Maria del Rosario Villalon

Expediente 342/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
342/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Villalon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE:Visto el escrito de demanda de amparo y aclaratorio relativo, signados por María del Rosario Villalón, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas; atento a su contenido, se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en el presente expediente. En consecuencia, al encontrarse registrada con la partida 342/2017-IV-A, continúese el trámite con ése número. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni a tramitar la demanda de garantías, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente. Del precepto legal antes descrito, se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Entonces, el juicio de amparo será improcedente si el quejoso omite observar el principio de definitividad, lo cual se traduce en que el Órgano de Control Constitucional se encontrará impedido para analizar el fondo del asunto si la ley que regula al acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, a través del cual las partes del juicio natural puedan obtener la revocación, modificación o nulificación del o los actos reclamados, previo a la promoción del juicio de garantías; debiendo entenderse por la expresión "procedimiento" a la pluralidad de tipos de procedimiento que se suscitan en uno o más procesos judiciales, y por "ley" a los ordenamientos legales que guardan relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimiento o instrucción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. En esa tesitura, de la lectura integral de demanda de garantías y escrito aclaratorio relativo, se advierte que la parte quejosa, parte formal en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario número 965/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas, en dieciséis de marzo del año próximo pasado, compareció a promover incidente de liquidación de sentencia, solicitando como medida precautoria a su favor una pensión alimenticia hasta por el cincuenta por ciento de las prestaciones que percibe su entonces cónyuge, solicitud que le fue denegada mediante resolución de seis de marzo del actual, siendo esta la determinación que constituye el principal acto reclamado. Ahora en la especie, esta Juzgadora, estima que en el caso se surte la causal de improcedencia antes invocada, pues en la especie la parte quejosa, como parte formal en el procedimiento de origen, previo a promover esta demanda de garantías debió interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 926, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, como se desprende enseguida. Los artículos 146, 926, 927 y 928 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, disponen lo siguiente. Expuesto lo anterior, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que en contra la interlocutoria que resuelve el incidente sobre liquidación de sentencia interpuesto por la quejosa, procede el recurso de apelación de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146, 926, 927 y 928 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Ello es así, porque en términos de los artículos 146 y 928 del citado código, procede el recurso de apelación contra los autos o interlocutorias que resuelven un incidente siempre y cuando proceda dicho medio ordinario de defensa en contra de la sentencia dictada en primera instancia. Ahora, no se soslaya que la interlocutoria reclamada haya sido emitida fuera de procedimiento, es decir una vez concluido el mismo, en etapa de ejecución de sentencia, pues en ese aspecto debe decirse que existen actos dictados en ejecución de sentencia y para ejecución de sentencia. Los primeros si bien son emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, no tienen por objeto de manera directa e inmediata dicha ejecución, sino que son actos autónomos. Mientras que los segundos sí tienen como finalidad directa e inmediata la referida ejecución de sentencia. De ahí que, si bien es cierto el artículo 665 del código de procedimientos civiles vigente en la entidad, dispone que las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia solo son recurribles en apelación cuando la ley lo determine expresamente. Sin embargo, dicho precepto legal se debe interpretar de manera armónica y sistemática, en el sentido de que las resoluciones que son irrecurribles en dicha etapa son aquellas que van encaminadas de manera directa e inmediata a la ejecución de sentencia. Lo anterior tiene su sustento porque de permitirse la interposición de un medio ordinario de defensa contra cualquier auto dictado en la etapa de ejecución y que tengan como propósito de manera directa e inmediata a la ejecución de la sentencia, se prolongaría dicha ejecución con motivo de la interposición de dichos recursos, y a la vez se postergaría el dictado de la resolución definitiva dictada en dicha etapa. El anterior razonamiento se trae en lo conducente del contenido del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio constitucional, es procedente tratándose de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Siendo que en el caso a estudio el acto reclamado, si bien, se emitió en la etapa de ejecución de sentencia, sin embargo, no va encaminado directamente a la ejecución de la misma, pues se trata de una resolución autónoma, dictada en un incidente en el que se planteó una incidencia, relacionada con los alimentos solicitados por la impetrante de amparo, de ahí que no se está en la hipótesis prevista en el artículo 665 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Además, cabe señalar que la circunstancia de que un acto sea de imposible reparación, no exime al quejoso de agotar el principio de definitividad. Ello es así, porque la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos, autónomos, que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en tratándose de actos de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; y la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Bajo esta tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, POR MANIFIESTA Y NOTORIA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MARÍA DEL ROSARIO VILLALÓN.

  3. Principal

    MESA IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    MESA IV-A NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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