María del Socorro Jiménez Morales
Expediente 527/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2018
Partes del expediente
- María del Socorro Jiménez Morales
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vistos, los oficios con anexos de cuenta, signados por el Presidente de la Junta Especial Numero 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado y remiten copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las demandadas Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Afore XXI BANORTE S.A. de C.V.; asimismo, razón actuarial de diecisiete de mayo del presente año, en la que manifestó la imposibilidad de notificar a la demandada Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, por los motivos ahí expuestos. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: "la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente 584/2016". Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto del Actuario adscrito, residente en esta ciudad, el catorce, dieciséis y diecisiete de mayo del año en curso, notificó respectivamente a las demandadas Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Afore XXI BANORTE S.A. de C.V.; y por lo que hace al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, manifiesto los motivos por los cuales no realizó la notificación, lo anterior dentro del expediente 527/2018. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. Por tanto, dicha situación se equipara a la restitución a la peticionaria de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con los informes de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Asimismo, no pasa desapercibido a lo anterior, el hecho que las responsables, manifestaron la imposibilidad que tuvieron para notificar a la demandada Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, en el domicilio precisado por la parte aquí quejosa, toda vez que de autos no se advierte un diverso domicilio en el que podía ser emplazada la demandada. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto, el estado actual que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante oficio ICJYAL/RPPYC/334/2018 de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Delegada del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Delegación Comitán, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa Financiera Nacional De Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, adjuntando copia certificada de la nueva resolución de determinación del acta circunstanciada de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Al efecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a las partes, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo concedido; en consecuencia, este tribunal procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento A) Deje insubsistente el acta circunstanciada de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respecta al resolutivo tercero de dicha resolución. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Delegada responsable resolvió el acta circunstanciada, dejando insubsistente el acta circunstanciada de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, únicamente en el resolutivo tercero de dicha resolución. B) Siga los lineamientos establecidos en la presente resolución, para emitir otra, en la que por ser procedente la solicitud de la quejosa, ordene la reactivación del registro número 402 (cuatrocientos dos), sección primera, con folio electrónico 15846, de dos de julio de mil novecientos ochenta y cinco, con lo cual se tendrá por cumplido el presente juicio de amparo. En la citada resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable ordenó reactivar los gravámenes con los que contaba el registro 402, sección primera, de dos de julio de mil novecientos ochenta y cinco. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la responsable atendió a los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que se advierte un tomo de prueba exhibido por la parte quejosa, se le previene que a partir de que queden legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger dichas constancias que fueron exhibidas; apercibida que de no hacerlo dentro de un plazo de tres días, dichos documentos podrá ser destruido conjuntamente con el presente asunto.
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