María del Rosario Salazar Sotelo

Expediente 414/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
414/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
  • María del Rosario Salazar Sotelo
  • Román López López
  • Gilberto Castañeda Limón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de junio de dos mil veintiuno. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, al encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Orden de destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente al haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Bajo otra tesitura, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Remisión de constancias. Finalmente, por permitirlo el estado procesal, devuélvase al Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, tres cuadernos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, ya que resulta innecesario conservarlos en este juzgado de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que conforme a las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, y SECNO/9/2021, de dieciséis y veintitrés de enero, así como de seis de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, durante el período comprendido del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, el presente juicio estuvo suspendido como medida para atender la emergencia sanitaria generada por el virus CoV-2. Reanudación de procedimiento. Sin embargo, mediante circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se informó el regreso al esquema de trabajo establecido en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS Cov-2, en el que se dispone el levantamiento de la suspensión de plazos y la consecuente reanudación de los juicios tramitados en este juzgado de Distrito. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en del presente juicio. Exhortos a las partes. Dado que las actuaciones del presente juicio se realizaron mediante la presentación física de promociones, se exhorta a las partes para que proporcionen el usuario que tengan registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, a fin de que pueda tramitarse el presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", conforme a los artículos 28 y 29 del acuerdo general citado. Asimismo, se propone a las partes para que en su siguiente promoción propongan correo electrónico o número telefónico que cuente con servicio de mensajería instantánea para que se pueda entablar toda clase de comunicaciones no procesales con este Juzgado Federal, la cual deberá registrarse y en su caso, de ello se levantará constancia para ser agregada a los autos. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. De igual manera, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Certificación de cuenta. En otro orden de ideas, vista la certificación se advierte que no obran en autos las constancias de notificación de las autoridades responsables, la del agente del Ministerio Público de la adscripción, así como de la parte quejosa y del tercero interesado respecto de la sentencia engrosada en este juicio. Instrucción al actuario judicial de la adscripción. Por tanto, de conformidad con los numerales 26, fracción I, inciso e) y fracción II, así como el diverso 28, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se instruye al funcionario judicial de la adscripción a fin de que proceda a realizar las notificaciones respectivas de la aludida resolución a las partes procesales en mención; lo anterior, para estar en aptitud de proveer lo conducente respecto a la prosecución judicial de este asunto. En la inteligencia que por lo que ve a las notificaciones que se deben practicar mediante oficio, con los comunicados que se giren en la presente determinación, se instruye al actuario judicial a que les anexe copia simple de la sentencia correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Por tanto, con fundamento en el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario judicial encomendado. Notifíquese; y, cúmplase.

  3. Principal

    aviso se notifica al tercero interesado Lopez Lopez, de la resolución de 30 noviembre 2020 en cumplimiento al auto de 17 de marzo en curso en el cual Primero se sobresee. Segundo la justicia de la unión no ampara ni protege al quejoso

  4. Principal

    CITATORIO.- Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se le notifica a la parte quejosa, la resolución de treinta de noviembre, que en síntesis dice lo siguiente: Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por transcritos los conceptos de violación hechos valer, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este juzgado Federal; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, siendo que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dársele respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, hechos valer en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional. Son en una parte infundados y, por otra, inoperantes los motivos de disenso que hacen valer los quejosos, por las razones que a continuación se precisan. En la especie, los peticionarios del amparo se duelen de que en la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio civil sumario 1157/2002, que declaró improcedente el incidente de prescripción negativa de inejecución de sentencia definitiva promovido por Gilberto Castañeda Limón y María del Rosario Salazar Sotelo, el juez responsable violentó en su perjuicio sus derechos fundamentales protegidos por la Ley Fundamental, esencialmente, por lo siguiente: a) El juez interpreta el articulo sin un fundamento legal que se ampare en el término que establecen los diez años para la ejecución de la sentencia; b), No consideró lo que se estableció en el juicio de origen, en el sentido que no ha concluido; c) En acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se solicitó cambio de notario, por lo que al no existir escritura, ya transcurrieron diez años desde que se dictó la sentencia, a saber, el nueve de junio de dos mil nueve; d) No le autorizó la posesión de la finca al actor, porque no ha concluido el remate; e) No se tomó en consideración la petición del actor, cuando mencionó que no tenía dinero para pagar el remanente; así, como que la faltaba dinero para el avalúo; f) No se tomó en consideración el adeudo del remanente del precio que sirvió de base para el remate, por lo que el actor no era propietario de la finca, debido a que el dieciocho de abril de dos mil doce, se estableció la cantidad del remate en $438,159.31 (cuatrocientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos 31/100 moneda nacional), y Román López López, depositó la cantidad $277,909.33 (doscientos setenta y siete mil novecientos nueve pesos 33/100 moneda nacional), de ahí que no se terminó de pagar la finca. En ese sentido, resaltan los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (folios 23 y 24 del tomo II de los cuadernos de pruebas), Gilberto Castañeda Limón y María del Rosario Salazar Sotelo, incidente de prescripción para ejecutar la sentencia, bajo los siguientes argumentos: > Que la sentencia se había dictado el nueve de junio de dos mil nueve, y no había sido rematada y dejó promover desde la entrega de los oficios de veintiséis de junio de dos mil diecisiete; > Desde esa fecha habían transcurrido más de diez y diez años, por lo que no se ha había efectiva la sentencia; > Que al no encontrarse la sentencia ejecutada, debió decretarse la prescripción de la ejecución de la sentencia. Ahora, de la resolución que constituye el acto reclamado, el Juez del conocimiento para decretar la improcedencia del incidente propuesto a su potestad, en lo medular, externó. > Que al tomar en consideración que el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, fue aprobado el cinco de abril de dos mil diecisiete, acuerdo que causó estado el dieciséis de mayo siguiente, con lo que finalizó la ejecución de esa resolución y, por ende, el derecho del cesionario Román López López, fue ejercitado en términos de ley, y no puede declararse prescrito ese derecho al obrar en actuaciones el auto definitivo que ordenó poner fin al juicio, que lo fue la orden de escrituración de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. De lo que se obtiene que tal y como lo consideró el juez responsable y contario a lo que aducen los quejosos el procedimiento de ejecución ya concluyó la orden de escrituración de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. En efecto, de las constancias certificadas que allegó el juez del cocimiento al rendir su informe justificado, las cuales ya fueron previamente valoradas, se tiene, en lo que interesa el contenido del acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el que en atención a lo solicitado por la abogado patrono de la parte actora, ante el incumplimiento de los demandados, se ordenó girar oficio a Miguel Rabago Preciado, Notario Público Número 42 de Guadalajara, Jalisco, a efecto de que realizara la escritura de adjudicación correspondiente atinente a la finca marcada con el número 522 de la calle Andador Agoracrito, construida por el cincuenta por ciento, por el lote 8 de la manzana 9, Sector 19 dela unidad habitacional Miravalle en Guadalajara, Jalisco, en la actualidad en Tlaquepaque, con una superficie de cientos veintiocho metros cuadrados, en favor de la cesionaria de la parte actora Román López López (folio 281 del tomo I de los cuadernos de pruebas). Luego, no asiste razón a los quejosos en cuanto aducen que el juicio no había concluido porque el actor manifestó que no tenía dinero para pagar el remate, así como que en varias ocasiones se le negó el lanzamiento del inmueble, y que no podía rematar en forma definitiva por el adeudo del remate que tenía, por lo tanto, que no era propietario de la finca en controversia. Lo infundado de esos motivos de disenso radica en que en atención al contenido de la jurisprudencia 13/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1066, libro 29, abril de 2016, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la resolución definitiva en un procedimiento de remate es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de la posesión del bien inmueble rematado. Por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Luego, es inconcuso que con independencia que no se haya llevado a cabo el lanzamiento de los demandados respecto del inmueble en disputa, lo cierto es que al haberse ordenado la elaboración de la escritura de adjudicación, concluyó la fase ejecutiva de dicho procedimiento, por lo que en ese sentido no asiste razón a los quejosos en cuanto refieren que no ha concluido el remate por falta de pago. Por otra parte, respecto a la inoperancia de los conceptos de violación, debe decirse que el resto de los argumentos que hacen valer los impetrantes del amparo, no formaron parte de la incidencia de prescripción de ejecución planteada en el juicio natural, puesto que no lo hicieron valer ante la juez responsable, razón por la que no fue materia de análisis y pronunciamiento por parte de ésta al emitir el acto reclamado, y en consecuencia, quien aquí resuelve no puede abordarlo a través del juicio de amparo. Por tanto, cualquier cuestionamiento o planteamiento ajeno a lo anterior, de modo alguno podría constituir materia de la litis analizada, y por ende, susceptible de atenderse al grado de variar el análisis de la cuestión debitada, habida cuenta que la causa de pedir y suplencia de la queja no autorizan al órgano jurisdiccional a cambiar los elementos de la controversia, como la materia de la litis o las partes intervinientes. }Y si bien, en la resolución que constituye el acto reclamado, sí se analizó el tema de la expedición de oficios para la elaboración de la escritura de adjudicación, lo transcendental en el caso, es que ese no fue el único argumento que abordó la responsable para decretar la improcedencia del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, como ya se vio. Así, si no se controvirtieron los demás razonamientos externados en dicha resolución, lo que era su obligación a fin de que este resolutor procediera al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución reclamada, por lo cual los argumentos planteados como conceptos de violación, deben declararse inoperantes, pues este juzgador no puede proceder al análisis de esas cuestiones, si no medió motivo de disenso en tal sentido. En ese orden de ideas, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, y al no existir queja deficiencia que suplir, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a *** y ***. En relación con los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cabe destacar que no se propone motivo de inejercibilidad alguno, y lo ahí manifestado es genérico, en tanto que no aporta elemento alguno que modifique o refrende las razones plasmadas en el presente asunto; en esa medida es innecesario verter mayor estudio. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** y ****, contra el acto reclamado al secretario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, ni a ****, contra el acto que reclamaron del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos expuesto en esta resolución.

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