María del Socorro Cruz
Expediente 1336/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Socorro Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Magistrada Titular la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de catorce de marzo actual, remite copia certificada del Juicio de Nulidad 113/2022, de su índice, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental, misma que en razón de su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada. Cuestiones previas. Ahora, de autos se advierte, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el quince de noviembre de dos mil veintidós, María del Socorro Cruz, por propio derecho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Secretaría del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. Mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, determinó separar los juicios, correspondiéndole por razón de turno, a este Juzgado conocer del acto reclamado: 1.- La negativa a otorgarle una pensión por fallecimiento de su finado hijo Jesús Alonso Cruz. Reclamado a: 1.- Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de los integrantes del Consejo Directivo. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por razón de turno, este órgano jurisdiccional determinó avocarse al conocimiento del precitado acto reclamado. Contenido de constancias. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, que la quejosa María del Socorro Cruz, promovió ante la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca Juicio de Nulidad 113/2022, en el que señala como resolución o acto administrativo impugnado: La resolución del dictamen de pensión contenido en el oficio OP/DG/1675/2022, de fecha tres de octubre de dos mil veintidós, en el que se determinó que no ha lugar a proveer favorablemente su petición como deudora beneficiaria del extinto Jesús Alonso Cruz. Y señala como autoridades demandas a: 1.- Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. 2.- Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. Ante tales circunstancias, resulta evidente que se está tramitando simultáneamente con el presente juicio de garantías, un medio legal de defensa que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis por jurisprudencia P./J. 144/2000, estableció diversos requisitos para la procedencia de la causa mencionada, a saber: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual haya solicitado el amparo; 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías; y, 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 144/2000, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, cuyo rubro dice: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Así, queda de manifiesto que el juicio de amparo en que se actúa es improcedente. En virtud de que efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia al atender el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, acordadas el catorce de marzo pasado, y las diversas enviadas por la Magistrada Titular la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Habida cuenta que en el caso, el acto reclamado consiste en: La negativa a otorgarle una pensión por fallecimiento de su finado hijo Jesús Alonso Cruz. Y, de las documentales recién valoradas -copias certificadas del Juicio de Nulidad 113/2022, se advierte la existencia del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el cual, se tuvo por admitida la demanda promovida por la parte quejosa contra el dictamen de pensión contenido en el oficio número OP/DG/1675/2022 de fecha tres de octubre de dos mil veintidós (acto reclamado), ordenándose notificar, emplazar a juicio y correr traslado a las autoridades demandadas (una de ellas responsable en este juicio), a efecto de que contestaran en el plazo concedido la demanda instaurada en su contra. De igual forma, se aprecia de dichas constancias que no ha sido resuelto el referido juicio de nulidad, dado que en auto de quince de febrero de este año, la Sala fijó las doce horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés para llevar a cabo la audiencia final, en el que precisó se desahogarán las pruebas admitidas y se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes. Por ende, es evidente que a través de dicha vía, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XIX y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, al ser la invocada causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin efectos hora y fecha para celebración de audiencia constitucional En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página1235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Hágase del conocimiento de las partes lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
QUEJOSO PREVIO AVISO.----San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Magistrada Titular la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de catorce de marzo actual, remite copia certificada del Juicio de Nulidad 113/2022, de su índice, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental, misma que en razón de su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada. Cuestiones previas. Ahora, de autos se advierte, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el quince de noviembre de dos mil veintidós, María del Socorro Cruz, por propio derecho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Secretaría del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. Mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, determinó separar los juicios, correspondiéndole por razón de turno, a este Juzgado conocer del acto reclamado: 1.- La negativa a otorgarle una pensión por fallecimiento de su finado hijo Jesús Alonso Cruz. Reclamado a: 1.- Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de los integrantes del Consejo Directivo. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por razón de turno, este órgano jurisdiccional determinó avocarse al conocimiento del precitado acto reclamado. Contenido de constancias. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, que la quejosa María del Socorro Cruz, promovió ante la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca Juicio de Nulidad 113/2022, en el que señala como resolución o acto administrativo impugnado: La resolución del dictamen de pensión contenido en el oficio OP/DG/1675/2022, de fecha tres de octubre de dos mil veintidós, en el que se determinó que no ha lugar a proveer favorablemente su petición como deudora beneficiaria del extinto Jesús Alonso Cruz. Y señala como autoridades demandas a: 1.- Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. 2.- Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. Ante tales circunstancias, resulta evidente que se está tramitando simultáneamente con el presente juicio de garantías, un medio legal de defensa que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis por jurisprudencia P./J. 144/2000, estableció diversos requisitos para la procedencia de la causa mencionada, a saber: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual haya solicitado el amparo; 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías; y, 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 144/2000, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, cuyo rubro dice: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Así, queda de manifiesto que el juicio de amparo en que se actúa es improcedente. En virtud de que efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia al atender el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, acordadas el catorce de marzo pasado, y las diversas enviadas por la Magistrada Titular la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Habida cuenta que en el caso, el acto reclamado consiste en: La negativa a otorgarle una pensión por fallecimiento de su finado hijo Jesús Alonso Cruz. Y, de las documentales recién valoradas -copias certificadas del Juicio de Nulidad 113/2022, se advierte la existencia del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el cual, se tuvo por admitida la demanda promovida por la parte quejosa contra el dictamen de pensión contenido en el oficio número OP/DG/1675/2022 de fecha tres de octubre de dos mil veintidós (acto reclamado), ordenándose notificar, emplazar a juicio y correr traslado a las autoridades demandadas (una de ellas responsable en este juicio), a efecto de que contestaran en el plazo concedido la demanda instaurada en su contra. De igual forma, se aprecia de dichas constancias que no ha sido resuelto el referido juicio de nulidad, dado que en auto de quince de febrero de este año, la Sala fijó las doce horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés para llevar a cabo la audiencia final, en el que precisó se desahogarán las pruebas admitidas y se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes. Por ende, es evidente que a través de dicha vía, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XIX y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, al ser la invocada causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin efectos hora y fecha para celebración de audiencia constitucional En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página1235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Hágase del conocimiento de las partes lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que suscribe el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez; por el que informa que aún no se lleva a cabo la instalación del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, y que será hasta que se instale el mismo, que estará en posibilidad de rendir el informe justificado. Asimismo, se le tiene informado que la quejosa María del Socorro Cruz, promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, juicio de nulidad en contra del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, por el mismo acto aquí reclamado "la negativa de otorgarle una pensión por el fallecimiento de su finado hijo Jesús Alonso Cruz". En consecuencia; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Magistrada Titular de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación informe quien promueve el expediente 113/2022, de su índice, la resolución que ahí se reclama, así como la determinación que haya emitido al respecto, debiendo para ello acompañar copia certificada de las constancias que lo sustenten, apercibida que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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