María del Sagrario García Tornell

Expediente 2500/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 27 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2500/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • María del Sagrario García Tornell
  • Junta Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por omisión del oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se excluyó la baja de la comunicación oficial enviada en la estadística correspondiente. NÚMERO DE ORDENNÚMERO DE ORIGENTIPO DE COMUNICACIÓNEXPEDIENTE116/201596/2015Despacho1605/2015 En consecuencia, toda vez que el presente expediente se ordenó al archivo el doce de noviembre de dos milquince, instrúyase al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de realizar la correspondiente baja de la comunicación respectiva. Finalmente, devuélvase al archivo; lo anterior, para los efectos legales que tenga lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a recoger los documentos fundatorios que aportó al procedimiento; apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los exhortos 18/2019 y 19/2019 del índice de este Juzgado, los cuales fueron devueltos sin diligenciar por los Juzgados Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, respecto de los cuales se proveyó lo conducente. En esas condiciones, regístrense y dénse de baja en el libro de gobierno correspondiente los exhortos de mérito y acúsese estilo de recibo correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTO LO DE CUENTA, ESTE ASUNTO NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Secretaria en Funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 28/2019 del índice de este Juzgado de Distrito, donde consta la constancia de notificación por lista de ocho de marzo del año en curso, previo citatorio, al tercero interesado Sevismar Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable; el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda. Dado lo anterior se ordena dar de baja el referido exhorto en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Sin que se acuse de recibo al citado órgano jurisdiccional por así haberlo solicitado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente asunto se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. A lo que se provee lo siguiente: En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama como acto destacado la omisión de las autoridades responsables de proveer lo conducente respecto de la competencia para conocer de su demanda laboral radicada bajo el número 39/2015-F en la Sexta Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, toda vez que no obstante que desde el veinte de noviembre de dos mil quince se declaró fundado el incidente de incompetencia ahí planteado y que se ordenó remitir dicho expediente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, no se ha emitido acuerdo alguno al respecto. Por su parte, de las documentales remitidas en copia certificada por las autoridades responsables, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se aprecia lo siguiente: Mediante oficio 1000/1097/2018-F de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Presidenta Auxiliar de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco remitió el referido expediente laboral 39/2015-C a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guadalajara. El Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó un acuerdo el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual: tuvo por recibido el expediente que remitió por incompetencia la citada Sexta Junta Especial y se avocó al conocimiento del mismo; lo registró bajo el número 3117/2018; señaló las nueve horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil diecinueve para la audiencia para las pláticas conciliatorias y las nueve horas del quince de mayo siguiente para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y ordenó la notificación a las partes actora y demandada vía exhorto. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, se desprende con claridad que han cesado los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción y artículo en estudio. Lo anterior es así, en razón de que el reclamo fundamental del peticionario de garantías es que la Junta Federal no se había pronunciado en el sentido de aceptar o no la competencia que le fue declinada por la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje; de ahí que se ya consta en autos que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje se avocó al conocimiento de la demanda laboral de mérito, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". También resulta aplicable la tesis que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las once horas del cuatro de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, debiendo corrérsele traslado con copia simple de las constancias que se adjuntaron al oficio número 08.17-1121/2019, mediante el cual la autoridad responsable, remitió diversas documentales, para los efectos legales a que haya lugar.

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