María del Rosario Zenteno Sánchez
Expediente 222/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 52 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 05/07/2018
Partes del expediente
- María del Rosario Zenteno Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de julio de dos mil dieciocho. Se tienen por recibidos los autos con el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residente en esta ciudad, y testimonio de ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión número 76/2018. Acúsese recibo. Al resolver el recurso de revisión interpuesto, el referido tribunal colegiado CONFIRMÓ aunque por diversa causal de improcedencia, la resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ****, contra los actos que reclamó del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia (fojas 463-468) y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que ya obran las constancias de notificación del proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 463-468), en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, así como del diverso auto de quince de febrero de dos mil dieciocho (foja 480), relativo a la interposición del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en este asunto. En tales condiciones, al estar debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho (foja 480), remítase el presente expediente, el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en turno del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del aludido recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, asimismo, déjese constancia de este acto en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN contra la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia este asunto; con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de la materia, distribúyase entre las partes copia del ocurso de referencia. Oportunamente, remítanse los autos y el escrito original de agravios con copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos de la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos en específico la demanda de amparo, de la que se desprende que el acto reclamado hecho valer por la quejosa lo constituye: "...La omisión de citar o hacer comparecer con la finalidad de realizar mi declaración ministerial (cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación) a la peticionaria de garantías dentro de la carpeta de investigación número 0445-101-0101-2016...." Al respecto, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión del Ministerio Público de citarla o hacerla comparecer con la finalidad de rendir su declaración ministerial, dentro de la carpeta de investigación 0445-101-0101-2016, por lo que, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan, una afectación definitiva a la esfera jurídica, del impetrante de amparo. Por su parte, los numerales 16 y 21 de la Constitución General de la República disponen: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." "ARTÍCULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De los artículos constitucionales citados, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde a los agentes del Ministerio Público, dependientes del Procurador General de Justicia del Estado investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal en contra de la aquí quejosa, cuando encuentran que se reúnen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad; cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público dependiente de dicha Procuraduría, actúa como órgano acusador y los indiciados no tienen la calidad de partes, pues como se dijo el representante social investiga hechos, para tratar de determinar la identidad de los probables responsables, además que la determinación del Ministerio Público en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los indiciados son los responsables, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad competente, a resolver en un sentido determinado. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si, por mandato constitucional el Ministerio Público adscrito a cualquiera de las agencias de investigación que existen dentro del organigrama de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; dado que la integración de las carpetas de investigación previas es de orden público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito. De ahí que, la integración de la carpeta de investigación, así como los actos inherentes a la misma como lo es la omisión de citar o hacer comparecer a la hoy quejosa con la finalidad de que rinda su declaración ministerial dentro de la carpeta de investigación 0445-101-0101-2016, no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación, pues como quedó precisado líneas arriba, de conformidad con el artículo 21 constitucional, es facultad del Ministerio Público iniciar las averiguaciones que den como resultado hechos constitutivos de delitos, sin que sea necesario citar a los probables responsables a fin de que comparezcan ante la autoridad ministerial, por la presunta comisión de un delito, dado que como se apuntó la investigación ministerial puede continuar y concluir sin la presentación del indiciado. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 154/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2006, Novena época, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." (Lo subrayado no es de origen) De igual forma, por analogía, la jurisprudencia número 11, visible en la página 689, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Asimismo, tiene aplicación por analogía, la tesis 8 P, visible a fojas 264, tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 Constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedentes el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales.". De igual manera, tiene aplicación por analogía, la tesis XXIII.1o.24 P, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a foja 1745, Tomo XIX, mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN ACTOS U OMISIONES EN SU INTEGRACIÓN. No obstante que por reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 21 constitucional fue adicionado en el sentido de establecer la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público, tal impugnación sólo es factible tratándose del no ejercicio y del desistimiento de la acción penal, de tal suerte que si de las constancias de autos se advierte que el representante social se encuentra integrando la averiguación previa correspondiente, a través de ciertas diligencias encaminadas a comprobar el cuerpo del delito denunciado, así como la probable responsabilidad del inculpado, resulta evidente que la indagatoria respectiva se encuentra aún en su fase de integración, y en ese tenor, el amparo es improcedente en la medida en que no se trata de actos que se refieran, por ejemplo, a medidas y providencias de seguridad y auxilio a las víctimas de un delito, o al aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que están afectos a la reparación del daño, en cuyo caso pudieran afectarse derechos e intereses legítimamente tutelados en su favor; en otras palabras, si los actos reclamados se hicieron consistir en diversas omisiones, tales como no efectuar algunos requerimientos, citar y hacer comparecer al inculpado principal o emplear las medidas de apremio para lograr diversas comparecencias, que se atribuyen a la representación social durante la integración de la averiguación, carecen de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues si aún no se ha dictado resolución sobre el no ejercicio de la acción penal, menos aún puede sostenerse si las violaciones (actos u omisiones) cometidas durante la averiguación, privaron a la víctima o al ofendido por algún delito de los derechos que la ley le concede, pues la resolución del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal puede ser impugnada junto con las violaciones del procedimiento. Luego, las consideraciones expuestas conducen a sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 73, fracciones XV y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 74, fracción III y 114, fracción II, de ese ordenamiento legal." En efecto, el Fiscal responsable al rendir su informe justiciado manifestó, que se encuentra integrando la carpeta de investigación 0445-101-0101-2016, la cual se encuentra etapa de integración e investigación de los hechos denunciados (foja 157). La cual, demuestra por sí en esta etapa del juicio de amparo que no se le irroga perjuicio al quejoso, pues ya tiene conocimiento de los datos de la carpeta de investigación y se encuentra en la más amplia facultad de comparecer si lo desea, y sólo, en el caso hipotético que le fuere negado el acceso, tornaría de imposible reparación tal circunstancia y por ende, se actualizaría el supuesto de procedencia que prevé el numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo cual adquiere relevancia en el caso concreto, cuenta habida que no ha sido citada a declarar la quejosa y por tanto, ésta no tiene la calidad de parte, ya que el fiscal sólo está investigando hechos. Y aún de que el fiscal determinará que los hechos en comento son probablemente constitutivos de delito y que la indiciada probablemente los cometió, ello, sólo constituye una opinión que no obliga al Juez de Control competente a resolver en determinado sentido. Todo lo anterior, que se encuentra corroborado con el contenido del numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en su tercer párrafo establece determinadamente que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación en tres supuestos: Cuando se encuentre detenido; Cuando sea citado a comparecer; y, Cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista y en términos del ordinal 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Supuestos, los que, no se actualizan en el caso particular acorde con el informe del fiscal responsable, pues, hasta el momento, de su emisión, no se había citado a la quejosa, u ocasionando un acto de molestia. De ahí que este juzgador determine la ausencia de perjuicio de la promovente de este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis 172 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, noviembre de 2017, libro 48, tomo III, página 1958, Mayo de 2002, , con número de registro 2015566, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley". No se soslaya el hecho que los actos reclamados pueden tener vinculación con cuestiones relativas a la garantía de defensa, en razón de que éstos no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sus efectos pueden ser reparados; sin embargo, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del máximo tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Apoya a lo anterior, la diversa jurisprudencia. 64/2014, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del libro 13, tomo I, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2014, del tenor literal siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Así es, como uno de los criterios que da sustento a esta determinación constituye jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no es susceptible de someterse al control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, como lo es este juzgado de distrito, de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador común cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Por tanto, la omisión de citar a la quejosa o hacerla comparecer ante el ministerio público, no le ocasiona un perjuicio a la parte quejosa para la procedencia del juicio de amparo, ya que es necesario que el acto reclamado le cause una afectación en su esfera jurídica. En efecto conviene precisar, que de las constancias que obran en autos, se advierte que no se le ha negado a la quejosa María del Rosario Zenteno Sánchez, el acceso a la carpeta de investigación número 0445-101-0101-2016, del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección del Sistema Penal Acusatorio, residente en esta ciudad, no obstante la parte quejosa tiene conocimiento del número de investigación y del nombre de la autoridad ante la cual se lleva la misma, por lo que, la quejosa podrá comparecer ante el Ministerio Público y hacer valer los derechos correspondientes. Por lo que, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para diez horas con cuarenta minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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