil veintiuno, que resolvió el Recurso de Revocación interpuesto en contra de la determinación correspondiente a la Admisión de la demanda Solicitud de Declaración de Estado de Interdicción de la Señora María de Jesús Ortega López, en la Vía de Procedimiento Especial Sobre Declaración de Estado de Interdicción de fecha veinticuatro de marzo de la presente anualidad, por la que negó el expreso ruego de otorgamiento de Custodia Provisional a la suscrita y en favor de mi hermana María Jesús Ortega López, presunta interdicta dentro de los autos de expediente 307/2021 ventilado ante la hoy Autoridad responsable". Segundo. Derechos humanos transgredidos. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite de la demanda. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, siendo recibida el seis de mayo actual y registrándose con el número 480/2021-V. Por acuerdo de diecinueve siguiente, se admitió a trámite la demanda y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción se le dio la intervención legal que le compete; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio, en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdos Generales 3/2013 y 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como por reclamarse en amparo indirecto omisiones que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, las cuales residen en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de trece de abril de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra de la admisión de la solicitud de declaración del estado de interdicción, en la cual se le negó otorgar custodia provisional a la quejosa en favor de su hermana dentro de los autos del expediente 307/2021. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México acepto la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior, se acredita con las documentales que adjunto al mismo, consistentes en copias certificadas del expediente 307/2021 y un disco de su índice, las cuales tienen el carácter de documentos públicos en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y por tanto, se les otorga pleno valor probatorio. Es aplicable la tesis jurisprudencial 226 definida también por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, cuya literalidad es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153). Cuarto. Actualización de causal de improcedencia (cesación de efectos). Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 553). Asimismo, se cita la tesis I.7o.P.13 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo tenor es: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUÉ PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: 'si consideran infundada la causa de improcedencia ...'; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 1947). Ahora bien, de las constancias que obran dentro del presente asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". Al respecto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de éste, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicho derecho le exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, se llega a la convicción de que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, visible a página 210, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, página 1579, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Asimismo, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, visible a página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Caso concreto Así, en el caso particular, de las manifestaciones expresas de la parte quejosa, así como de las documentales que acompaña a su escrito de cuenta a las que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en razón de su artículo 2°, se advierte que en la celebración de la audiencia preliminar de tres de junio de dos mil veintiuno, el Juez Segundo Familiar del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, proveyó acerca de la medida provisional de designación de tutriz interina de María de Jesús Ortega López, recayendo dicho encargo en la parte quejosa, quien a su vez, en el mismo acto aceptó y protesto el cargo conferido. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la negativa de otorgamiento de custodia provisional a María del Socorro Lara López, en favor de María Jesús Ortega López, presunta interdicta dentro de los autos del expediente 307/2021 del índice del Juez Segundo Familiar del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. En este orden de ideas, es de afirmarse que la afectación de que se dolía la parte quejosa María del Socorro Lara López, desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, ante la constitución de situaciones jurídicas que definitivamente cesaron los efectos de la que dio motivo al amparo, y repuso a dicha parte procesal en el goce del derecho humano violado. Por tanto, al advertirse la existencia de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación al diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la citada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido para quien resuelve que la quejosa se duela de la negativa de otorgarle la guardia y custodia de manera provisional, toda vez que dicha figura no se encuentra prevista en los juicios de interdicción, ya que acorde a lo precisado en el artículo 4.229 del Código Civil de la Entidad, la figura prevista lo es la tutela, que tiene por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por María del Socorro Lara López, por propio derecho y en representación de María Jesús Ortega López, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia constitucional. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Óscar García Vega, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, quien actúa ante Eva Margarita Gómez Naval, Secretaria de Juzgado, que da fe. Karina

  4. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Visto el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, las documentales que adjunta a su informe justificado consistentes en copias certificadas del expediente 307/2021 de su índice y un disco en copia certificada. Ahora bien, dado el volumen de las constancias, fórmese un tomo de pruebas para facilitar su manejo, respetando folios, sellos y rúbricas de la autoridad responsable, el cual le será devuelto una vez que quede firme la resolución que se pronuncie en el presente asunto. En consecuencia, se tiene por rendido el citado informe y con su contenido dese vista a las partes por el plazo continuo y genérico de ocho días de conformidad con el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Manifestaciones. Glósese el escrito de cuenta, signado por Mónica Hernández Villa, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 124 de la Ley de la Materia, se tienen por hechas en vía de alegatos, las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta; lo cual será considerado al momento de resolver el presente juicio de amparo. Diferida anticipada. En otro orden de ideas, para dar tiempo a que la parte quejosa se imponga del contenido del presente proveído, se estima oportuno diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada a las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, se señalan las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, notifíquese el presente por lista a las autoridades responsables.

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