María del Rosario Ruiz Moreno

Expediente 2704/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2704/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Ruiz Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito que suscribe vía electrónica **** autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés y realiza diversas manifestaciones en torno a la misma, las cuales se le tienen por formuladas, mismas que, de ser procedentes, serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Cumple con requerimiento. Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por Marisela Castro, delegada de la autoridad responsable Subdelegación Hidalgo de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual cumple con el requerimiento hecho en auto de diez de abril de dos mil veintitrés, y al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las documentales que anexó al oficio registrado con el número de orden 9161 coinciden de manera íntegra con sus originales, en atención a lo anterior, se provee: Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar, en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente, y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."1 Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa María del Rosario Ruiz Moreno promovió juicio de amparo reclamando la abstención de la autoridad Subdelegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós. En relación con lo anterior, de las documentales recibidas con el oficio registrado con el número de orden 9161, mismas que la autoridad oficiante en el oficio de cuenta manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que coinciden de manera íntegra con sus originales, se desprende que la autoridad responsable dio respuesta a la petición presentada por la parte quejosa el siete de septiembre de dos mil veintidós, lo que hizo de su conocimiento el cinco de enero pasado. Documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Entonces, de lo narrado se advierte que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza positiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería lo inconducente de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la abstención de la autoridad Subdelegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós. En ese orden, si la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental, al opinar que la autoridade responsable había sido omisa en de dar respuesta al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.--- En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirlo en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la omisión de de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el siete de septiembre de dos mil veintidós, se traduce a una abstención, la cual se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la contestación emitida por la responsable, misma que fue debidamente notificada el cinco de enero pasado, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica de los peticionarios de amparo. Sin que sea óbice que la autoridad refiera en su contestación "se le informa que su escrito recibido en esta subdelegación el día nueve de septiembre de dos mil veintidós", pues del sello de recibido que obra en la solicitud se aprecia que el referido escrito fue presentado el siete y no el que nueve de septiembre pasado. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."2 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."3 Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio promovido por María del Rosario Ruiz Moreno, contra la abstención de la Subdelegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas, en copias certificadas, por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución, esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, esa causal se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."4 Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior, conforme al siguiente criterio de jurisprudencia de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."5 Notifíquese, y personalmente a la totalidad de las partes.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio signado por el Director de Inspección y Vigilancia de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por medio del cual cumple parcialmente con el requerimiento contenido en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Requerimiento. Establecido lo anterior, se requiere al Director de Inspección y Vigilancia de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, remita copia debidamente certificada del acta circunstanciada con número de folio ** de la que se advierta el retiro de los sellos de clausura que se colocaron. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual informa la imposibilidad material y jurídica que tiene para cumplir con la sentencia de amparo, en consecuencia, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Establecido lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales se requiere al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, como superior jerárquico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, informe a qué dependencia corresponde dar cumplimiento al fallo protector del presente juicio de amparo, o se imponga de las manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante en el oficio de cuenta del que se remite copia simple para mayor ilustración. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Notifíquese.

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