María del Socorro Escalante Canché

Expediente 211/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 36 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
211/2023
Año
2023
Actuaciones
36
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • María del Socorro Escalante Canché
  • Presidente Municipal de Huhí, Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    (...) Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huhí, Yucatán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa ofreció mediante su escrito inicial de demanda las pruebas testimonial y de inspección judicial, respecto de las cuales se provee en los siguientes términos: Por lo que hace a la prueba testimonial a cargo de Alfonso Echeverria Polanco y Luis Alberto Echeverria Montero, con apoyo en artículo 119 de la Ley de la materia, se desecha dicha prueba, en virtud que al ser ofrecida no se exhibió el interrogatorio para examinar a los testigos, lo cual es un requisito necesario para que se tenga por ofrecida la prueba, ya que dicho interrogatorio delimita su objeto y su contenido, esto es, constituye la materia sobre la cual versará la misma, por tanto, es el elemento medular de la prueba testimonial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento. Sin que sea el caso requerir a la oferente de la prueba testimonial para que exhiba el interrogatorio de mérito, pues el numeral 119, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, únicamente prevé que ello se haga si faltaren las copias del interrogatorio. Es aplicable al caso, la tesis P./J. 17/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017133, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por otro lado, en lo que corresponde a la prueba de inspección judicial ofrecida, en primer lugar es importante hacer la precisión que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, es la omisión de emplazar mediante acta circunstanciada la sesión de cabildo mediante la cual acuerdan despojarle la posesión de un predio de fundo legal que aduce es de su propiedad y posee por más de cuarenta años y sus consecuencias legales como son el despojo de dicho predio, la restricción de acceder al mismo, el permiso para la construcción de una gasolinera en dicho predio y la devolución de sus documentos originales de minuta de traslado de dominio y posesión. Ahora bien, una vez precisada la Litis constitucional en el presente asunto, por lo que se refiere a la prueba de inspección judicial en comento, ofrecida por la quejosa a fin de observar y constatar el despojo y las obras que se pretenden realizar por parte de la autoridad responsable, es pertinente señalar que la citada probanza no resulta la prueba idónea para acreditar el extremo que pretende la peticionaria de amparo, lo anterior, en razón de que dichos puntos no pueden ser observados a simple vista por el fedatario. Siendo que la prueba de inspección, consistente en la descripción que realice la autoridad de lo que puede apreciar con sus sentidos en el momento de la diligencia, por lo que, dicha prueba de inspección no es idónea para comprobar que una persona haya sido despojada de un predio, así como las obras que se pretendan realizar por parte de las autoridades responsables. En ese sentido, debe decirse que la referida prueba de inspección, ofrecida por la quejosa no es idónea para los fines pretendidos; aun cuando del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desprende que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, sin embargo dicho precepto legal, debe interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas para justificar los extremos que se intentan. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2001, visible a página 157, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro es el siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.-De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 71 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez mismo compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria." En consecuencia, con la finalidad de evitar diligencias innecesarias y carentes de objeto y atendiendo a los principios de expeditez en la administración de justicia, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, pues no es el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que pretende demostrar en relación al acto reclamado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez, Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio y toda vez que no se ha realizado pronunciamiento sobre las pruebas testimonial y de inspección judicial ofrecidas en la demanda de amparo, por tanto, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a.), de la Segunda ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez, Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido que de autos consta que el informe justificado rendido por el Encargado del Despacho del Juzgado de Paz del municipio de Huhí, Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente juicio, fue puesto a la vista de las partes por acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, por lo que aún no transcurre el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido del referido informe en comento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cuarenta y tres minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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