Maria del Rosario Serrano Gutierrez
Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Maria del Rosario Serrano Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de julio último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María del Rosario Serrano Gutiérrez; en tales condiciones se declara que el mismo causó estado. Por consiguiente, al no haber diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo por emitir, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otro lado, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE 25 DE JULIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ:Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, en la que se relaciona un escrito inicial de demanda y copias que se anexan, promovida por María del Rosario Serrano Gutiérrez por derecho propio, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, de lo Civil por Audiencias, a los Titulares del Distrito, Zona Norte y de la Dirección General de Asentamientos Humanos, el Secretario de Seguridad Pública Municipal y el Director de la Policía Estatal Única, todos con residencia en esta ciudad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 735/2022, que le corresponde en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito y el Sistema Integral de Seguimientos Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, a efecto de resolver si es procedente o no, admitir a trámite la demanda de cuenta, es necesario tomar en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". La disposición legal transcrita, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre demostrada mínimo una causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esa causa debe ser manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo expuesto y en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". De lo trascrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia, de contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En el caso, el impetrante de garantías en esencia reclama de las autoridades señaladas como responsables e indicadas en el párrafo inicial de este acuerdo, los actos consistentes en: La orden dada para que se despoje del bien inmueble ubicado en Lomas de Poleo, en esta ciudad identificado con los siguientes datos: Libro 4106, inscripción 51, folio 52, de la sección primera, con fecha de veinticinco de noviembre de dos mil cinco, así como la orden de detención o aprehensión. Asimismo bajo protesta de decir verdad, manifiesto: "que el veintiséis de junio del año en curso, a las cinco con cero minutos aproximadamente, fui interceptado por una persona en mi domicilio que dijo ser trabajador del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, quien en ningún momento se identificó, el cual me señaló que para el siguiente fin de semana van a destruir los locales con todo y la mercancía que se encontrara adentro por que las autoridades así lo ordenaron sin motivo aparente, que destruirían casas y todo lo que se encuentre en ese terreno". Ahora bien, es de indicarse que en tratándose de los actos que reclama, el plazo con que contaba el peticionario de protección constitucional para acudir a instar el juicio de derechos humanos fundamentales, es de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues los eventos impugnados de inconstitucionales no son de los que se exceptúan en las fracciones de dicho precepto. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba para promover demanda de amparo, transcurrió a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de los actos reclamados y por ende del que se hizo sabedor de ellos, por lo que si en la demanda manifestó que se enteró el veintiseis de junio último, que por motivo de un empleado del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, le dijo que van a destruir todo lo que se encontrara en ese terreno, como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, la que suscribió y firmó el veintidós de julio del año en curso, aseveración que se tiene como una confesión en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 96, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir, en esa data tuvo conocimiento de los actos reclamados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, numeral que a la letra dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En tal orden de ideas, es de concluirse que el impetrante de amparo se enteró de la existencia de los eventos atacados de inconstitucionales en la data mencionada, por lo que es a partir del día siguiente de tal fecha (veintisiete de junio de dos mi veintidós), en que empezó a transcurrir el plazo que la ley concede para promover la demanda de derechos fundamentales y, si ésta se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintidós de julio del año en curso, como se advierte de la papeleta de turno de dicha oficina, es claro que se realizó cuando había fenecido en exceso el plazo de quince días que establece el numeral 17 de la ley de la materia para la promoción del juicio de solicitud de protección de derechos humanos, plazo que lo es del veintisiete de junio al quince de julio de dos mil veintidós, sin contabilizarse el dos, tres, nueve y diez de la mensualidad indicada, por ser sábados y domingos por ende fueron inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, empero el amparista como se dijo, presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común en cita el veintidós del mes actual, es decir después de haber concluido el plazo para la presentación de la demanda de conformidad con el numeral 17 citado. Así las cosas, es manifiesto que la quejosa se conformó tácitamente con actos reclamados; sin que se advierta que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, siendo indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada 1.3º.A.36 K, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, con número de registro 178756, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días. También es aplicable la jurisprudencia VI.2º. J/21 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 1995, Novena Época, de la siguiente literalidad: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Así como la tesis aislada IV.2º.A.29 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena época, página 2336, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada Ley. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se pronuncien; así como toda información relacionada con los expedientes que deben ingresar en el sistema respectivo; asimismo, se hace saber a los Actuarios que deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que los Secretarios tendrán que cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso coincidan en su totalidad. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pez Martillo 629, colonia Puerto Anapra, en esta ciudad; asimismo se tiene para tales efectos el correo electrónico licrodolfoaleman@gmail.com y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rolando Álvarez Núñez, por contar con su cédula profesional inscrita en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y únicamente, para oír y recibir notificaciones a Rodolfo Alemán Ramírez y Jaime Sánchez Tovar, por no contar con ese requisito.
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