María del Socorro Bracamontes Oliveros

Expediente 396/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
396/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2016

Partes del expediente

  • Fabiola Raquel Garnica Bracamontes
  • María del Socorro Bracamontes Oliveros

Actuaciones

  1. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de queja el acuerdo que tuvo por desechada la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con motivo del incumplimiento de la quejosa a la prevención de la demanda dictada por este juzgado; que no obran documentos originales; y, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS...

  3. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo formulada por María del Socorro Bracamontes Oliveros, conocida como Socorro Bracamontes Oliveros, o Socorro Bracamontes, y Fabiola Raquel Garnica Bracamontes; contra actos del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, de esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 396/2016. En primer término, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En función de la naturaleza del acto reclamado, la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, primer párrafo, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, de donde deriva que el juicio de amparo es improcedente, contra los actos para ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando tales actos no constituyan la última resolución en dicho procedimiento de ejecución. "ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Atento a lo anterior, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "[.] La sentencia definitiva de fecha 29 de Noviembre del 2013 y en consecuencia las dos sentencias interlocutorias de liquidación de intereses de fechas 21 de Febrero del 2013 y 25 de Noviembre del 2015 , dictadas ilegalmente dentro del expediente 431/13-b por el C. Juez Segundo de lo Civil de Ensenada Baja California, ya que las mismas fueron dictadas mediante vicios en el procedimiento el cual viola los derechos humanos de la parte quejosa al omitir el juzgador el estudio de manera oficiosa de la usura como lo contempla la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS DEL PACTO DE SAN JOSÉ EN SU ARTICULO 21 APARTADO 3 Y LO REPRODUCE LA SCJN así como viola en nuestro perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales y demás cuestiones que se sustentan en las jurisprudencias que sirven de apoyo y que más adelante se transcriben ya que está en peligro nuestro patrimonio siendo el único bien inmueble que poseemos y no tenemos otro lugar donde vivir y quedaríamos desprotegidas. [.]" De lo anterior, resulta evidente que los actos reclamados en la presente vía constitucional, son actos dictados en ejecución de sentencia, que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que declare cumplida la sentencia o convenio que tenga la calidad de cosa juzgada, como culminación de un juicio con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establezca la imposibilidad para cumplirla, siendo que en la especie, el acto que ahora reclama el promovente de amparo, no es otra cosa más, que una determinación que tiene como finalidad obtener el cumplimiento de la condena decretada en la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil trece. A efecto de lo anterior, debe decirse que los juicios constan de tres etapas; en esa consideración, hay actos: 1. Fuera o antes del juicio conocidos también como actos prejudiciales, relacionados y previstos en el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo; 2. En juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en el artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo; 3. Después de concluido el juicio, esto es; a partir de dictada la sentencia, son todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución, previsto en el artículo 107, fracción IVI, de la Ley de Amparo. Estos últimos se subdividen: a) En ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; b) Para la ejecución de sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. De lo anterior se sigue, que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, lo que se deduce de la interpretación de la fracción IV, primer párrafo, del artículo 107, de la Ley de Amparo, y que acontece hasta en tanto sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por tal motivo, se desprende que como presupuesto de procedencia de la vía indirecta para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencia, debe tratarse de la última resolución dictada en dicho procedimiento, de manera tal, que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa son reclamables en juicio biinstancial. Además, no se desatiende que las quejosas resultan ser partes demandas en el juicio ordinario mercantil 431/13-B, de la estadística del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia, de esta ciudad, y del estudio integral de la demanda de garantías indicaron que fueron emplazadas al mencionado controversial, y que no contestaron la demanda que instauró en su perjuicio en el antagónico natural el aquí tercero interesado por las circunstancias que establecieron en la demanda de amparo que se atiende, sin que circunscribieran la afectación en su esfera jurídica al ilegal emplazamiento, y en esa medida, María del Socorro Bracamontes Oliveros, conocida como Socorro Bracamontes Oliveros, o Socorro Bracamontes, y Fabiola Raquel Garnica Bracamontes, no tienen el carácter de tercero extrañas a juicio por equiparación. Consolida a lo expuesto, el hecho de que las quejosas si bien establecieron vicios en el procedimiento; sin embargo, según su propio dicho, ello lo vincularon a que el Juzgador responsable no efectuó el estudio de manera oficiosa de la institución jurídica de la usura, por lo que tal cuestión, es ajena al susceptible estudio del ilegal emplazamiento en juicio que pudiera hacer factible la presente vía constitucional, pues se insiste, María del Socorro Bracamontes Oliveros, conocida como Socorro Bracamontes Oliveros, o Socorro Bracamontes, y Fabiola Raquel Garnica Bracamontes, no tienen el carácter de tercero extrañas a juicio por equiparación. En esas condiciones, los actos de reclamo que hicieron valer las quejosas vinculadas al juicio ordinario 431/13-B, del índice de la autoridad responsable, especificados en líneas que anteceden, no resultan ser la última resolución dictada en el procedimiento, ya que si bien la autoridad responsable al encontrarse en la etapa de ejecución, las resoluciones que se impugnan, a saber, la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil trece, y las determinaciones interlocutorias de liquidación de intereses de veintiuno de febrero y veinticinco de noviembre del aludido año, no pueden ser combatibles mediante el juicio de amparo, pues de estimarse lo contrario, se provocaría una demora indefinida a la cumplimentación de la sentencia con notorio perjuicio a la administración de justicia. En otras palabras, los actos de reclamo no son los últimos autos dictados en el procedimiento de ejecución, pues no encuadran en el concepto que al respecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia publicada con el número 3, en la página 7 de la actualización 2001, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XV.2o.9 K, visible en la página 420, Tomo V, Enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUE DEBE ENTENDERSE POR ULTIMA RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuando se está ante la "última resolución", dictada en la etapa ejecutiva, se debe acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la Protección Constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza concluir que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo." Es aplicable al caso la jurisprudencia publicada con el número 177, en la página 145, del tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia surgida de la relación armónica de los artículos 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, y al resultar manifiesta la causal invocada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo. Por último, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados Victoria Flores Cabrera, Miriam Dupoux Beltrán y Daniel Torres Uribe, en virtud que de la certificación de cuenta, se aprecia que tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; señalando como domicilio procesal el ubicado en Avenida Gastelum y Boulevard Costero, número 120-7, Altos Plaza Galicia Zona Centro, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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