María del Socorro Breacher Topete
Expediente 1280/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Socorro Breacher Topete
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****. Debido a que en su oportunidad, la demanda que originó este expediente fue promovida como amparo directo, devuélvase a la Sala responsable las constancias que en su oportunidad remitió como apoyo a su informe justificado, solicitándole que a la brevedad, acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de agosto de dos mil veintitrés. En atención a que SE DESECHO la demanda que originó el presente juicio de amparo, es de señalarse que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que de conformidad con lo establecido en el último numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de ese lapso, procédase a su destrucción. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Octavo Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del que se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo D.C. 855/2022-III, se declaró carente de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida *****, por propio derecho, contra actos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil, ambas autoridades de la Ciudad de México y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México, con cuatro copia de la demanda de amparo y el toca 459/2012-14. Acúsese recibo. Por tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, la que se procede a acordar en los siguientes términos: REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1280/2022-V, y con número de NEUN 31344304. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Del escrito de demanda se advierte que en lo que concierne al acto reclamado, que se hace consistir en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 459/2012-14, que declara infundado el medio de impugnación interpuesto contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, pronunciado en los autos del procedimiento judicial de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral número 784/2007, seguido por *****, contra *****, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por el que ordena la reinscripción del embargo trabado en la diligencia de tres de junio de dos mil catorce, sobre el inmueble materia de la presente litis, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Visto lo anteriormente expuesto, este Juzgado Federal, considera que en el caso se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61 invocado en su fracción XXIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, la fracción IV del artículo 107, estatuye: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Lo anterior, porque como ha quedado descrito en el los antecedentes del juicio de origen narrados en esta determinación, se observa que la solicitante de amparo es parte demandada en el juicio del que deriva el acto reclamado y que ha sido oída y vencida en dicho procedimiento, donde incluso recurrió la sentencia definitiva. En el caso a estudio se advierte que el acto reclamado señalado, no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia; lo anterior es así, ya que tratándose de actos en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el juicio de amparo en tres supuestos, tal como lo establece la fracción IV del artículo 107 de la Ley Amparo, que en síntesis establece que es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Bajo ese contexto, en atención a lo que establece el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Amparo, la determinación del Juez señalado como autoridad responsable, a fin de ejecutar el derecho obtenido mediante sentencia firme, el cual tiene efectos de mandamiento en forma, a fin de requerir el pago y en su caso proceder al embargo a la demandada del juicio de origen, aquí promovente, no constituye la última resolución dictada en el juicio oral mercantil, la cual será entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en la cual se podrán reclamar todas y cada una de las violaciones que se consideren se realizaron dentro de dicho procedimiento. Por lo tanto, atendiendo a lo que establece el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el amparo biinstancial en ejecución de sentencia, debe de existir un proveído o determinación del Juez Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en el que: 1) Declare el cumplimiento total de lo sentenciado; 2) Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento; o 3) Donde ordene el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, es inconcuso que ninguno de los anteriores supuestos se cumplen en relación a los actos reclamados, toda vez que únicamente se hace consistir en el tendientes en cumplir con la ejecución y dar cumplimiento a las prestaciones a las que fue condenado en sentencia , las cuales tienen efectos de mandamiento en forma, a fin de requerir de pago y en su caso embargo a la demandada del juicio de origen, en relación a lo condenado, motivo por el cual no se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo; lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esta es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese tenor es evidente que no se actualiza el supuesto contenido en el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, al tratarse de la ejecución de la sentencia, por lo que dichos actos solo constituye una consecuencia directa del fallo condenatorio. Lo anterior, no obstante de que los actos reclamados deriven de la intención de detener la ejecución de sentencia a practicarse en el inmueble que menciona en su demanda y pretende defender en esta instancia, toda vez que los mismos tienden al cumplimiento de lo sentenciado, por lo que resulta ser una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio y que constituye cosa juzgada, motivo por el cual dicho acto deberá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de sentencia. En tal virtud, se concluye que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio natural, la cual debe ser entendida como que aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo de lo anterior, la Jurisprudencia VI.2º.C. J/6, de los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLA Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. De igual manera, es aplicable la Tesis Aislada de la Décima Época, con número de registro 2009245, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo III, Mayo de 2015, página 2334 de rubro y texto siguiente "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito." De igual forma, apoya a lo anterior por identidad de razón, la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.), visible en la página 1647, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 2004223, la cual es del tenor siguiente: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Consecuentemente, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por ******. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y como éste no constituye propiamente un domicilio procesal; en tal virtud, hágase la notificación del presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por autorizada a la persona que menciona, para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE por lista a la quejosa y pro oficio al tribunal de alzada.
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