Maria del Rosario Santiago Hernandez
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria del Rosario Santiago Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual comunica los proveídos de veintitrés de agosto y catorce de noviembre, ambos del año en curso, dictados en el juicio de amparo ********************de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia declinada del presente asunto y se avocó a su conocimiento; en esa virtud, este juzgado queda enterado de lo anterior y se ordena agregar el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Asimismo, y dado que no existe diligencia en el presente asunto pendiente por realizar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se hace la observación que este expediente es destruible, por este juzgado de distrito con posterioridad a los seis meses de haberse dictado el presente proveído, por tratarse de una incompetencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite un legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa y copia certificada de la resolución de ********************dictada en el recurso de queja********************en la que determino lo siguiente: "(.). R E S U E L V E: PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ********************contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Primera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el amparo indirecto ********************. SEGUNDO. Se deja sin efectos el auto recurrido, en la materia del recurso de queja. TERCERO. Se ordena al Juez de Distrito proveer sobre la competencia declinada en términos de las consideraciones del último considerando. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el legajo a la autoridad que lo remitió y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. (.)". En tal virtud, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal colegiado oficiante de las constancias que remite, y en cumplimiento de la resolución de mérito, se procede a acordar el libelo constitucional en los siguientes términos. Por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se declaró legalmente incompetente en razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, y ordena remitir la mencionada demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y nueve copias de la misma; en tal virtud, se procede a acordar en los siguientes términos. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Comisión Reguladora de Energía; Secretaría de Bienestar de México y Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 31 constitucionales. Al respecto, dígase a la autoridad oficiante que este juzgado de distrito no acepta la competencia para conocer de la demanda de mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado los siguientes: a) De la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, la orden de realizar el corte de suministro de energía eléctrica por el adeudo de $********************) en el servicio ******************** b) De la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Comisión Reguladora de Energía; Secretaría de Bienestar de México, la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual consiste en instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno. En virtud de que los actos reclamados fueron atribuidos a autoridades que pertenecen a la Administración Pública Federal como son la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar de México, Comisión Reguladora de Energía, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y no a autoridades de naturaleza judicial, por lo que en términos del artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa para conocer de dichos actos. Y en cuanto a los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, ya fue nuestro Máximo Tribunal quien determinó en la jurisprudencia 2a./J. 35/2018 (10a.), de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocer y decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra sus actos. En consecuencia, de lo anterior se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer del citado libelo constitucional, debiendo conocer de la demanda de amparo un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo siguiente: El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: "ARTICULO 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo el artículo 58 del mismo ordenamiento establece: "ARTICULO 58. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. (.)." De esta manera, el acto que reclama la parte quejosa que ya ha quedado debidamente detallado líneas que anteceden y conforme a lo determinado por la autoridad oficiante que son actos de naturaleza netamente administrativa, en los que no intervino un juez de lo civil, ni fue con motivo de la sustanciación del procedimiento que se encuentra tramitando en la misma vía; pues las autoridades administrativas señaladas como responsables actuaron por sí solas en uso de sus facultades establecidas por ordenamientos administrativos. Por tanto, toda vez que en el acto reclamado no se resuelve contienda alguna, ni se realiza acto jurisdiccional alguno, ello en virtud de que cuando se impugne una resolución, acto u omisión de autoridad en relación a sus funciones y conductas básicamente administrativas, o con fundamento en aplicación de disposiciones administrativas o de órdenes o acuerdos de autoridades administrativas, tales cuestiones se consideraran de naturaleza administrativa. De ahí que no se actualice la competencia declinada por el órgano oficiante a este órgano de control constitucional. En consecuencia, los actos aquí reclamados al ser atribuidos a autoridades administrativas dependientes del ejecutivo no dirime contienda ni efectúa acto jurisdiccional alguno, por lo que encuadra en los supuestos que establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que es dable colegir que si el acto que reclama la hoy quejosa deriva de una autoridad administrativa, a lo que conlleva que la acción de ésta reviste en un acto meramente de naturaleza administrativa; consecuentemente, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, por tratarse de actos que encuadran en la fracción IV, del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XVIII, agosto de 2003, novena época, visible a página 1773, que dice: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil". Asimismo, sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible a página 2825, que dice: "JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LOS. Los Jueces de Distrito en materia administrativa, deben conocer de los amparos pedidos contra actos de autoridad distinta de la judicial." Así las cosas y dado que este juzgado no acepta la competencia declinada, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvase la demanda de garantías al juzgado oficiante, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo respectivo, para que en su caso se continúe conforme a lo dispuesto por el artículo en cita. Con copia de este acuerdo, de la resolución de cuenta y con copia simple de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, respecto del legajo de copias certificadas que remite la autoridad oficiante, formado con motivo del informe justificado que se rindió y remitió a dicha autoridad del recurso de mérito que resolvió, en virtud de que el mismo se encuentra formado con copias de constancias que ya obran en autos; se hace la observación que dicho legajo, es destruible por este juzgado, por tratarse de un expediente auxiliar, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE "Por recibido el oficio signado por la secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite un legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa y copia certificada de la resolución de ********************dictada en el recurso de queja********************en la que determino lo siguiente: "(.). R E S U E L V E: PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ********************contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Primera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el amparo indirecto ********************. SEGUNDO. Se deja sin efectos el auto recurrido, en la materia del recurso de queja. TERCERO. Se ordena al Juez de Distrito proveer sobre la competencia declinada en términos de las consideraciones del último considerando. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el legajo a la autoridad que lo remitió y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. (.)". En tal virtud, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal colegiado oficiante de las constancias que remite, y en cumplimiento de la resolución de mérito, se procede a acordar el libelo constitucional en los siguientes términos. Por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se declaró legalmente incompetente en razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, y ordena remitir la mencionada demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y nueve copias de la misma; en tal virtud, se procede a acordar en los siguientes términos. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Comisión Reguladora de Energía; Secretaría de Bienestar de México y Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 31 constitucionales. Al respecto, dígase a la autoridad oficiante que este juzgado de distrito no acepta la competencia para conocer de la demanda de mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado los siguientes: a) De la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, la orden de realizar el corte de suministro de energía eléctrica por el adeudo de $********************) en el servicio ******************** b) De la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Comisión Reguladora de Energía; Secretaría de Bienestar de México, la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual consiste en instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno. En virtud de que los actos reclamados fueron atribuidos a autoridades que pertenecen a la Administración Pública Federal como son la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar de México, Comisión Reguladora de Energía, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y no a autoridades de naturaleza judicial, por lo que en términos del artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa para conocer de dichos actos. Y en cuanto a los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, ya fue nuestro Máximo Tribunal quien determinó en la jurisprudencia 2a./J. 35/2018 (10a.), de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocer y decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra sus actos. En consecuencia, de lo anterior se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer del citado libelo constitucional, debiendo conocer de la demanda de amparo un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo siguiente: El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: "ARTICULO 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo el artículo 58 del mismo ordenamiento establece: "ARTICULO 58. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. (.)." De esta manera, el acto que reclama la parte quejosa que ya ha quedado debidamente detallado líneas que anteceden y conforme a lo determinado por la autoridad oficiante que son actos de naturaleza netamente administrativa, en los que no intervino un juez de lo civil, ni fue con motivo de la sustanciación del procedimiento que se encuentra tramitando en la misma vía; pues las autoridades administrativas señaladas como responsables actuaron por sí solas en uso de sus facultades establecidas por ordenamientos administrativos. Por tanto, toda vez que en el acto reclamado no se resuelve contienda alguna, ni se realiza acto jurisdiccional alguno, ello en virtud de que cuando se impugne una resolución, acto u omisión de autoridad en relación a sus funciones y conductas básicamente administrativas, o con fundamento en aplicación de disposiciones administrativas o de órdenes o acuerdos de autoridades administrativas, tales cuestiones se consideraran de naturaleza administrativa. De ahí que no se actualice la competencia declinada por el órgano oficiante a este órgano de control constitucional. En consecuencia, los actos aquí reclamados al ser atribuidos a autoridades administrativas dependientes del ejecutivo no dirime contienda ni efectúa acto jurisdiccional alguno, por lo que encuadra en los supuestos que establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que es dable colegir que si el acto que reclama la hoy quejosa deriva de una autoridad administrativa, a lo que conlleva que la acción de ésta reviste en un acto meramente de naturaleza administrativa; consecuentemente, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, por tratarse de actos que encuadran en la fracción IV, del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XVIII, agosto de 2003, novena época, visible a página 1773, que dice: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil". Asimismo, sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible a página 2825, que dice: "JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LOS. Los Jueces de Distrito en materia administrativa, deben conocer de los amparos pedidos contra actos de autoridad distinta de la judicial." Así las cosas y dado que este juzgado no acepta la competencia declinada, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvase la demanda de garantías al juzgado oficiante, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo respectivo, para que en su caso se continúe conforme a lo dispuesto por el artículo en cita. Con copia de este acuerdo, de la resolución de cuenta y con copia simple de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, respecto del legajo de copias certificadas que remite la autoridad oficiante, formado con motivo del informe justificado que se rindió y remitió a dicha autoridad del recurso de mérito que resolvió, en virtud de que el mismo se encuentra formado con copias de constancias que ya obran en autos; se hace la observación que dicho legajo, es destruible por este juzgado, por tratarse de un expediente auxiliar, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la quejosa". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el escrito signado por la quejosa; en atención al mismo y a su solicitud de que se le informe en que Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se radicó el recurso de queja que interpuso contra el auto que desechó la demanda que dio origen al presente asunto y con que número de expediente se identifica; dígase a la promovente que deberá estarse a lo ordenado en auto de veintiséis de junio del año en curso, donde se proveyó respecto de la radicación del medio de impugnación que refiere; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace la aclaración que el recurso que hizo valer en autos, fue remitido a un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mas no a uno en Materia Administrativa, como refiere. Notifíquese.
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