Maria del Socorro Castañeda Lince

Expediente 1418/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 36 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1418/2015
Año
2015
Actuaciones
36
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Maria del Socorro Castañeda Lince
  • MIEMBROS DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO OCHO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL
  • Maria Dionisia Mendoza Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio número J8/2191/2017, enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México, a través del cual informa que dio cumplimiento al laudo dictado el quince de agosto del año dos mil quince. Oficio de cuenta, que se ordena agregar a estos autos, únicamente para que obre como corresponda, ello en razón de que el presente asunto fue sobreseído, mismo que se encuentra totalmente concluido y archivado.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizada de la tercera interesada ********************: En atención a su contenido, previa compulsa que se realice con las documentales que refiere y que obre en autos, hágasele devolución de las mismas, previa comparecencia y razón de su recibo; lo que deberá realizarse en días hábiles dentro del horario establecido de diez a trece horas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca Morelos, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso f) de la Ley de la Materia, en contra de la resolución dictada con fecha trece de julio de dos mil dieciséis, en la que se declaró procedente y fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada MARÍA DIONISIA MENDOZA HERNÁNDEZ; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHA RESOLUCIÓN, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo que antecede, procédase hacer la devolución del billete de depósito número N 052008, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., que ampara la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), debidamente endosado a nombre de la tercera interesada; haciéndose entrega directamente a la tercera interesada MARÍA DIONISIA MENDOZA HERNÁNDEZ, previa comparecencia ante este Juzgado Federal, quien deberá portar identificación oficial vigente; ello, por tratarse de un numerario; lo que deberá hacerse en días hábiles dentro del horario establecido de diez a trece horas, previa toma de razón de recibo que se deje asentada en autos. Una vez hecho lo anterior, se ordena remitir el presente juicio de garantías al archivo definitivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil dieciséis En Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con ocho minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia correspondiente al incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida por la parte quejosa, ante la presencia de Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Arnulfo Torres García, secretario de Juzgado que da fe, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla sin la asistencia personal de las partes o de quien legalmente las represente. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan: escrito registrado con el número 14612, signado por la tercera interesada *********, por medio del cual promueve incidente de daños y perjuicios con el objeto de que se haga efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía fijada a la quejosa con motivo de la suspensión concedida por este órgano jurisdiccional; acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, por el que se admitió a trámite este incidente; auto de diecisiete del mismo mes y año, por el que se señaló día y hora para la celebración de la presente audiencia incidental. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el tercero interesado, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mediante escrito registrado con el folio 14612, con el cual se inicia el presente incidente. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia dada su propia y especial naturaleza; con lo anterior, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos, El secretario certifica que la parte quejosa y tercera interesada no realizaron manifestaciones en vía de alegatos. Se declara cerrada el presente periodo. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de Ley de Amparo, se tiene por celebrada la audiencia a efecto de pronunciar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver el incidente de pago de daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado dentro de los autos del juicio de amparo 1418/2015-8, promovido por la tercera interesada *****************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el ocho de junio de dos mil dieciséis, ********************** en su carácter de tercera interesada, promovió incidente de pago de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía otorgada por el quejoso, ***************** para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por interpuesto el incidente de daños y perjuicios y se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, y ofrecieran las pruebas pertinentes, sin que hubieran desahogado esa vista. Transcurrido el referido término, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental que establece el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer del presente incidente de pago de daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 66, 67 y 156, de la Ley de Amparo, 360, 361 y 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de ser este órgano de control constitucional quien se pronunció en su oportunidad respecto de la suspensión del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página doscientos setenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, octava época, de rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL AMPARO. El incidente para la reclamación de daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del acto reclamado sólo procede ante el juez de Distrito que la concedió, cuando ante él se haya otorgado la garantía o contragarantía relativa, pues si éstas no existen, el reclamante tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante las autoridades del orden común." SEGUNDO. Asimismo, el incidente se presentó dentro de los seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de once de abril de dos mil dieciséis se dictó la ejecutoria en el presente asunto; auto que fue notificado a la tercera interesada, ahora actora incidentista ***************, por lista el doce de ese mes y año, el incidente de que se trata se presentó el ocho de junio de dos mil dieciséis como se observa del sello que presenta de la Oficialía de Partes de este Juzgado. Por tanto, es evidente que el incidente que se resuelve fue planteado dentro del plazo legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.3o.2 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página setecientos sesenta y uno, del tomo XII, julio de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y contenido: "DAÑOS O PERJUICIOS, INCIDENTE DE. EL TÉRMINO DE SEIS MESES QUE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO NOTIFICA A LAS AUTORIDADES LA EJECUTORIA PARA SU CUMPLIMIENTO Y LO HACE SABER A LAS PARTES. El conocimiento a las autoridades y a las partes de una ejecutoria de Tribunal Colegiado (cuando se interpone revisión), no corresponde al tribunal sino al Juez de Distrito, pues éste es el que deberá notificar a las partes una vez que recibe el testimonio de la ejecutoria de dicho colegiado, el que deberá vigilar el cumplimiento; luego, de una interpretación armónica y sistemática del artículo 129 con el numeral 104, primer párrafo de la Ley de Amparo, el cómputo de los seis meses no inicia a partir de que el citado tribunal publicita y notifica por estrados a las partes, sino siguiendo las reglas del primer párrafo del artículo 104 de la ley de la materia, cuando el Juez Federal notifica a las autoridades por oficio y lo hace saber a las demás partes; entenderlo de otra manera conduciría a la incertidumbre de cuál notificación es la legal, la efectuada por el Tribunal Colegiado cuando publicita su ejecutoria o la practicada por el Juez de Distrito al vigilar su exacto cumplimiento." TERCERO. La tercera interesada María Dionisia Mendoza Hernández, promovió incidente de daños y perjuicios, por el cual dice le causaron con la suspensión concedida en autos, por lo que hace a los perjuicios, al verse privada de incorporar a su patrimonio desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resolvió el juicio de amparo de manera definitiva, una determinada cantidad de dinero por concepto de interés legal al 6% anual, por la cantidad a la que se condenó considerando el tiempo que duro la tramitación del juicio de amparo, así como los daños, por concepto de honorarios profesionales y gastos de representación. CUARTO. Ahora, resulta conveniente precisar que la suspensión del acto reclamado no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto reclamado, y menos aún, tiene por objeto demostrar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con esa medida precautoria se buscará asegurar la efectividad de ésta; igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de amparo para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado, si no se otorga la protección constitucional, tampoco, puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa, que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero interesado, como consecuencia de la validez del acto de autoridad reclamado, pues por su naturaleza accesoria únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al mencionado tercero, por no haber podido ejecutar el laudo obtenido en su momento a su favor, en el expediente laboral, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resolvió el juicio de amparo, y por consiguiente, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Luego, el propósito de la garantía que otorga la peticionaria del amparo para que surtiera efectos la suspensión, es el de asegurar los daños e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar al tercero interesado, con la detención de la ejecución del acto reclamado, y a su vez, la contragarantía que concede el tercero interesado, tiene como objeto el que se ejecute o continúe con la ejecución del acto reclamado, dejando sin efecto la suspensión obtenida por el promovente del amparo mediante título de crédito. Así, el Código Civil Federal en los numerales 2108 y 2109, disponen relativamente, que por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo sufrido al patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación, y, por perjuicio, la privación de cualquiera ganancia lícita que debería haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. A su vez, la reclamación para exigir las responsabilidades provenientes de las garantías o contragarantías que se otorguen para la suspensión del acto reclamado deberá realizarse mediante un incidente que se promueva ante la autoridad que conoció de la suspensión, dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique la ejecutoria del amparo a las partes; además de que la sentencia dictada haya negado el amparo a la parte quejosa, o bien, declarado el sobreseimiento, para que el tercero interesado se encuentre en aptitud de exigir la responsabilidad; o en su caso, que se haya concedido para que el quejoso pueda exigir el pago de la contragarantía. En la hipótesis de que el juicio de amparo sea sobreseído, o bien, se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal instados, el tercero interesado tiene la carga de acreditar la existencia de los daños y perjuicios causados con la suspensión, y su importe; de no demostrarse tales perjuicios procede cancelar la fianza o billete de depósito. Ahora, considerando que el otorgamiento de la suspensión tuvo por objeto impedir la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral, en el que existe una condena en cantidad líquida, como se observa del auto de ejecución de veintiocho de febrero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral del que emana el presente juicio de amparo, ello es suficiente, para tener pro acreditados los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión, al no poder disponer la tercera interesada durante el tiempo que duro el juicio de amparo de las prerrogativas que le confiere la sentencia dictada en el expediente laboral; en consecuencia, y advirtiéndose de las constancias del presente juicio, que existe el billete de depósito por la cantidad de ******* moneda nacional, que fue exhibido en los autos incidentales para garantizar los posibles daños y perjuicios, y tomando en consideración el transcurso del tiempo que duró el trámite del juicio de amparo, así como que el mismo fue sobreseído, es inconcuso, que la parte tercera interesada se encontró en un nudo procesal para obtener la determinación judicial, esto es, que en su momento y a su favor, se ejecutora el laudo dictado en el expediente laboral del que deriva el acto reclamado, por tanto, con ello, se le generó automáticamente dichos daños y perjuicios; por consiguiente, se aprueba el reclamo por ***********, cantidad que fue exhibida mediante billete de depósito. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.3o.C.120 K (9a.), visible en la página 1983, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que es del tenor siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Bajo ese contexto, se declara procedente y fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada, para hacer valer la garantía otorgada por la parte quejosa, para el otorgamiento de la suspensión provisional, toda vez que a la parte demandada inicidentista le correspondía la carga de la prueba, es decir, demostrar la improcedencia del mismo, y atento a las razones anotadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 66, 67, 132 y 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara procedente y fundado el incidente de daños y perjuicios, promovido por la tercera interesada ************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe, hasta el trece de julio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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