María del Rosario Viera Toriz

Expediente 2608/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2608/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Viera Toriz

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelve sin diligenciar el despacho 120/2023-III, orden 254/2023-III, del índice de este Juzgado de Distrito relativo al juicio de amparo indirecto 230/2022 que se le envió a efecto de hacer entrega de los oficios 4351-III y 4352-III de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, a los particulares Enrique Páramo García y Luis Hernández, con domicilio en Condominio Maestro "Los Veneros", el cual está ubicado aproximadamente en el Kilómetro 8.3 de la Carretera Federal de la Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita- dentro del Desarrollo Costa de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por las razones que en el mismo expone; dese de baja en el libro de exhortos y despachos y acúsese recibo de estilo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese de nueva cuenta atento despacho, al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, en turno, para que por su conducto y en auxilio de la Justicia Federal, ordena a quien corresponda haga entrega de los oficios 4351-III y 4352-III de ocho de septiembre de dos mil veintitrés y copia certificada de la sentencia de la misma fecha, a los particulares Enrique Páramo García y Luis Hernández, con domicilio en Condominio Maestro "Los Veneros", el cual está ubicado aproximadamente en el Kilómetro 8.3 de la Carretera Federal de la Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita- dentro del Desarrollo Costa de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que sean debidamente notificados de la referida sentencia. En la inteligencia que si los referidos particulares se niegan a recibir dichos comunicados, el notificador adscrito a ese Juzgado, deberá hacerles del conocimiento que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación si subsiste la negativa y asentará la razón en la constancia respectiva. En el entendido de que la citada autoridad jurisdiccional, dentro del término de cuarenta y ocho horas, deberá remitir las constancias que acrediten lo anterior, o en su caso, informar si tiene impedimento legal para ello, debiendo levantar para tal efecto la constancia respectiva; apercibida que de no hacerlo, se hará uso en su contra de los medios de apremio previstos en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, tramítese el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 71/2023, promovido por ANDREA ANAHÍ RIVERA RODRÍGUEZ, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, y otra autoridad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, será sancionada con una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo se niega a la quejosa ANDREA ANAHÍ RIVERA RODRÍGUEZ la suspensión provisional de los actos reclamados que hace consistir en: "b). La determinación emitida por el Secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, consistente en la cancelación y/o baja y/o cese de mi plaza administrativa y falta de pago de mis salarios. c). En vía de consecuencia, la ejecución de la determinación mediante orden verbal" Toda vez que a dichos actos les reviste el carácter de consumados y, contra estos, es improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 12, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." De igual forma, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa del acto reclamado que hace consistir en: "a). La falta de llamamiento y/o emplazamiento al procedimiento administrativo o de cualquier otra índole, radicado ante la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. Toda vez que dicho acto, según se advierte del texto de su escrito de demanda, revisten el carácter de acto omisivo y, contra éste, es improcedente conceder la medida cautelar solicitada. De ahí que al ser de esta naturaleza el acto reclamado, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada bajo el principio de la apariencia del buen derecho, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Es aplicable la tesis en Materias Común, ubicada en la página 1912, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, Tomo 3, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS". Asimismo, para los efectos y consecuencias que derivan de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo se niega a la quejosa ANDREA ANAHÍ RIVERA RODRÍGUEZ la suspensión provisional, toda vez es improcedente conceder la misma, dado que de así hacerlo se afectaría el interés social y se contravendría disposiciones de orden público. En efecto, la parte quejosa solicita la medida cautelar de mérito con el objeto de ser restituida del cargo que desempeñaba como Trabajadora en la plaza de Oficial Administrativa adscrita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como de los haberes económicos que percibía hasta antes de su cese. En ese orden de ideas, como se señaló en párrafos anteriores el cese de funciones es un acto consumado y la suspensión no tiene efectos restitutorios, y por otro lado, el orden público y el interés general se pronuncian en el sentido de que la percepción de sueldos debe corresponder exclusivamente a los servidores del Estado, que efectivamente desempeñan con el respectivo nombramiento y requisitos legales en vigor, los empleos que los originan, así como en el sentido de que las partidas presupuestales no se apliquen ni transitoria ni definitivamente, a otros fines distintos de los de aquellos para los que fueron creados, siguiendo el principio de que toda remuneración o compensación del Estado, debe corresponder a un servicio prestado al mismo. En razón a lo anterior, no es posible que con la medida cautelar solicitada se ordene a las responsables a que continúen proporcionando a la quejosa las prestaciones que percibía como como Trabajadora en la plaza de Oficial Administrativa adscrita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Nayarit, dado que sería darle efectos restitutorios a la suspensión provisional y se constituiría un derecho en favor de la quejosa, lo que no es propio de la citada medida cautelar sino de la sentencia definitiva. De igual forma, se insististe, se afectaría el orden público y el interés social dado que esas prestaciones que reclama únicamente las reciben los servidores públicos que desempeñan con el respectivo nombramiento y requisitos legales en vigor, los empleos que los originan, por lo que si la quejosa fue cesada de forma definitiva de su función, como lo señala en su escrito de demanda, por ende, a través de la medida cautelar en análisis no es posible obligar a las autoridades responsables a que le continúen proporcionando dichas prestación y remuneración económica. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J.43/2013 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2003423 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 43/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1531 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE ALGÚN INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL AYUNTAMIENTO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2004, estableció que sólo procede conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la sanción de suspensión temporal de servidores públicos, no así en relación con su cese, pues en este último caso se afecta el interés público. En ese sentido, como la revocación del nombramiento de algún integrante del Tribunal de Arbitraje del Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, se equipara al cese o separación del cargo de un servidor público, por no reunir los requisitos constitucionales o legales para ocuparlo, o bien, por su falta de idoneidad para desempeñarlo, es improcedente conceder la suspensión provisional contra dicho acto porque, de concederse, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al permitir que la función jurisdiccional del Estado la ejerza quien se encuentra legalmente impedido para ello." De igual forma, se cita de forma ilustrativa la tesis aislada sustentada por la Otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos, texto y rubro, siguientes: "Registro digital: 377502 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVIII, página 949 Tipo: Aislada EMPLEADOS PUBLICOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA SU CESE. Debe negarse la suspensión que solicite un empleado público contra su cese y contra la orden para que no se le sigan pagando sus sueldos, en virtud de que por una parte el cese es un acto consumado y la suspensión no tiene efectos restitutorios, y por otra, el orden público y el interés general se pronuncian en el sentido de que la percepción de sueldos debe corresponder exclusivamente a los servidores del Estado, que efectivamente desempeñan con el respectivo nombramiento y requisitos legales en vigor, los empleos que los originan, así como en el sentido de que las partidas presupuestales no se apliquen ni transitoria ni definitivamente, a otros fines distintos de los de aquellos para los que fueron creados, siguiendo el principio de que toda remuneración o compensación del Estado, debe corresponder a un servicio prestado al mismo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. En atención a lo que solicita, en el sentido de que se le autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario "jusciceron", para la consulta del expediente en esa vía. De igual forma, se le autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña a la copia del escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento de celebrarse la audiencia incidental. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Por último, cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el primer oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en Tepic, y anexo que acompaña, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, con su contenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede notificada del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Por otra parte, agréguese a sus autos el segundo oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en Tepic, y anexo que acompaña, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede.

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