Maria del Rosario Serrano Castro
Expediente 1054/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria del Rosario Serrano Castro
Actuaciones
- Principal
MESA IX .Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. [...] V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima QUE NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de Ley de Amparo, requiérase al Tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que, dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, posteriores a la notificación del presente auto, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la constancia que acredite el pago a la parte quejosa de la cantidad de ***, con motivo de la diferencia que por concepto de actualización aún se adeuda a la justiciable, respecto del servicio de energía eléctrica ***, por el periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Hecho lo anterior, deberán remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Dicho plazo se otorga tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, los efectos de la concesión de amparo y tomando en cuenta la dificultad que pudiera presentar su cumplimiento, tal como lo autoriza el artículo 192 de la Ley de Amparo. En el entendido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo que se le concede, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero del citado Ayuntamiento, a fin de que obligue a la autoridad responsable a cumplir con la ejecutoria de amparo, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. Además, deberá hacer del conocimiento de este Juzgado dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, las medidas o determinaciones que haya tomado para tal efecto. Conforme a lo anterior, se apercibe al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, [...] [...] Finalmente, en relación a las manifestaciones de inconformidad del cumplimiento realizado por las autoridades responsable hechas valer por la parte quejosa, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. QSJA
- Principal
AVISO. MESA IV .Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la autoridad responsable Oficial del Registro Civil Número 01 de Temixco, Morelos, remite copia certificada de diversas constancias para acreditar que ha girado instrucciones o el aviso correspondiente a su personal para que no se le aplique a la parte quejosa, en lo presente y futuro la restricción prevista en el artículo 441 del Código Familiar del Estado de Morelos, que se determinó inconstitucional. En ese sentido, tomando en consideración que en la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo en que se actúa, se precisó que los efectos para los cuales se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, fueron a fin de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: No deberá aplicar a la parte quejosa, en el presente ni en el futuro la restricción prevista en el artículo 441 del Código Familiar del Estado de Morelos, que se determinó inconstitucional. b) Por consecuencia la autoridad registral quedara obligada a expedir el acta de nacimiento correspondiente, con el orden de los apellidos que ***, eligieron para su menor hijo de iniciales ***.; esto es, el apellido materno del padre en primer término y el apellido paterno de la madre en segundo lugar; o bien, en el orden que ellos elijan. En la inteligencia que, si las disposiciones legales que reglamentan la expedición de actas de nacimiento, establecen que deba realizarse alguna anotación en supuestos como el presente, las autoridades responsables quedan constreñidas a realizarla. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la partes con el informe rendido y constancias remitidas por la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, y una vez transcurrido dicho término este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Por otra parte, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Asimismo, respecto a las personas que se señala como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la ley de la materia, se tiene a las mismas por designadas con dicho carácter. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
PERSONAL (CITATORIO). CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS; EL QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1054/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia reclama de la autoridad responsable el siguiente acto: La omisión de emitir el dictamen y proyecto de acuerdo correspondiente a la pensión por jubilación dentro del plazo legal, derivada de la falta de contestación a su escrito de cinco de abril de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: [...] En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la Ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado la cual se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes, en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y por autorizados para tales efectos a las personas que indica, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo [...] AUTORIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESALES Se tiene como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico que proporciona, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales con la parte quejosa. REPRODUCCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes."
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