María del Socorro Gudelia Cárdenas Salinas
Expediente 1313/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María del Socorro Gudelia Cárdenas Salinas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por María del Socorro Gudelia Cárdenas Salinas, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por su propio derecho, con el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Reglamentos y Espectáculos del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Lino Yáñez Castro. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1313/2021-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- De la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que la juzgadora de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que quien ahora resuelve analizara el acto reclamado consistente: III. El juicio de amparo es improcedente en virtud de que no se agotó el principio de definitividad, ya que previo al juicio de amparo debió promover el medio ordinario de defensa ante el Tribunal Fiscal y Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, en relación con el artículo 8 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado en cita, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 la fracción XX, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Por lo que quien ahora resuelve de oficio advierte se actualiza una causal de improcedencia, esto es, que previo a presentar el amparo de que se trata, el quejoso debió interponer recurso de revisión o juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal y Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, tal como lo prevén los artículos 81, 82, 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, los cuales establecen: "Artículo 81.- El afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Para acudir ante Tribunal Fiscal Administrativo, cuando se haya interpuesto un recurso, será requisito su previo desistimiento. Resuelto el recurso de revisión, el afectado podrá acudir en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo". "Artículo 82.- Contra los actos administrativos, se podrán interponer los recursos previstos en esta Ley. Contra las resoluciones de mero trámite, distintas a las que versen sobre el fondo del asunto, procederá el recurso de revocación. El recurso de revocación se interpondrá, dentro del término de cinco días hábiles subsecuentes a la notificación del acto impugnado, ante la propia Autoridad que lo emitió, quien conocerá del mismo y resolverá. Al interponerse el recurso, deberán expresarse los agravios en que se funda, y podrán ofrecerse las pruebas que se estimen pertinentes, escrito del que se dará vista a las otras partes si las hubiere, para que en el término de tres días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Desahogada la vista o transcurrido el término señalado, la Autoridad resolverá dentro del día hábil siguiente. Contra la resolución del recurso de revocación, sólo procederá Juicio de Responsabilidad". "Artículo 83.- Contra las resoluciones que versan sobre el fondo del asunto, procede el recurso de revisión, que se interpondrá ante la Autoridad que resolvió, en el término de ocho días hábiles subsecuentes a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación. Al interponerse el recurso, deberán expresarse los agravios y podrán ofrecerse las pruebas que se estimen pertinentes, escrito del que se dará vista a las otras partes si las hubiere, para que manifiesten lo que a su derecho convenga ante el Superior Jerárquico, a quien se remitirá el expediente al día hábil siguiente para que conozca del recurso y lo resuelva.". Ello interpretado con lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que prevé: "ARTÍCULO 8. En materia fiscal o administrativa, cuando las Leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar el juicio ante el Tribunal, o bien, si está haciendo uso de dicho recurso o medio de defensa, previo desistimiento del mismo, podrá acudir al Tribunal ejercitando la acción, extinguiéndose el derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario". Del primer artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. En ese sentido, el artículo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo prevé causales expresas de procedencia del el recurso de revisión, siendo optativo optar por el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Por su parte el artículo 82, permite, la interposición de los recursos previstos en esta Ley, contra actos administrativos, además, prevé la procedencia del recurso de revocación, contra las resoluciones de mero trámite, distintas a las que versen sobre el fondo del asunto, así el recurso de revocación se interpondrá, dentro del término de cinco días hábiles subsecuentes a la notificación del acto impugnado, ante la propia autoridad que lo emitió, quien conocerá del mismo y resolverá. El artículo 83, dispone que contra las resoluciones que versan sobre el fondo del asunto, proceda el recurso de revisión, que se interpondrá ante la autoridad que resolvió, en el término de ocho días hábiles subsecuentes a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación. Al interponerse dichos recursos, deberán expresarse los agravios y podrán ofrecerse las pruebas que se estimen pertinentes, escrito del que se dará vista a las otras partes si las hubiere, para que manifiesten lo que a su derecho convenga ante el Superior Jerárquico, a quien se remitirá el expediente al día hábil siguiente para que conozca del recurso y lo resuelva. Finalmente de la interpretación sistemática de dichos preceptos tenemos que el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado es procedente (al ser optativo el recurso de revisión o revocación) contra actos dentro del procedimiento administrativo, contra las resoluciones de mero trámite, contra las resoluciones que versan sobre el fondo del asunto, en cuyo caso se pueden hacer valer las violaciones relativas del citado procedimiento. En el caso la parte quejosa, combate de manera destacada, cuestiones de legalidad: Por tanto, resulta evidente que dichos actos debieron ser impugnados mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de conformidad con los artículos 81, 82, 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, en relación con el artículo 8 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que es fundada la causal de improcedencia hecha valer por las responsables, pues en la especie se actualiza como ya se dijo la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis 2a. XLVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. La interpretación relacionada de las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que si el quejoso combatió el acto reclamado a través del recurso administrativo de revocación, no puede válidamente, abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de lo resuelto en él, sino que debe agotar la jurisdicción ordinaria combatiendo la resolución del recurso por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y, de no hacerlo, el juicio de amparo será improcedente". Así como la tesis I.7o.A.125 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Décima Época, página 2462 de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. ES OPTATIVO SU AGOTAMIENTO, PREVIO AL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo citado, es obligatoria la interposición del recurso de revocación contra, entre otros, el auto que desecha un recurso de inconformidad instado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la palabra "deberá" que usa esa norma revela una regla de estricto cumplimiento. No obstante, dicho numeral debe interpretarse de manera conforme (artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) con el principio de legalidad (preceptos 14 y 16 constitucionales), del que deriva el diverso de reserva de ley en la restricción de derechos fundamentales (artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como en relación con el derecho fundamental de acceso a la justicia (artículo 17 constitucional, vinculado con los numerales 8 y 25 del Pacto de San José), para concluir que se trata de un recurso optativo, y que su falta de promoción no impide instar el juicio de nulidad. Lo contrario implicaría que una disposición reglamentaria restringiera el derecho fundamental de acceso a la justicia, al imponer al gobernado una traba injustificada, previo a aquel En ese sentido, este órgano jurisdiccional no advierte de la lectura del escrito de demanda, alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional. Del criterio transcrito, así como del contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio de amparo, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violenta su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando se dé el siguiente requisito: Que no se trate de una persona extraña al procedimiento: extremo que se advierte colmado en el caso que nos ocupa, ya que del contenido de las documentales ofrecidas por la quejos junto con su escrito inicial de demanda se advierte que presentó un escrito ante la responsable, la cual le contestó su solicitud el uno de junio del año en curso, misma que le fue notificada al quejoso. De ahí que no se advierte que tenga el carácter de tercero extraño a Juicio, pues la autoridad le notificó el oficio de uno de junio de dos mil veintiuno. Además, si bien hace valer violaciones a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitucional , lo cierto es que no se advierte se encuentre en el supuesto de excepción, ya que la autoridad mediante oficio de uno de junio de dos mil veintiuno, dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa, aunado a que se encuentra fundado y motivado como se advierte del propio oficio en el apartado siguiente: Por lo tanto se advierte que no entra en los supuestos de esta excepción ya que si se le dio contestación a su petición y la misma se encuentra fundada y motivada. Concluyentemente, de los conceptos de violación no se advierte que los actos reclamados se combatan por violaciones directas a la Constitución, sino por violaciones secundarias. De ahí, que no se actualice la excepción al principio constitucional de definitividad. En relación con el requisito consistente en: que a través de la interposición del recurso o medio ordinario de defensa puedan suspenderse los efectos del acto reclamado y que para que tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; éste también se encuentra satisfecho. Por su parte, el artículo 81, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo prevé que el afectado por resoluciones administrativas, podrá optar por el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entre las cuales se incluye la resolución que por esta vía se impugna. Aunado a ello, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que señala lo siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En conclusión, si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el Juicio Contencioso Administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta concluyente que la parte quejosa previamente a promover esta instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Ahora, respecto de los restantes argumentos de excepción al principio de definitividad en estudio, se aprecia lo siguiente: Que no se trate de una resolución que importe una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal: requisito que se advierte colmado en tanto que los actos impugnados son de naturaleza administrativa. No se está ante la presencia de un amparo contra leyes; circunstancia que se corrobora a través del capítulo de autoridades responsables y acto reclamado de la demanda de amparo, de donde se sigue que únicamente se trata de un juicio de amparo en el que se controvierte un oficio emitido por una autoridad administrativa; sin que de manera alguna dicho acto pueda considerarse que se trata de leyes o reglamentos susceptibles de ser impugnados a través del juicio de amparo, sino que únicamente se trata de acto administrativo que la autoridad responsable emitió. Que no se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Por otro lado, el requisito de encontrarse previsto en la ley el recurso o medio ordinario de defensa, se aprecia acreditado, en tanto el juicio de nulidad de que se trata se encuentra establecido en una ley formal y materialmente legislativa como lo es la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo. Al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Ampar; se, R E S U E L V E Único. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por *** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** toda vez si tienen registrada su cédula profesional en el Modulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, los promoventes solicitan el acceso para la consulta vía electrónica del presente juicio de derechos, asimismo, luego de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "Lic.Ricardo.Marquez". En atención a su contenido se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica, a través de los usuario "Lic.Ricardo.Marquez"; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario de referencia, en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente al quejoso vía electrónica.
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