Maria del Rosario Uribe Lozano

Expediente 199/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
199/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Uribe Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense al presente expediente el oficio y anexo remitidos por la delegada de la autoridad señalada como responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte que de las constancias remitidas, se aprecia copia certificada de la notificación personal de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno efectuada a Pablo Alberto Minjarez Vega, autorizado de la quejosa, relativa a la respuesta emitida en doce de marzo de dos mil veintiuno, dirigida a María del Rosario Uribe Lozano, en atención a la petición efectuada el veinte de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, de la certificación secretarial se desprende que la quejosa en el presente juicio de amparo señaló como acto reclamado la omisión y dilación de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada en veinte de febrero de dos mil diecinueve, por María del Rosario Uribe Lozano, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en la omisión y dilación de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada en veinte de febrero de dos mil diecinueve, por María del Rosario Uribe Lozano, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ha cesado sus efectos, toda vez que en dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo promovida por la impetrante en veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se notificó personalmente a Pablo Alberto Minjarez Vega, autorizado de la quejosa, la respuesta emitida en doce de marzo de dos mil veintiuno, dirigida a María del Rosario Uribe Lozano, en atención a la petición efectuada el veinte de febrero de dos mil diecinueve. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, quedan sin efecto las providencias decretadas; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la delegada de las autoridades señaladas como responsables, mediante el cual acusa recibo de los oficios 7034/2021, 7035/2021, 7036/2021 y 7039/2021, girados en auto de veinticinco de febrero de la presente anualidad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En ese orden, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día en que reciban el oficio en el que se les notifica el contenido del presente acuerdo, acusen el recibo correspondiente, el que podrán remitirlo por correo ordinario al domicilio ubicado en avenida Paseo de los Héroes, número 10540, octavo piso, Zona Río, código postal 22010,Tijuana, Baja California o por correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándoles que hagan referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se les remite para una mejor identificación del mismo; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá la multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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