María del Rosario Toledo González

Expediente 297/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
297/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Toledo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 297/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable deje insubsistente - únicamente por cuanto a la parte quejosa se refiere-, la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 762/2013/M-V del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Lorenzo González Uscanga, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional del 50% (cincuenta por ciento) para dejarlo en 25%; el 20% (veinte por ciento) a la quejosa María del Rosario Toledo González y el 5% (cinco por ciento) a Sandra Selene González Toledo del sueldo y demás prestaciones que percibe y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la Litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos los acreedores, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los acreedores. b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario Lorenzo González Uscanga, así como de María del Rosario Toledo González y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. e) Realice gestiones para verificar si el deudor alimentario cuenta con otros ingresos." En esas condiciones, mediante auto de uno de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de cinco de septiembre del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 3955 signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, por el cual hizo del conocimiento de este juzgado que mediante proveído de ocho de agosto de la presente anualidad, dejó insubsistente -únicamente por cuanto hace a la quejosa se refiere- la resolución pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós dictado en los autos del juicio ordinario civil 762/2013, y turnó los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Posteriormente, mediante oficio 4349 de fecha diecinueve de agosto del actual, la juez responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma data, del cual se aprecia que, al resolver de nueva cuenta el recurso planteado, en primer lugar, declaró parcialmente fundada la reclamación interpuesta por LORENZO GONZÁLEZ USCANGA (aquí tercero interesado) en contra de la medida provisional alimentaria decretada a favor de su hija SANDRA SELENE GONZÁLEZ TOLEDO, por lo cual determinó modificar dicha medida provisional del 25 % (veinticinco por ciento) al porcentaje del 5% (cinco por ciento). Ahora, por cuanto a la aquí quejosa se refiere, la juez responsable declaró infundada la reclamación hecha valer por LORENZO GONZÁLEZ USCANGA, en contra de la medida provisional alimenticia decretada a favor de su cónyuge MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, en el auto de radicación de veinticinco de abril de dos mil trece; por tanto CONFIRMÓ la medida provisional decretada en dicho auto, consistente en el 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe actualmente el demandado, como jubilado del ISSFAM, lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primero término, la Juez de primera instancia hizo una relación de los agravios manifestados por el reclamante, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales y documentos exhibidos. Es así que del análisis particular del derecho de alimentos solicitado por MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, como esposa del demandado, la juez resolvió que se encuentra justificada; lo anterior al quedar acreditada la relación de matrimonio que guardaba con el reo, con el acta de matrimonio número 00190 de fecha de veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, expedida por el Encargado del Registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, así como las manifestaciones realizadas en su escrito inicial de demanda, las cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 320 y 337 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De igual forma, de las manifestaciones vertidas por la actora al desahogar la vista del escrito de reclamación, y valorados en términos del 320 del referido código procesal, la juez señaló que la actora cuenta con los rubros de habitación y servicio médico; lo cual quedó acreditado con la Constancia de Afiliación y Designación de Beneficiarios, y la copia de carnet de afiliación, ofrecidas como pruebas por el demandado en su escrito de reclamación. Ahora al analizar los argumentos sustentados por el demandado relativos a que la aquí quejosa, no acredita la necesidad de los alimentos y éstos deben ser reducidos al veinte por ciento, ya que labora para la Limpia pública del Ayuntamiento de Veracruz, y que viven separados desde hace más de veinte años; la juez consideró que no existe prueba alguna que acredite fehacientemente que la actora desempeñe la actividad laboral que refiere el reclamante. Por otra parte, de las manifestaciones realizadas por las partes en el juicio, se puede advertir que mientras el demandado pudo desarrollarse en el mercado laboral, al haber sido miembro activo dela Fuerza Armadas de México, encontrándose actualmente pensionado de dicha dependencia, la actora se dedicó al cuidado de sus hijos y de su hogar, puesto que no se encuentra justificado en autos que esta última se desempeñara antes y después de la separación de su esposo, una actividad laboral que le brindara retribuciones económicas, quedando demostrada la asimetría que existe entre las partes, figurando como persona vulnerable la actora, quedando en un estado de desigualdad dados los roles desempeñados durante su matrimonio, así como su estado de necesidad para percibir alimentos provisionales por parte de su cónyuge y de esa manera quede garantizada su subsistencia al ser el rubro de alimentos de primera necesidad y que son necesidad de momento a momento por dicha acreedora alimentaria. Por cuanto a lo manifestado por el demandado, que tiene otros acreedores alimentarios, si bien justificó en autos tener a su hijo de iniciales J.J.G.R., quien es menor de edad, quien tiene garantizados sus alimentos con la pensión alimenticia decretada en su favor en el Juicio de Alimentos 1408/2015 de la Ciudad de México, en donde le descuentan el veinte por ciento de su pensión jubilatoria; también tiene a su hijo de iniciales E.S.G.V., procreado con su actual pareja, quien también es su dependiente económico, con quienes habita en su domicilio ubicado en Fraccionamiento Arboledas Norte de la ciudad de Veracruz; que su hijo E.S.G.V., cursa el tercer año de kínder, y que paga renta de dos mil pesos mensuales; sin embargo, tales circunstancias no conllevan a establecer que la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora, incumpla con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil vigente en el Estado, y deba regraduarse, ya que el demandado no acredita aún de manera indiciaria, que por ese concepto su capacidad económica se encuentre disminuida y se contraponga con la pensión provisional establecida a favor de la actora (quejosa), máxime que no se encuentra justificado el importe total de sus gastos personales y los de su menor hijo E.S.G.V.. Aunado a lo anterior, la jueza responsable advirtió que mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desistida a la co-actora SANDRA SELENE GONZÁLEZ TOLEDO, a su entero perjuicio, de la demanda intentada en contra del demandado, dejando sin efecto la pensión alimenticia provisional decretada a su favor, consistente en veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe dicho deudor alimentista como jubilado del ISSFAM, subsistiendo el veinticinco por ciento a favor de la actora MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, lo que evidentemente incrementa el alcance líquido de percepciones del demandado; por lo que la jueza estimó que con el remanente de sus percepciones, posteriores al descuento del veinticinco por ciento de la pensión asignada a favor de la aquí quejosa, le son suficientes para sufragar sus necesidades personales y las de su menor hijo E.S.G.V. Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que las partes hasta el momento en que resolvió la reclamación planteada, no han aportado mayores elementos que los ya mencionados, y dado que el demandado LORENZO GONZÁLEZ USCANGA, no logró acreditar con prueba alguna hasta ese momento procesal, que la pensión alimenticia provisional decretada en autos a favor de la actora MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, consistente en el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado del ISSFAM, resulte inequitativa y excesiva, y mucho menos que su cumplimiento le imposibilite para sufragar sus necesidades personales; con apoyo además de los establecido en los artículos 210 del Código Procesal Civil, 233, 239, 240, 242 y relativos del Código Civil vigente en el Estado, y sin perjuicio de lo que se llegue a pronunciar en sentencia, la juez responsable DECLARÓ INFUNDADA la reclamación de alimentos hecha valer por el demandado y CONFIRMÓ la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente por auto de veinticinco de abril de dos mil trece, consistente en el 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe actualmente el demandado (aquí tercero interesado) LORENZO GONZÁLEZ USCANGA, como jubilado del ISSFAM. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria, Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica al tercero interesado Lorenzo González Uscanga, e contenido del proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable deje insubsistente - únicamente por cuanto a la parte quejosa se refiere-, la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 762/2013/M-V del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Lorenzo González Uscanga, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional del 50% (cincuenta por ciento) para dejarlo en 25%; el 20% (veinte por ciento) a la quejosa María del Rosario Toledo González y el 5% (cinco por ciento) a Sandra Selene González Toledo del sueldo y demás prestaciones que percibe y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la Litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos los acreedores, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los acreedores. b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario Lorenzo González Uscanga, así como de María del Rosario Toledo González y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. e) Realice gestiones para verificar si el deudor alimentario cuenta con otros ingresos." En esas condiciones, mediante auto de uno de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de cinco de septiembre del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 3955 signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, por el cual hizo del conocimiento de este juzgado que mediante proveído de ocho de agosto de la presente anualidad, dejó insubsistente -únicamente por cuanto hace a la quejosa se refiere- la resolución pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós dictado en los autos del juicio ordinario civil 762/2013, y turnó los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Posteriormente, mediante oficio 4349 de fecha diecinueve de agosto del actual, la juez responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma data, del cual se aprecia que, al resolver de nueva cuenta el recurso planteado, en primer lugar, declaró parcialmente fundada la reclamación interpuesta por LORENZO GONZÁLEZ USCANGA (aquí tercero interesado) en contra de la medida provisional alimentaria decretada a favor de su hija SANDRA SELENE GONZÁLEZ TOLEDO, por lo cual determinó modificar dicha medida provisional del 25 % (veinticinco por ciento) al porcentaje del 5% (cinco por ciento). Ahora, por cuanto a la aquí quejosa se refiere, la juez responsable declaró infundada la reclamación hecha valer por LORENZO GONZÁLEZ USCANGA, en contra de la medida provisional alimenticia decretada a favor de su cónyuge MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, en el auto de radicación de veinticinco de abril de dos mil trece; por tanto CONFIRMÓ la medida provisional decretada en dicho auto, consistente en el 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe actualmente el demandado, como jubilado del ISSFAM, lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primero término, la Juez de primera instancia hizo una relación de los agravios manifestados por el reclamante, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales y documentos exhibidos. Es así que del análisis particular del derecho de alimentos solicitado por MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, como esposa del demandado, la juez resolvió que se encuentra justificada; lo anterior al quedar acreditada la relación de matrimonio que guardaba con el reo, con el acta de matrimonio número 00190 de fecha de veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, expedida por el Encargado del Registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, así como las manifestaciones realizadas en su escrito inicial de demanda, las cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 320 y 337 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De igual forma, de las manifestaciones vertidas por la actora al desahogar la vista del escrito de reclamación, y valorados en términos del 320 del referido código procesal, la juez señaló que la actora cuenta con los rubros de habitación y servicio médico; lo cual quedó acreditado con la Constancia de Afiliación y Designación de Beneficiarios, y la copia de carnet de afiliación, ofrecidas como pruebas por el demandado en su escrito de reclamación. Ahora al analizar los argumentos sustentados por el demandado relativos a que la aquí quejosa, no acredita la necesidad de los alimentos y éstos deben ser reducidos al veinte por ciento, ya que labora para la Limpia pública del Ayuntamiento de Veracruz, y que viven separados desde hace más de veinte años; la juez consideró que no existe prueba alguna que acredite fehacientemente que la actora desempeñe la actividad laboral que refiere el reclamante. Por otra parte, de las manifestaciones realizadas por las partes en el juicio, se puede advertir que mientras el demandado pudo desarrollarse en el mercado laboral, al haber sido miembro activo dela Fuerza Armadas de México, encontrándose actualmente pensionado de dicha dependencia, la actora se dedicó al cuidado de sus hijos y de su hogar, puesto que no se encuentra justificado en autos que esta última se desempeñara antes y después de la separación de su esposo, una actividad laboral que le brindara retribuciones económicas, quedando demostrada la asimetría que existe entre las partes, figurando como persona vulnerable la actora, quedando en un estado de desigualdad dados los roles desempeñados durante su matrimonio, así como su estado de necesidad para percibir alimentos provisionales por parte de su cónyuge y de esa manera quede garantizada su subsistencia al ser el rubro de alimentos de primera necesidad y que son necesidad de momento a momento por dicha acreedora alimentaria. Por cuanto a lo manifestado por el demandado, que tiene otros acreedores alimentarios, si bien justificó en autos tener a su hijo de iniciales J.J.G.R., quien es menor de edad, quien tiene garantizados sus alimentos con la pensión alimenticia decretada en su favor en el Juicio de Alimentos 1408/2015 de la Ciudad de México, en donde le descuentan el veinte por ciento de su pensión jubilatoria; también tiene a su hijo de iniciales E.S.G.V., procreado con su actual pareja, quien también es su dependiente económico, con quienes habita en su domicilio ubicado en Fraccionamiento Arboledas Norte de la ciudad de Veracruz; que su hijo E.S.G.V., cursa el tercer año de kínder, y que paga renta de dos mil pesos mensuales; sin embargo, tales circunstancias no conllevan a establecer que la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora, incumpla con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil vigente en el Estado, y deba regraduarse, ya que el demandado no acredita aún de manera indiciaria, que por ese concepto su capacidad económica se encuentre disminuida y se contraponga con la pensión provisional establecida a favor de la actora (quejosa), máxime que no se encuentra justificado el importe total de sus gastos personales y los de su menor hijo E.S.G.V.. Aunado a lo anterior, la jueza responsable advirtió que mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desistida a la co-actora SANDRA SELENE GONZÁLEZ TOLEDO, a su entero perjuicio, de la demanda intentada en contra del demandado, dejando sin efecto la pensión alimenticia provisional decretada a su favor, consistente en veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe dicho deudor alimentista como jubilado del ISSFAM, subsistiendo el veinticinco por ciento a favor de la actora MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, lo que evidentemente incrementa el alcance líquido de percepciones del demandado; por lo que la jueza estimó que con el remanente de sus percepciones, posteriores al descuento del veinticinco por ciento de la pensión asignada a favor de la aquí quejosa, le son suficientes para sufragar sus necesidades personales y las de su menor hijo E.S.G.V. Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que las partes hasta el momento en que resolvió la reclamación planteada, no han aportado mayores elementos que los ya mencionados, y dado que el demandado LORENZO GONZÁLEZ USCANGA, no logró acreditar con prueba alguna hasta ese momento procesal, que la pensión alimenticia provisional decretada en autos a favor de la actora MARÍA DEL ROSARIO TOLEDO GONZÁLEZ, consistente en el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado del ISSFAM, resulte inequitativa y excesiva, y mucho menos que su cumplimiento le imposibilite para sufragar sus necesidades personales; con apoyo además de los establecido en los artículos 210 del Código Procesal Civil, 233, 239, 240, 242 y relativos del Código Civil vigente en el Estado, y sin perjuicio de lo que se llegue a pronunciar en sentencia, la juez responsable DECLARÓ INFUNDADA la reclamación de alimentos hecha valer por el demandado y CONFIRMÓ la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente por auto de veinticinco de abril de dos mil trece, consistente en el 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe actualmente el demandado (aquí tercero interesado) LORENZO GONZÁLEZ USCANGA, como jubilado del ISSFAM. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, con el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que remite copia certificada de la resolución pronunciada en fecha diecinueve de agosto del año en curso, en los autos del Juicio Ordinario Civil número 762/2013-VI de su estadística, de la cual se advierte en su tercer punto resolutivo haber declarado infundada la reclamación que hizo valer el demandado -aquí tercero interesado- en contra de la de la medida provisional alimenticia decretada a favor de su cónyuge María del Rosario Toledo González, en el auto de radicación de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe dicho deudor alimentista como jubilado del ISSFAM, omitiendo asentar en dicha resolución, si es el caso, que CONFIRMA el porcentaje alimentario inicialmente asignado a favor de la aquí quejosa. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza Cuarta de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, aclare dicho pronunciamiento, en debido acatamiento a la sentencia amparadora, e informe lo relativo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, esto es que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez y Oficial Administrativo en funciones de Actuaria Notificadora, ambas adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se les tiene informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la citada autoridad responsable, remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley.

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