María del Socorro Chávez Velázquez
Expediente 444/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María del Socorro Chávez Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de la Juez de Control del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento que dio a la sentencia dictada en este asunto. Por tal motivo, notifíquese personalmente y córrase traslado con el oficio de referencia a la parte quejosa, para que en el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, para los efectos siguientes: [.] a) La Jueza de Control del distrito judicial Bravos, deberá dejar sin efectos el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que emitió en la causa penal ******* del índice de la autoridad responsable, a través del cual consideró extemporáneo e inadmisible el recurso de revocación interpuesto contra la multa impuesta a la quejosa en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. b) Emita una nueva determinación, en la que tome en cuenta las razones que se dieron en esta sentencia y si no encuentra algún otro motivo para desechar el recurso de revocación lo admita a trámite y resuelva dentro de los tres días seguidos, tal como dispone el numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.] Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Dicho lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. En razón de lo anterior, se conmina a la Juez de Control del distrito judicial Bravos, para que dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón actuarial se hace efectivo el apercibimiento y se notifica a la quejosa por medio de lista por estar ordenado en sentencia de catorce de agosto de dos mil dieciocho, que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de agosto de dos mil dieciocho. SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 444/2018-I-1, promovido por *******; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito el diez siguiente. En el escrito inicial ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Jueza de Control del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al indicar: [.] IV. ACTO RECLAMADOS. La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal *******, del índice de la autoridad responsable, a través de la cual consideró extemporáneo e inadmisible el recurso de revocación que interpuse contra la multa que me fue impuesta en la audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de once de julio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda, se ordenó su registro en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo indirecto 444/2018-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en razón de que se reclama un acto que no tiene ejecución, emitido por una autoridad judicial penal residente dentro del territorio sobre el cual se ejerce jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del distrito judicial Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal ******* del índice de la autoridad responsable, a través del cual consideró extemporáneo e inadmisible el recurso de revocación interpuesto contra la multa impuesta a la quejosa en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del distrito judicial Bravos, con residencia en Juárez, Chihuahua, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por la cual consideró extemporáneo e inadmisible el recurso de revocación interpuesto contra la multa impuesta a la quejosa en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de la causa penal ******* y con el disco versátil que contiene video grabada la audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, probanzas que remitió la autoridad responsable, a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan alguna causa de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo son fundados. Aduce la accionante del amparo que la jueza de control transgredió lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al considerar extemporáneo el recurso de revocación que interpuso en términos del numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que no se encontraba presente en la sala de audiencias y ello le imposibilitó su interposición en ese momento procesal. Insiste que, resulta ilegal que la jueza responsable haya considerado inadmisible el recurso de revocación, pues ella no estaba cuando fue impuesta la multa que recurre lo que le impidió interponer el recurso en el momento de la audiencia. La quejosa indica que la resolución reclamada vulnera sus derechos en la medida que la propia juzgadora fue quien le permitió ausentarse de la audiencia para posteriormente hacerle efectivo el apercibimiento que le decretó e imponerle una multa. Como se dijo, son fundados los argumentos que hizo valer la accionante del amparo, dado que el acto reclamado es violatorio de derechos humanos por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen. En primer lugar, debe tenerse presente el contenido del artículo 14 de la Constitución Federal: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]. Este artículo constituye una garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados, de acuerdo con la cual, para que proceda la privación de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, es necesario que medie un juicio o procedimiento seguido en forma tal, en el que el afectado, después de ser oído, resulte vencido, caso en el cual ya no puede considerarse conculcada la garantía de audiencia. Así, el derecho público subjetivo en cuestión y la forma en que se plasma en el texto constitucional, no debe interpretarse de una forma estricta sino atendiendo al sistema que integra, por lo que el derecho de audiencia se colma siempre y cuando el gobernado tenga la oportunidad de defenderse de todo acto de privación proveniente de la autoridad, aunque no sea a través de un juicio ante un tribunal propiamente dicho, pues no debe pasar desapercibido que dentro del sistema de división de poderes adoptado por nuestro régimen primario, es posible que órganos formalmente diversos a los judiciales, efectúen actividades jurisdiccionales. A mayor abundamiento, el artículo 14 constitucional intenta proteger la esfera jurídica de los gobernados de arbitrariedades en las que fácilmente puede incurrir la autoridad en razón de la posición que guarda dentro de las relaciones de supra subordinación que sostiene con aquéllos. Por tanto, las autoridades están obligadas a escuchar en defensa al gobernado, destinatario del acto tendiente a privarlo de su libertad, propiedades, posesiones o derechos; siguiendo para ello un trámite en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son las que garantizan al particular una defensa oportuna, y que se traducen en las siguientes exigencias: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3) La oportunidad de alegar. 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, con registro 200234, que a la letra señala: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, Constitucional, en lo conducente, establece: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] De la lectura del precepto trascrito, se advierte que las condiciones que exige para la emisión de todo acto de autoridad, son tres, a saber: a) Que se exprese por escrito. b) Que provenga de autoridad competente. c) Que en el documento escrito, se exprese, funde y motive la causa legal del procedimiento. d) En los juicios y procedimientos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Por tanto, el derecho fundamental previsto en el artículo 16 constitucional impone que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero la expresión con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tomado en consideración para la emisión del acto; siendo indispensable, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; y tratándose de juicios orales, bastará que quede constancia de ello en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento a lo establecido en la primera parte del párrafo primero del artículo constitucional en cita. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Compilación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Tesis 260, página 175, con registro 394216, de contenido siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional transcrito se puede dar de dos formas: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una ausencia total de éstas. La indebida fundamentación, implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. Ahora, en el presente caso se impugna la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal ******* del índice de la autoridad responsable, a través del cual consideró extemporáneo e inadmisible el recurso de revocación interpuesto contra la multa impuesta a la quejosa en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Acto, al que precedieron los hechos que se describen enseguida: El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, a las doce horas con treinta minutos, tuvo lugar la audiencia intermedia dentro de la causa penal *******, que se instruye en contra de ******* por el delito de violación y privación de la libertad cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Tal audiencia se convocó a fin de que se efectuara un procedimiento especial abreviado, dado que, en diversa audiencia de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se hizo el pago de la reparación del daño y la representación social ofertó en aquel momento la pena mínima con una reducción de un tercio, pena que el imputado aceptó. En el momento en que se desarrolló la diligencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público, aquí quejosa, indicó que por oficio de dieciocho de mayo pasado, solicitó a la Coordinadora Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito en Razones de Género la autorización de la reducción que prevé el párrafo cuarto del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de hasta un tercio; sin embargo, la misma fue autorizada solo por un sexto de la pena. Ante la manifestación de la representante social, la defensa insistió en que la reducción del tercio ya había sido acordada, con independencia de las facultades que tiene la Coordinadora según Acuerdo Delegatorio, de tal forma que, pidió se respetara el convenio al que se había llegado en audiencia de fecha dieciocho de mayo de este año. Así, la juzgadora, permitió el debate respecto de si la reducción debía ser por un tercio o por un sexto de la pena; luego, una vez cerrado el debate estimó que la pena que se ofertó fue de cuatro años, es decir la reducción de un tercio y no de un sexto; por lo que, tomó en consideración que la víctima dio su consentimiento y recibió la reparación del daño y que la autorización de la Coordinadora sólo es un trámite administrativo y no un requisito que se prevea en la ley, con esos razonamientos ordenó a la agente del Ministerio Público sostuviera su oferta de reducir un tercio de la pena y con ello se verificara el procedimiento abreviado. La agente del Ministerio Público aquí quejosa con fundamento en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adujo que, toda vez que, es facultad de la representación social ofertar el procedimiento abreviado desistía del mismo y pidió que se llevara a cabo la audiencia intermedia. Seguido el debate en ese sentido y ante la negativa de la agente del Ministerio Público de sostener el ofrecimiento del procedimiento abreviado con la reducción de un tercio de la pena, la jueza insistió que esa pena había sido pactada en audiencia anterior, por lo que, dado que la representante social se negaba a hacer una exposición de los datos de prueba con los que se sustentan la acusación para continuar el procedimiento abreviado, la apercibió con imponerle una multa de veinte unidades de medida y actualización según lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales (12:59 del día de la data). La agente del Ministerio Público ante el apercibimiento hecho por la juzgadora solicitó que se diera un receso a fin de que compareciera otro agente del Ministerio Público para continuar con la diligencia pues ella se negó de forma rotunda a llevarla con el ofrecimiento de reducción de la pena de un tercio, dado que, insistió tenía que estarse a las órdenes de la Coordinadora de la Fiscalía a la que pertenece. La jueza autorizó el receso para efecto de que llegase diverso agente del Ministerio Público a llevar a cabo la diligencia, con la consigna de que quien sustituyera a la quejosa tendría que llevar a cabo el procedimiento abreviado o sería a ******* a quien se le impondría la multa con que fue apercibida minutos antes (13:01 del día de la audiencia). Una vez que se reanudó la audiencia intermedia, la representante social que sustituyó a la inicial agente del Ministerio Público expresó que desconocía el acuerdo a que se arribó y lo sucedido en audiencias anteriores, dado que se le solicitó asistiera a la audiencia minutos anteriores; por lo que, exigió nueva fecha para llevar a cabo la audiencia a fin de imponerse de los antecedentes. En razón a lo anterior, la jueza de control consideró que el receso solicitado por la gente del Ministerio Público aquí quejosa fue para que no se llevara a cabo la audiencia del procedimiento abreviado en perjuicio del imputado, por lo que, hizo efectivo el apercibimiento antes decretado e impuso una sanción pecuaria equivalente a veinte unidades de medida y actualización según lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales (13:54 de la fecha de la audiencia). Inconforme con la sanción impuesta, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito en Razones de Género interpuso por escrito recurso de revocación en contra de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada en audiencia intermedia (foja 20 a 22). El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la jueza de control emitió un acuerdo en el que determinó lo siguiente: [.] RECURSO DE REVOCACIÓN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el treinta de los corrientes el escrito signado por la agente del Ministerio Público, licenciada *******; mediante el cual interpone el recurso de revocación en contra de la resolución en la cual la suscrita le impuso una multa consistente en una multa (sic) equivalente a veinte unidades de medida y actualización, conforme a lo dispuesto en la fracción II, inciso b) del artículo 104 del código adjetivo nacional; ello el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ******* que se instruye a ******* por los delitos de VIOLACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD cometido en perjuicio de victima de iniciales *******, y para ello expresó los agravios a que aludió en su escrito de cuenta. De ahí que, agréguese el escrito de referencia a la carpeta administrativa en que se actúa y dígasele que toda vez que contrario a lo que señala, el dieciocho de mayo del presente año, es la recurrente quien ofreció al imputado ******* -previa autorización que por su superior jerárquico previamente otorgó, pues así lo manifestó- la tramitación del procedimiento especial abreviado con la reducción de un tercio de la pena mínima -cuatro años- condicionada al pago de la reparación del daño a favor de la víctima y correspondiente a la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.). Se recabó por parte de este Tribunal el consentimiento de la víctima -previa instrucción incluso de la representante social- y ésta, sabedora de los términos y condiciones del referido, aceptó y recibió por parte del imputado el numerario citado. Sin embargo, no se llevó a cabo el procedimiento especial abreviado, debido a su argumento en el sentido de que requería por escrito la autorización -que indicó le fue otorgada (formalidad que no exige el numeral 202 del código adjetivo nacional)- por su superior jerárquico; y quedó apercibida de no hacerlo, se le impondría una multa de hasta veinte unidades de medida y actualización, conforme a lo que establece el artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional; se fijaron para ello las (sic) veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. En dicha data y hora se levantó constancia, esto es, no se verificó la audiencia, en virtud de que no se realizó el traslado (sic) *******, por parte del personal de policía procesal y custodia, y se fijaron de nueva cuenta las doce horas del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Es en audiencia de veinticinco de mayo del presente año que, faltando al deber de lealtad y objetividad que señala el artículo (sic) 128 y 129 del código adjetivo nacional, al inicio de la audiencia y contraria a la manifestación que en audiencia de dieciocho del presente mes y año realizó, indicó que la reducción de la pena que se otorgó fue de la de un sexto de la pena mínima que le correspondería. Tomando en consideración no solo la autorización que refirió tener en los términos señalados, sino que derivado de ello la victima otorgó su consentimiento para la tramitación del referido y tácitamente consintió, como representante de ésta, dicho procedimiento, al recibir por parte del imputado el concepto exigido par tal efecto, colmándose así la totalidad de la exigencia para tal efecto establecida en el artículo 201 del código adjetivo nacional. Una vez que el procedimiento especial abreviado consiste precisamente en un acuerdo previo en cuanto a la pena, el pago de la reparación del daño, la no oposición fundada de la víctima y la autorización correspondiente -que no exige el precepto legal se realice mediante escrito, pues la representación social es un órgano de buena fe, que en el particular lo anterior se verificó a cabalidad, y que únicamente faltaba el cumplimiento por parte de la representante social; en efecto se le apercibió para que iniciara con la exposición de los datos de prueba para dar inicio al procedimiento en cita, inconforme con la resolución emitida interpuso el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del código adjetivo nacional, se confirmó la decisión emitida y se le invitó de nueva cuenta a que iniciara con la exposición de los datos de prueba, y una vez que no lo realizó, solicitó receso para efecto de diverso agente del Ministerio Público llevara la tramitación correspondiente, y se le otorgó previo apercibimiento (notificada de ello en la propia audiencia conforme a lo que dispone el artículo 63 del código adjetivo multicitado) en el sentido de que, de no llevarlo a cabo en aras de insistir con su negativa, se haría acreedora a una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, conforme a lo que establece el artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional. Una vez que su solicitud tuvo tal fin, pues diversa representante social -licenciada *******- acudió y argumentó que no se encontraba impuesta de la carpeta de investigación y que la autorización que previamente indicó la primera de las referidas se le otorgó un tercio, únicamente lo fue por un sexto de la pena mínima que por los ilícitos que se le vinculó al imputado; se hizo efectivo el apercibimiento que previamente le fue notificado a la recurrente, esto es, la multa a la agente del Ministerio Público, licenciada *******, por la cantidad de 20 unidades de medida y actualización, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tomando en consideración lo anterior y conforme a lo que dispone el artículo 466 del código en mención, el recurso de revocación se interpondrá, tratándose de una resolución pronunciada durante la audiencia, como en el particular aconteció, de manera verbal y antes de que la misma termine; sin embargo, la representante social quedó notificada del apercibimiento de la imposición de la multa y la consecuencia de su omisión, ello conforme a o que dispone el artículo 63 del código adjetivo nacional, se considera extemporáneo el recurso en estudio y, por tanto, inadmisible, pues notificada en audiencia y con el propósito de persistir en su omisión, no regresó a la audiencia y envió diverso agente del Ministerio Público, quien no se encontraba en aptitud de llevarlo a cabo, señaló, en virtud de que no se trataba de su carpeta de investigación, ello evidentemente en aras de no realizarlo. Audiencia en la que válidamente pudo hacer valer el recurso en estudio: subsiste la determinación emitida en la audiencia de veinticinco de mayo del año en curso. [.] Tal determinación fue notificada a la agente del Ministerio Público el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, tal como se aprecia en el sello de la constancia respectiva (fojas 23 y 24). Como se ha establecido, la autoridad responsable vulneró los derechos de seguridad jurídica, fundamentación y motivación de la accionante del amparo, dado que, consideró extemporáneo el recurso de revocación que interpuso al estimar que la accionante quedó notificada del apercibimiento de la imposición de la multa y la consecuencia de su omisión. Bien, para evidenciar el porqué de tal afirmación conviene citar el contenido de los numerales 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra disponen: 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Ahora, de los artículos en cita se advierte que el recurso de revocación tiene como finalidad que en la misma sede jurisdiccional se analice de nueva cuenta la determinación emitida por el propio juzgador para que éste establezca si procede su modificación o no, es un recurso, pero por su naturaleza y esencia y por la forma en que su tramitación afecta, es sin duda un verdadero incidente, supuesto que sobreviene en el juicio como asunto accesorio, y fuera, puede decirse, de la materia principal. Tal revocación puede interponerse de forma oral, en audiencia o escrita, cuando se trate de resoluciones pronunciadas durante audiencia, su interposición debe ser antes que la concluya y su trámite se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo; empero si se trata de una determinación emitida fuera de audiencia entonces la promoción será por escrito dentro de los dos días siguientes a la notificación, se podrá oír a las partes y la resolución se pronunciará dentro de los tres días siguientes. La autoridad indebidamente fundó su determinación en la fracción I, del numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues debió estarse a lo establecido en la fracción II del mismo ordinal, en la medida que, aun cuando la determinación que se impugna fue emitida en audiencia, la persona a la que iba dirigida no estaba presente y por tanto, no quedó notificada de forma debida, en otras palabras, si la fiscal a quien se impuso la multa estaba ausente al momento en que ello ocurrió (por autorización propia de la juzgadora) se encontraba imposibilitada para proceder a impugnarla en ese momento. En otras palabras, en un ánimo de no vulnerar la garantía de defensa la jueza debió considerar si el recurso se interpuso dentro del plazo de dos días posteriores a la notificación de la resolución que reclama. Ello, además, es acorde con el artículo 63 de la propia legislación adjetiva nacional de la materia, que establece que las notificaciones en las audiencias solo se tendrán por hechas a quienes en ellas hayan intervenido y únicamente ellos estarán obligados. Luego, en cuanto a la deficiente motivación, debe indicarse que la jueza estimó que la representante social hoy quejosa quedó notificada del apercibimiento de la imposición de la multa y la consecuencia de su omisión, razón por la cual desde el momento de la audiencia pudo impugnar la resolución de sanción. Tal aseveración, como se ha dicho resulta inmotivada e impacta en la garantía de seguridad jurídica al impedir la defensa de la recurrente, esto es así, pues el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por jueza de control no produjo una afectación actual, real y directa, que le causara perjuicio alguno y que con ello estuviese obligada a recurrirla, en la medida que resulta un acto futuro e incierto. En efecto, la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado. En otras palabras, el simple apercibimiento de la imposición de una sanción no es inminente, al no existir certeza de que se ejecute, más aun, en el caso, el que se hiciera efectivo el apercibimiento no dependía del actuar de la fiscal ahora quejosa, sino de la conducta de un tercero, es decir, estaba condicionada a que la fiscal que la sustituyó en audiencia decidiera llevar a cabo el procedimiento abreviado que se ofertó. Además, de que, la condición que debía ocurrir no se suscitó, de tal forma que, aún es un acto futuro e incierto, ello porque la representante social sustituta no se negó a llevar a cabo el procedimiento abreviado, sino solicitó una nueva data para efectuar la audiencia, una vez que se impusiera de los datos y verificara las audiencias anteriores; lo que torna indebidamente motivada la resolución que se impugna. En mérito de lo expuesto, ante lo fundado de los conceptos de violación, con fundamento en los artículos 77, fracción I y 78, de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: a) La Jueza de Control del distrito judicial Bravos, deberá dejar sin efectos el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que emitió en la causa penal ******* del índice de la autoridad responsable, a través del cual consideró extemporáneo e inadmisible el recurso de revocación interpuesto contra la multa impuesta a la quejosa en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. b) Emita una nueva determinación, en la que tome en cuenta las razones que se dieron en esta sentencia y si no encuentra algún otro motivo para desechar el recurso de revocación lo admita a trámite y resuelva dentro de los tres días seguidos, tal como dispone el numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia Tesis: 9/2016 (10a.), que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia Común, visible en la página 832, con registro 2010987, del tenor siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119, 124, 238 y 260 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******* respecto de la Jueza de Control del distrito judicial Bravos, con morada en Juárez, Chihuahua, de quien reclamó la determinación que emitió el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho en la causa penal *******, según lo analizado en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día catorce de agosto de dos mil dieciocho, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron Doy fe.
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