María del Socorro Aguilar Jiménez

Expediente 479/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
479/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • María del Socorro Aguilar Jiménez
  • K.A.H.A.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    . Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintidós en la cual se sobreseyó en el juicio; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión definitiva. Finalmente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  2. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con diez minutos del quince de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 479/2022-I, Alex Humberto Ramírez Guerrero, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, como se advierte en el oficio CCJ/ST/2895/2022 de la misma fecha firmado por la Secretaria Técnica de dicha comisión, ante Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la Juez de Instrucción y Juez Oral, ambos del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, ofrecieron pruebas documentales, la parte quejosa y la representante especial de la menor K.A.H.A., ofrecieron la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; y las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba; a lo que el secretario encargado del despacho provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la representante especial de la menor de iniciales K.A.H.A. realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el secretario encargado del despacho provee: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la representante especial de dicha menor; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 479/2022-I, promovido por María del Socorro Aguilar Jiménez, contra actos del Juez Oral Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno en esa misma data a este juzgado de distrito, María del Socorro Aguilar Jiménez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1. Juez Oral Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo 2. Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo. Cozumel, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.-ACTOS RECLAMADOS. - - -A.- EL ILEGAL AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, a las autoridades señaladas como Responsables, al omitir dar cumplimiento a la Sentencia Definitiva de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, derivado de una controversia familiar de juicio oral familiar, radicado ante las autoridades señaladas como responsables bajo el número 429/2015 del índice del Libro de Gobierno. - - - C). Como consecuencia del ilegal acuerdo la omisión de cumplir con los resolutivos de la sentencia definitiva, al negarme las visitas y convivencias con mi menor hija, al menos que no exista terapia psicológica, recalcando que este considerando contradice el auto dictado por la misma autoridad, y que de llevarse está a cabo, me ocasionaría un daño irreparable, derivado del incumplimiento de lo dictado en la sentencia definitiva decretada en fecha quince de julio del año dos mil dieciséis, y todas y cada una de las actuaciones tendientes a su ejecución, llevadas a cabo dentro de la ejecución de sentencia promovida bajo el número 12/2022, del índice del libro de gobierno de las Autoridades señaladas como Responsables, así como todas sus consecuencias legales derivadas de la misma en forma directa o indirecta. - - - D). Asimismo le reclamo todas y cada una de las consecuencias directas e indirectas, mediatas o inmediatas, que puedan derivarse o que se haya derivado de las ilegales resoluciones que como ordenador del ilegal acuerdo dictado por la Autoridades Responsables en fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, misma que me fuera notificada en fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, sobrevengan y perjudiquen a la hoy quejosa." SEGUNDO. Radicación, desechamiento parcial y admisión. Recibida que fue la demanda de amparo el once de mayo de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de doce de mayo de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 479/2022-I, se desechó parcialmente la demanda por un acto reclamado y se admitió respecto a los demás actos reclamados; se emplazó al tercero interesado Vicente Hoil Xix, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Designación de representante de la menor quejosa y audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se requirió al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Quintana Roo, para que designara un asesor jurídico a la menor quejosa; por lo que, por oficio QNR/2AJ-0060/2022 de treinta de mayo del año en curso, se tuvo a la Asesora Jurídica Federal de la menor quejosa, compareciendo y aceptando y protestando el cargo de representante especial de la menor de iniciales K.A.H.A., y la audiencia constitucional se desahoga al dictarse esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de autoridades jurisdiccionales en materia familiar que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hace consistir en: a) La omisión de realizar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a los resolutivos de la sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, en el juicio oral familiar de controversias familiares 429/2015 del índice del Juzgado Oral Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, en específico, las convivencias de la quejosa con su mejor hija, lo anterior, dentro del incidente de ejecución de sentencia definitiva 12/2022. b) Los efectos y consecuencias de la abstención reclamada con anterioridad. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que enseguida se enlistan, negaron la existencia de la totalidad de los actos que se les reclaman, según se advierte del contenido de su informe justificado: Autoridades responsables Sentido 1. Juez Oral Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo Niega 2. Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo Niega Cozumel, Quintana Roo Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de Instrucción de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, consistentes en las fotocopias certificadas del incidente de ejecución de sentencia 12/2022, que derivan del juicio de controversias del orden familiar 429/2015 de las que se advierte lo siguiente: El quince de julio de dos mil dieciséis, en autos del juicio oral de controversias familiares 429/2015, el Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, dictó sentencia definitiva, en la cual analizó y precisó diversas cuestiones previo a resolver: ". En este sentido es importante dejar en claro que pese al valor conferido a las medios de convicción ofrecidos por el demandado, estos no generaron un criterio mediante el cual esta autoridad considere que deba prohibir o restringir las convivencias solicitadas mediante este juicio, máxime, que de la escucha de la menor KEILY DEL ALBA HOIL AGUILAR, desahogada en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, no se encontró situación que se debiera de tomar con consideración y que indique a esta autoridad que las visitas y convivencias reclamadas por la autora no debieran llevar a cabo, si no que generaron convicción que existen la necesidad y las ganas de la menor de ver a su madre y convivir con la misma. En este contexto y ponderando el derecho de la menor, esta autoridad ordeno que se lleven a cabo la preparación y la referida escucha, así como las valoraciones psicologías, tanto a las partes como a ella misma, los cuales al ser debidamente estudiadas, arrojaron que no se encontraron indicadores que evidencien conflictos en el núcleo familiar y tampoco se detectó que alguna de las partes haya ejercido conductas de violencia familiar, asimismo se recomendó que los ciudadanos VIVENTE HOIL XIX y MARIA DEL SOCORRO AGUILAR JIMENEZ, acudan a terapia psicología para beneficio de su mejor hija, en ese sentido y de acuerdo al estudio realizado a dichas valoraciones, esta autoridad, no encontró situaciones que influyan de manera negativa en el criterio de este juzgado, si no que generan convicción que las visitas se deben llevar a cabo, de una manera controlada por el bienestar emocional de la menor y establecer según las recomendaciones del psicólogo, un régimen de terapias psicologías a sus progenitores para que las visitas que se fijen sean de provecho para la menor KEILY DEL ALBA HOIL AGUILAR y esta se encuentre en condiciones de disfrutar de la compañía de su señora madre, y que su progenitor preste las facilidades necesarias para que dichas visitas se lleven a cabo de manera satisfactoria, en virtud de que la menor necesita el afecto de ambos progenitores, por lo que en este sentido, y al haberse acreditado el fundado derecho de la actora para disfrutar de las convivencias con su menor hija y el derecho que tiene ésta de disfrutar de las convivencias solicitadas por su madre, en atención a lo anterior y del estudio realizado al asunto que hoy se resuelve, esta autoridad no encuentra situación alguna que amerite que el derecho de la ciudadana MARIA DEL SOCORRO AGUILAR JIMENEZ para convivir con su hija sea restringido, por lo que al no existir medio de convicción que a criterio de este juzgador debiera tomarse en consideración para no fijar un régimen de visitas y convivencias entre la actora y su menor hija, esta autoridad velando siempre por el interés emocional y salud psicológica de la menor KEILY DEL ALBA HOIL AGUILAR, estima pertinente la fijación de un sistema de convivencia, el cual constituye un derecho inherente tanto a los padres como a los menores de edad que se encuentran bajo su patria potestad, toda vez, que lo anterior se traduce en una cuestión de orden público, y por consiguiente en una obligación de pronunciamiento a cargo del Juez ante quien se solicitó dicha prestación, se dice lo anterior porque en realidad constituye una medida protectora hacia los derechos de los menores, quienes deben convivir con sus progenitores, para fomentar y fortalecer los lazos paterno y materno-filiales, mediante el régimen de convivencia.". ". En este entendido y al haberse legitimado el pleno derecho de la madre a reclamar las visitas y que de los informes psicológicos realizados, no se desprende situación que ponga en riesgo la salud emocional, psicológica y física de la menor, y que como ha quedado acreditado mediante la escucha realizada a la misma, mediante la cual, se desprende la necesidad urgente de convivencia entre esta y su progenitora, asimismo se ha determinado que no existe ningún impedimento en que la madre conviva con su menor hija, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones establecidas en las valoraciones psicológicas, esta autoridad tomando en cuenta el interés superior de la menor inmiscuida en el presente asunto, y siendo que el Estado tiene especial interés en la niñez, considerándose de orden público todas las cuestiones en las cuales se ven inmersos los derechos del menor, de conformidad a lo establecido en los artículos 984 a 989 del Código Civil, 974 del Código Procesal Civil, ambos ordenamientos vigentes en el Estado; 7, 23 y 24 de la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado, teniéndose por entendido que esta autoridad debe velar por la salud emocional de los menores, dando como consecuencia que dichas visitas deben llevarse a cabo." En virtud de dichas valoraciones y estudio de medios de pruebas que obraban en autos, el Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, determinó resolver de la siguiente manera: 1. Procedieron las controversias del orden familiar promovidas por María del Socorro Aguilar Jiménez en contra de Vicente Hoil Xix. 2. Se estableció un régimen de convivencia en favor de la aquí quejosa María del Socorro Aguilar Jiménez, con su menor hija de iniciales K.A.H.A., por lo que respecta a los días de la semana. 3. Por otra parte, respecto a los periodos vacacionales se establecieron diversas fechas, siempre y cuando la aquí quejosa cumplieran con las doce sesiones de valoraciones psicológicas. 4. Se determinó que María del Socorro Aguilar Jiménez y Vicente Hoil Xix, con la finalidad de que las visitas sean satisfactorias para con su menor hija, deberían tomar sesiones de terapia psicología de forma semanal, para poder manejar sus emociones y dar solución los conflictos, en consideración a las recomendaciones planteadas en las valoraciones psicológicas. 5. Se ordenó al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) para que le asignara personal especializado a su cargo y un espacio en las instalaciones de la referida institución, para que brindara de forma semanal, terapias psicológicas a María del Socorro Aguilar Jiménez y Vicente Hoil Xix y su mejor hija, para lo cual, le solicitó el nombre del personal, lugar y día en que se llevarían a cabo las mismas. Posteriormente, por auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa promoviendo el incidente de ejecución de sentencia mismo que quedó radicado bajo el número 12/2022, por lo que en esa misma data se solicitó al aquí tercero interesado Vicente Hoil Xix para que dentro del plazo de cinco días diera cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común del Juzgado Familiar Oral de Cozumel, el tercero interesado Vicente Hoil Xix, ahí parte demandada dio contestación a dicha acción, y en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho corresponda respecto a las manifestaciones vertidas por el aquí tercero interesado. En proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, la autoridad responsable, consideró necesario girar oficio a la psicóloga, Coordinadora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) a fin de que informe a) el resultado de las terapias psicológicas, b) el número de sesiones a las que asistieron la aquí quejosa María del Rosario Aguilar Jiménez y el demandado Vicente Hoil Xix y la menor inmiscuida, haciendo referencia a que la información que solicitaba se relacionaba con el expediente 429/2015 relativo al juicio de la controversias familiar oral, lo anterior, con el objeto de conocer la verdad sobre lo que obraba en las constancias del incidente de ejecución, y a fin de velar el interés de la menor inmiscuida en el juicio, dada la problemática familiar que existe, así como con el objeto de salvaguardar el aspecto psicoemocional de la menor, asimismo, en esa misma data requirió al aquí tercero interesado para que acreditara estar dando cumplimiento al segundo resolutivo de la sentencia definitiva de quince de julio de dos mil dieciséis. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en virtud de la razón actuarial levantada por la Actuaria de su adscripción, toda vez que no recibieron el oficio dirigido a la Coordinadora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), por los motivos ahí expuestos, ordenó girar oficio al Coordinador de Centro Vive Diferente, para que le informara a) el resultado de las terapias psicológicas, b) el número de sesiones a las que asistieron la aquí quejosa María del Rosario Aguilar Jiménez y el demandado Vicente Hoil Xix y la menor inmiscuida, haciendo referencia a que la información que solicitaba se relacionaba con el expediente 429/2015 relativo al juicio de la controversias familiar oral, lo anterior, con el objeto de conocer la verdad sobre lo que obraba en las constancias del incidente de ejecución, y a fin de velar el interés de la menor inmiscuida en el juicio, dada la problemática familiar que existe, así como con el objeto de salvaguardar el aspecto psicoemocional de la menor. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se recibió la contestación de la psicóloga de Atención del Centro Vive Diferente del Sistema DIF Cozumel, mediante la cual informó que María del Rosario Aguilar Jiménez, no acudió al proceso psicológico ordenado mediante sentencia de quince de julio del año dos mil dieciséis, y toda vez que las terapias que tomaron el aquí tercero interesado y la menor fueron realizadas en el año dos mil dieciséis, consideró que no se encontraban vigente a la situación actual de las partes, por lo que el Juez responsable determinó solicitar nuevamente a dicho Centro, se sirviera asignar personal y un espacio dentro de las instalaciones de la referida institución, para que de forma semanal brindara terapias psicologías a María del Rosario Aguilar Jiménez, Vicente Hoil Xix y la menor inmiscuida. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Coordinador del Centro Vive Diferente Sistema DIF Cozumel, informando las personas que llevarían a cabo las terapias de las partes así como las fechas y horas de las mismas, por lo que se procedió a realizar la notificación a las partes a fin de que comparezcan al Centro Vive Diferente en las fechas y horarios establecidos. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Coordinador del Centro Vive Diferente Sistema DIF Cozumel, informando que ni la quejosa ni el aquí tercero interesado con la menor acudieron a sus terapias psicológicas programadas, por lo que de nueva cuenta, se giró oficio a dicho Centro a fin de que asigne personal a si cargo y un espacio en sus instalaciones para que brinde de forma semanal terapias psicológicas a María del Socorro Aguilar Jiménez, Vicente Hoil Xix y la menor de iniciales K.A.H.A. De lo expuesto, se evidencian las gestiones realizadas por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento a la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 429/2015; lo que a su vez corrobora la inexistencia del acto reclamado. Lo anterior es así, pues de las constancias relacionadas se advierte que el Juez de Instrucción responsable, se encuentra realizando las gestiones conducentes a fin de que estar en aptitud de verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva materia del incidente de ejecución de sentencia 12/2022, dado que se encuentra corroborando que se reúnan las condiciones establecidas en el aludido fallo para continuar con el procedimiento de ejecución respecto las convivencias de la menor con su madre (aquí quejosa). En efecto, para llegar a estar en aptitud de requerir el cumplimiento de la sentencia, consideró necesario verificar terapias psicológicas semanales a las partes María del Rosario Aguilar Jiménez, Vicente Hoil Xix y la menor inmiscuida, pues desde la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis se ordenaron, sin que en el caso la aquí quejosa las hubiera completado, y por lo que respecta al tercero y la menor si bien las llevaron a cabo las mismas fueron practicadas desde el dos mil dieciséis, no contaban con validez a la situación actual dado el tiempo transcurrido; asimismo, estimó necesario tomar en cuenta la actual situación emocional y psicológica de menor a fin de verificar las visitas y convivencias de la misma con su madre María del Rosario Aguilar Jiménez. Por tanto, si bien no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva materia del incidente de ejecución de origen, esto es porque el juez de instrucción está realizando las acciones para que la ejecución del fallo definitivo no sea contrario al interés superior de la menor y se realice cumpliendo con las condiciones que se fijaron en la citada resolución. Luego, de los medios de prueba que aporto la quejosa como lo es la instrumental de actuaciones, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no aporta dato alguno que permita arribar a una conclusión distinta a la referida. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la parte quejosa que acredite la existencia de los actos en estudio. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no ofreció prueba idónea para efecto de desvirtuar la afirmación de las autoridades responsables; en tal razón, al estar demostrada la inexistencia de los actos reclamados por la parte quejosa, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia que, en virtud de no contravenir con la Ley de Amparo vigente, se cita: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María del Socorro Aguilar Jiménez, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, mediante la cual la Administradora de Gestión Judicial adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, devuelve diligenciado el despacho 141/2022-I, orden 222/2022-I del índice de este juzgado, librado en el presente juicio a fin de emplazar al tercero interesado Vicente Hoil Xix, y acúsese el recibo correspondiente.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Administradora de Gestión Judicial adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 142/2022-I, orden 223/2022-I del índice de este juzgado, librado en el presente incidente de suspensión a fin de notificar al tercero interesado Vicente Hoil Xix, la suspensión provisional decretada en auto de doce de mayo de dos mil veintidós; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento toda vez que en auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida vía electrónica y se acordó lo conducente.

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