María del Rosario Tapia Huerta
Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/04/2023
Partes del expediente
- María del Rosario Tapia Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Juicio de amparo 736/2022-H El tres de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la(s) autoridad(es) responsable(s) y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el once de abril de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cumplimiento al artículo 18, fracción III, inciso c), párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere a la quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, virtud que lo reclamado guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que resuelva el asunto propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Precisión y existencia de lo reclamado La impetrante imputa al Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y a diversas autoridades, los actos reclamados siguientes: La sediciente inconstitucionalidad de los artículos 10, 16, fracciones I y II, 25, fracción I, y 129 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; normativa que fue publicada en el periódico oficial de la entidad el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. La aplicación de dichos dispositivos, a través de los descuentos hechos sobre la pensión de la quejosa, bajo los conceptos de reserva técnica (deducción 76) y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (deducción 53). Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, pues así se advierte de las manifestaciones contenidas en sus informes justificados. Aunado a que la existencia de las normas generales reclamadas no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como un hecho notorio, conforme a lo dispuesto en el numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Improcedencia del juicio Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acredita perjuicio a su interés jurídico en el presente juicio. Para justificarlo es necesario traer a colación lo dispuesto en el mencionado precepto, que reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la propia ley, dispone lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]." De la lectura de dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere. En esa guisa, cabe apuntar que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general. Así, para reclamar la constitucionalidad de disposiciones generales a través de la promoción del juicio biinstancial, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato [individualización incondicionada], o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación [individualización condicionada], el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Resulta aplicable la jurisprudencia P. /J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Ahora, aunque la quejosa sostenga que tiene interés para promover el juicio de amparo, ello no la exime de acreditarlo durante la sustanciación del sumario constitucional y hasta que se dicte la sentencia correspondiente; momento procesal en el que se analizará y valorará con las pruebas que obren en autos si tal extremo quedó fehacientemente demostrado. En tal entendido, es pertinente transcribir los dispositivos tildados de inconstitucionales, que son del tenor siguiente: -Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial el 20 de diciembre de 1970- "ARTICULO 10. Los trabajadores que por cualquier causa no perciban íntegramente su sueldo, sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta Ley les otorgue, si pagan la totalidad de las cuotas que les correspondan." "ARTICULO 16. Todo trabajador comprendido en el Artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, definido en el primer párrafo del Artículo anterior. Dicho porcentaje se aplicará en la forma siguiente: I.- 3% para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad; II.- 9% para tener derecho a las prestaciones señaladas en las Fracciones III a XI y XIII a XIV del Artículo 4o. Los pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión que disfrute destinada a constituir la reserva técnica prevista en el Artículo 129 para el régimen de pensiones y jubilaciones." "ARTICULO 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionista y familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I.- 4% a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute y cuyo descuento será hecho por el Instituto; [.]." "ARTICULO 129. Las reservas técnicas para prestaciones económicas del Instituto, se constituirán con las cantidades que resulten de las diferencias entre los ingresos por cuotas y aportaciones para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, otros ingresos, aportaciones adicionales que se convengan entre las partes para dicho fin, y los egresos para el pago de pensiones y jubilaciones, indemnizaciones globales, pagos póstumos, pagos de gastos de funeral, gastos administrativos y prestaciones sociales." De la lectura de tales porciones normativas, se advierte un esquema de aportaciones que deberán hacer los trabajadores activos, jubilados o pensionados para disfrutar de los beneficios que la normatividad impugnada otorga. Cabe mencionar que la legislación combatida fue abrogada a través del artículo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada el diecisiete de febrero de dos mil quince. No obstante, en el precepto transitorio noveno de la citada ley, se destacó que los jubilados o pensionados que hubieran obtenido ese beneficio al momento de la vigencia de la anterior legislación, se regirían por la ley que se encontraba en vigor al momento en que les fue concedido el mismo, como se desprende de los normativos mencionados, que rezan al tenor siguiente: "SÉPTIMO. Se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 20 de diciembre de 1970, salvo las precisiones indicadas en los presentes transitorios". "NOVENO. Todos aquellos jubilados o pensionados que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tengan ese carácter, le será aplicable la norma vigente al momento en que obtuvieron dicho beneficio." En atención a lo reseñado, se advierte que los preceptos impugnados requieren de actuaciones posteriores de aplicación, ya que las hipótesis contenidas en ellos tienen condiciones previas para su actualización. Sentado lo anterior, es dable concluir que no le asiste la razón a la impetrante, al sostener que las normas reclamadas le causan una afectación con motivo del acto de aplicación reprochado, pues no demostró la materialización de los descuentos o deducciones que dice le fueron realizados en el importe de su pensión por los conceptos de reserva técnica (deducción 76) y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (deducción 53). Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 555/2018, se pronunció en el sentido de que en la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.) aprobada por el pleno del mismo tribunal, entre otras cuestiones, indicó que si el peticionario de amparo dirigió su reclamo a los descuentos aplicados a los pagos periódicos de su pensión, debe analizarse la oportunidad de la presentación de la demanda respecto de cada uno de dichos descuentos, en tanto que constituyen actos de aplicación materia de reclamo en el controvertido constitucional, aunque todos se integren en una secuencia de actuaciones de tracto sucesivo. Así, la agraviada al dirigir su reclamo a los descuentos periódicos efectuados a su pensión por los conceptos reserva técnica (deducción 76) y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (deducción 53), debió acreditar la aplicación de aquellos de los que se haya hecho sabedora previamente a los quince días hábiles que preceden a la presentación de la demanda, es decir, los descuentos a partir del mes de agosto de dos mil veintidós. Lo que no ocurrió, máxime que con las documentales aportadas relativas al talón de pago 402726 (quejosa) y listados de firmas de las nóminas de magisterio, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintidós (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali), quedó demostrada la inexistencia de tales descuentos, con los que la impetrante estimó haber sufrido un menoscabo en su esfera jurídica. En esas condiciones, no se puede considerar acreditado el interés de la impetrante, por lo que se hace patente la actualización de la causa de improcedencia invocada; por tanto, lo conducente es sobreseer en el presente juicio por cuanto hace a la integridad de la materia del reclamo formulado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XII, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ******************** promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades, precisados en esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 736/2022 promovido por María del Rosario Tapia Huerta, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades, precisados en esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que por razón de la voluminosidad de las constancias solicitadas, se autoriza para su consulta la vinculación del expediente electrónico del juicio de amparo ******************** de su estadística. Por ende, se instruye a la oficial "A" encargada de la autorización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que relacione el citado expediente con este asunto. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/S´ARFC/Josefina*
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