María del Socorro Hernández Reyes

Expediente 1158/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1158/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • María del Socorro Hernández Reyes
  • José Elías Ávila Castro y Otros.
  • José Elías Ávila Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, acusando recibo de las constancias que se ordenaron devolver el veinticuatro de abril de este año. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido, y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y mediante lista a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta y uno de marzo pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas, y glósese el cuaderno incidental correspondiente. Por otra parte, se advierte que el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado (tomo I y II); en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese hágase vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a los terceros interesados **********, ********** y **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1158/2022-V, promovido por ******************** y ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no formularon manifestaciones ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1158/2022-V; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Naucalpan, turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro de octubre siguiente, ******************** y ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Segundo. Trámite. En proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró bajo el número 1158/2022-V y desechó la demanda de amparo por lo motivos expuestos en el mismo; auto en contra del cual la parte quejosa interpuso el recurso de queja. En cumplimiento a la resolución dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Acuerdos Generales 3/2013, ya que se reclaman actos que tiene ejecución en el lugar de residencia de este juzgado de distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura del escrito de demanda y diverso de ampliación, se aprecia que los actos reclamados consisten en: La resolución emitida en la audiencia inicial de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 568/2020, (relativo al procedimiento especial de controversia de violencia familiar), en lo referente a la medida de protección solicitada por los quejosos, respecto a la restitución del bien inmueble identificado como: Departamento número quinientos dos (502), del edificio K-2, Avenida Roberto Fulton, Colonia Parque Industrial la Loma, conocido como Unidad Habitacional Tlalcali, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54060. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, está demostrada su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del 2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, cuyo rubro y contenido son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente 568/2020, (relativo al procedimiento especial de controversia de violencia familiar), documentales que tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de este último ordenamiento. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido la autoridad responsable aduce que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, omitió señalar las razones por las cuales considera se actualiza la causal contenida en la fracción que menciona; de ahí que este juzgador esté imposibilitado para realizar el análisis respecto de los motivos la improcedencia que pretende hacer valer. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. -Que al remitir la resolución reclamada la autoridad responsable vulneró en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133, constitucionales e incumplió con su obligación de proteger y garantizar sus derechos humanos y dignidad, en virtud de que no fundó ni motivó correctamente la negativa de otorgamiento de la medida de protección solicitada en la audiencia inicial celebrada el nueve de septiembre del año pasado, pues aduce que se debió implementar algún medio de protección frente a hechos de violencia en cualquiera de sus modalidades, entre ellas la violencia patrimonial de las que son sujetos por parte de los terceros interesados. - Refiere que el juez responsable al emitir al resolución reclamada, incumplió con su obligación de adoptar medidas de reparación efectivas para proteger y garantizar el derecho humano de los quejosos a vivir una vida digna, en un ambiente libre de violencia, (debiendo implementar no sólo las contempladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sino aquellas previstas en los ordenamientos que protegen de manera específica a la mujer y adultos mayores, puesto que son personas en categoría sospechosa), soslayando su derecho a una tutela judicial efectiva, máxime que los hechos que dieron origen a la controversia de origen, encuadran en la descripción de violencia patrimonial. -Manifiesta que la autoridad responsable, al emitir la resolución reclamada aplicó una ley secundaria sin tomar en cuenta el control de convencionalidad al que están obligadas todas las autoridades de nuestro país, permitiendo la subsistencia de las conductas de violencia de las que son objeto los quejosos mismos que constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono, lo que vulneró sus derechos fundamentales, pues se debió privilegiar la medida legal que garantice la plenitud del ejercicio de sus derechos, en lugar de perpetuar las conductas de violencia de las que refieren ser víctimas. Los conceptos de violación hechos valer son infundados. En efecto, no le asiste la razón a la parte quejosa en el primer concepto de violación, en el que aduce que la resolución recurrida, carece de la debida fundamentación y motivación. Para contestar lo anterior, cabe citar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". De dicho precepto constitucional se advierte que toda determinación emitida por autoridad debe estar fundada y motivada, entendiéndose por lo primero, la obligación que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Así, tenemos que el Juez Sexto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, al llevar a cabo la celebración de la audiencia inicial de nueve de septiembre de dos mil veintidós, fundó y motivó la misma sin violentar en perjuicio los quejosos los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 Constitucional. En efecto, del estudio de la audiencia inicial de referencia, se aprecia que la autoridad responsable fundó y motivó su actuar, pues citó los numerales aplicables al caso (en términos de los artículos 1.267, 1.269, 1.287, 1.288, 1.293, 1.294, 2.345, párrafo segundo, 3.357, 5.29, 5.32, 5.33, 5.38, 5.4, 5.50, 5.53, 5.55, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México) y en virtud de que hasta esa data no contaba con mayores datos para la modificación de las medidas provisionales, resolvió confirmar las medidas decretadas el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mismas que deberán prevalecer hasta el momento en que sea emitida la sentencia definitiva, sin perjuicio de que las mismas puedan ser ampliadas o modificadas, en caso de que fuera necesario, de ahí que como se ha expuesto, los conceptos de violación que se analizan en ese sentido son infundados. Aunado a lo anterior, como lo refirió la autoridad responsable respecto a la violencia patrimonial y económica de la que se duele ser objeto la parte quejosa (por parte de los terceros interesados), esta va encaminada a salvaguardar la propiedad y posesión del inmueble identificado como: Departamento número quinientos dos (502), del edificio K-2, Avenida Roberto Fulton, Colonia Parque Industrial la Loma, conocido como Unidad Habitacional Tlalcali, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54060, pues refiere que no le permiten realizar actos de posesión sobre el bien del que dice tener derecho de propiedad; sin embargo, el juicio de origen es un procedimiento especial de violencia familiar, mismo que tiene como finalidad, restaurar la paz y el orden familiar, más no así la de salvaguardar el derecho a la propiedad y posesión del bien que indica, por lo que la autoridad responsable tuvo a bien dejar a salvo sus derechos para que los quejosos los hicieran valer en la forma y términos que consideren permitentes. Ahora, en cuanto a los motivos de disenso sintetizados en un segundo concepto de violación, estos igualmente resultan infundados. Lo anterior toda vez que el hecho de que la autoridad responsable haya confirmado las medidas provisionales decretadas el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por las razones ahí expuestas, no significa que haya incumplido con la obligación de adoptar medidas de reparación efectivas para proteger y garantizar el derecho humano de los quejosos a vivir una vida digna, en un ambiente libre de violencia, puesto que al dictar las medidas provisionales que fueron confirmadas en la audiencia inicial de nueve de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad de origen tomó en cuenta lo siguiente: En cuanto a la medida solicitada, respecto a que la autoridad responsable ordenara a los terceros interesados Paola Ávila Hernández y Gustavo Fernández Ramos, que salieran del domicilio que poseían, dicha autoridad proveyó que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, dado que, de la lectura de los hechos expuestos en la demanda inicial, no advirtió la necesidad imperiosa de ello, puesto que los receptores y generadores de violencia no habitan en el mismo domicilio. Luego, respecto del segundo punto, relativo a que la autoridad de origen apercibiera a los demandados (hoy terceros interesados), para que cesaran cualquier acto de violencia desplegado en contra de los integrantes del grupo familiar de los quejosos y se abstuvieran de causar molestias y proferir agresiones físicas o verbales a los impetrantes del amparo, el juez responsable de conformidad con el numeral 2.355, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, tuvo a bien requerir a los terceros interesados, para que se abstuvieran de causar daño a los quejosos; así como de realizar cualquier tipo de violencia verbal, física o psicológica, sea en su domicilio o en cualquier otro lugar; así como, impedir a terceras personas que lo hicieran en su nombre, bajo el apercibimiento que de no cumplir con dicha determinación se haría uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 1.124 del dicho ordenamiento procesal, con independencia de diversas responsabilidades que generaría dicha conducta. Además contrario a lo manifestado por la parte quejosa y a efecto de garantizar una tutela judicial efectiva, el juez responsable adoptó las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho humano de los impetrantes del amparo a vivir una vida digna y libre de violencia, por lo que giró oficio al Comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Estado de México, (para que éste a su vez ordenara a quién correspondiera) realizara las acciones para la protección y auxilio policial inmediato a los quejosos, en caso de que existiera una agresión o conato de agresión por los presuntos generadores de violencia, quedando facultados los quejosos para que acudirán a la autoridad más cercana en caso de ser sujetos de agresión fuera de su domicilio. Por lo que se evidencia que la autoridad responsable en ningún momento dejó en estado de indefensión a los ahora quejosos y tomó las medidas de protección pertinentes a efecto de que no fueran objeto de violencia física o verbal de los impetrantes del amparo, como lo aducen en sus conceptos de violación. Ahora bien, por lo que hace al tercer concepto de violación, mismo que también es infundado, pues el hecho de que la autoridad responsable haya celebrado la audiencia inicial en los términos aludidos y que haya confirmado las medidas provisionales decretadas el diecisiete de septiembre de dos mil veinte; no obstante que no hubiese proveído de manera favorable la solicitud de los quejosos (referente a ordenar a los terceros interesados Paola Ávila Hernández y Gustavo Fernández Ramos, que salieran del domicilio que poseían), no vulnera los derechos fundamentales de los quejosos y tampoco permite que subsistan las conductas de violencia de las que son objeto los quejosos, sin soslayar que se manifieste que al ser adultos mayores son un grupo vulnerable que constituyen una categoría sospechosa, que merecen especial protección por parte de los órganos del estado. Lo anterior, toda vez que como bien lo refirió el juez responsable, el juicio de origen es un procedimiento especial de violencia familiar y su única finalidad es la restaurar la paz y el orden familiar y no así la de salvaguardar el derecho de propiedad y posesión que refiere la parte promovente, por lo que dicho juzgador acertadamente dejó a salvo sus derechos para que los hicieran valer en forma y términos que considere pertinentes. Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que el hecho los quejosos sean adultos mayores, dicha situación por si sola es insuficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercer sus derechos y para que para que exista suplencia de la queja tratándose de adultos mayores en estado de vulnerabilidad deben ser adultos desorientados en tiempo, lugar y espacio, con deterioro mental ya sea moderado o progresivo, que no pueden atender por sí solos sus mínimas necesidades personales, (como lo son el aseo, la alimentación e incluso movilización), en algunos casos con enfermedades degenerativas, por lo que dichos adultos mayores son incapaces de emitir cualquier tipo de juicio legal, incapacitados física y mentalmente, entre otras. Por tanto, el hecho de que los quejosos, manifiesten que son adultos mayores, es insuficiente para llegar al grado de que la autoridad responsable supla la deficiencia de la queja, al grado de proveer respecto de los derechos de propiedad y posesión (respecto del inmueble que aducen ser de su propiedad), que pretenden hacer valer los quejosos en dicha instancia, por lo que el juez de origen no estaba obligado a proveer en los términos solicitados por los quejosos, ya que si bien son adultos mayores; empero, no se encuentran en estado de vulnerabilidad como lo refieren, tan es así que promueven la presente instancia constitucional por derecho propio, por tanto la autoridad responsable no vulneró en su contra las disposiciones contenidas en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". Ahora bien, respecto a sus manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable al celebrar la audiencia inicial de nueve de septiembre de dos mil veintidós, estaba obligada a emplear no sólo las medidas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sino aquellas contempladas en los ordenamientos legales que protejan de manera específica y con mayor espectro, los derechos de la mujer y de los adultos mayores, sin tomar en cuenta el control de convencionalidad al que están obligadas todas las autoridades de nuestro país, permitiendo la subsistencia de las conductas de violencia de las que son objeto los quejosos; sin embargo, del análisis de dicho concepto de violación, éste juzgador no advierte que se haya actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, ya que en cada caso se debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. Sin embargo, en el caso la norma aplicable en la determinación reclamada no genera sospechas de invalidez para el suscrito juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Es aplicable la tesis LXVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 639, Décima Época, con registro 2005622, que establece: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.". Por otro lado, este juzgador federal no desatienda el hecho de que los impetrantes de garantías, en su demanda de amparo, argumentaron violación a diversos tratados internacionales; sin embargo, en razón de que no expresaron en forma alguna en qué modo fueron vulnerados con la emisión de la determinación que reclama, este órgano jurisdiccional está jurídicamente impedido para analizar expresamente y en abstracto todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. Cobra aplicación, la jurisprudencia VI.1o.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, página 2438, que establece: "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO" Así también es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 123/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 859, que establece: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos en contra del acto reclamado, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** y ********************, por propio derecho, contra los actos los actos reclamados a Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando último. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista electrónica a los terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el día de la fecha se concedió una licencia académica al Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y dado que el suscrito no se encuentra autorizado para dictar sentencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a las demás partes. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por licencia académica del Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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