María del Rosario Robles Berlanga
Expediente 642/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Rosario Robles Berlanga
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual informa el acuerdo de dos de agosto del año en curso, a través del cual se aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este expediente como asunto concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente una vez que transcurran seis meses es susceptible de destrucción al carecer de relevancia documental, por lo que se indica como fecha probable para tal efecto, el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.
- Principal
Agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales el oficio de cuenta (con anexos), con los que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 821/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional Téngase por hecha la notificación del auto de treinta de julio del año en curso a la parte quejosa. Asimismo, dado que no señaló domicilio en esta ciudad o en la zona conurbada, hágansele las subsecuentes notificaciones mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado, hasta en tanto subsane dicha omisión.
- Principal
"...El Juez de Distrito oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la cual se advierte promovida contra el acto reclamado consistente en: ". la imposición de la multa a la suscrita, por la cantidad de 60 Unidades de Medida y Actualización, contenida en el acta de audiencia del 15 de junio de 2018, notificada por exhorto el 4 de julio siguiente, celebrada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, y su consecuente orden de ejecución, esto es, la orden girada al Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Avenida Hidalgo, Colonia Guerrero, Ciudad de México, C.P.: 06300." Se sostiene la incompetencia de este Juzgado porque el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, el suscrito disiente respetuosamente de la decisión del Juez declinante, teniendo en cuenta que el acto reclamado si bien consiste en la imposición de una multa contenida en el acta de audiencia del quince de junio de dos mil dieciocho, celebrada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; lo cierto es, que si se acude a las reglas previstas en el citado arábigo 37 de la ley de la materia, se está en el caso de un acto cuya ejecución se llevará a cabo en la aludida ciudad de México, ya que el mandato de autoridad tiene ese efecto, y la regla de competencia -presupuesto procesal- quien debe conocer sobre el tema es el Juez de Distrito con jurisdicción donde se esté ejecutando, se haya ejecutado o se pretenda ejecutar el acto; máxime que la impetrante de derechos humanos tiene su domicilio en dicha ciudad; por lo tanto, ahí se llevará a cabo la consecuente orden de ejecución. Así, como se dijo anteriormente, el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que serán los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Cobra aplicación al caso la tesis visible en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805490), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. En ese mismo orden de ideas, si el acto reclamado comenzó a ejecutarse dentro de la jurisdicción del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; aunado a que se presentó la demanda de amparo ante él; es inconcuso que es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, operando la regla del párrafo segundo del citado artículo 37 de la ley de la materia, con independencia de que otros actos se realicen dentro de diversa jurisdicción. Tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este criterio encuentra justificación a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita... Con base en lo anterior, se estima que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, no es competente, por razón de territorio, para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues conforme a la regla señalada corresponde al Juez declinante conocer del presente asunto, pues la ejecución del acto reclamado se llevará a cabo en la ciudad de México; máxime que la parte promovente decidió presentar su demanda en aquella ciudad. En tales condiciones, se arriba a la convicción que no se puede aceptar la competencia propuesta, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, devuélvase el juicio de amparo 912/2018, al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que esté en aptitud de analizar si insiste o no en declinar su competencia. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias, así como autógrafa de este acuerdo...".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,165 expedientes
- María del Rosario García Vela775/2023
- Maria del Rosario Hernández Fernández411/2015
- María del Rosario Jiménez Palagot826/2015
- MARIA DEL ROSARIO LABOURDET VAZQUEZ y Otros.1026/2016
- María del Rosario Luna Castillo713/2019
- María del Rosario Oropeza López792/2014
- María del Rosario Sánchez Ramírez62/2018
- María del Rosario Viveros Martínez267/2019
- María del Socorro Balderas Condado989/2017
- María del Socorro Celia Martínez Prado9/2016
- María del Socorro Muñoz Pérez750/2018
- María del Sol Ronquillo Barbis1017/2015