Maria del Rosario Reynoso Catalan.
Expediente 1096/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria del Rosario Reynoso Catalan.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI.- Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que admite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado bajo el número 206/2023. De lo anterior, queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. JRL
- Principal
MESA VI.- Vista la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los autos, de los que se advierte que las constancias de notificación correspondientes al acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por interpuesta la queja promovida por la parte quejosa en contra del diverso proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, ya obran en su totalidad en autos. En consecuencia, remítase las copias certificadas correspondientes al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la tramitación de la queja interpuesta. Asimismo, se faculta e instruye a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, a efecto de que habilite la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del Sistema de referencia, a efecto de que el órgano colegiado que conozca del presente recurso, pueda consultar la totalidad de las actuaciones que obran en el presente expediente. Notifíquese.JRL
- Principal
MESA VI.- Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de ******************** parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó su demanda de amparo y solicita la consulta electrónica del expediente a través del usuario que proporciona. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Por tanto, una vez notificado el presente proveído, y transcurrido el plazo indicado en el numeral citado en el párrafo que antecede, ríndase el informe sobre la materia de la queja manifestando que ES CIERTO el acto que se impugna, ya que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda interpuesta por la parte quejosa; debiendo adjuntarse al citado informe el escrito original de agravios y copia certificada de las constancias pertinentes al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, a efecto de sustanciar el medio de impugnación. Por ende, envíense las constancias aludidas a la Superioridad, una vez que ello acontezca; en la inteligencia de que se instruye al secretario de este juzgado para que remita el informe respecto al medio de impugnación aludido, una vez acontecido lo anterior. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "********************". Notifíquese. JRL
- Principal
MESA VI.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el nueve de agosto de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: [...] El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que en esencia los actos reclamados que combate la parte quejosa consisten en: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos: la omisión de dictar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento del laudo emitido dentro del juicio laboral ***. Del Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de Puente de Ixtla, Morelos: la omisión de dar cumplimiento al laudo de ocho de junio de dos mil dieciséis y a su planilla de liquidación actualizada, dentro del juicio laboral de origen. Una vez establecidos los actos reclamados, este juzgador determina que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento del laudo emitido dentro del juicio laboral ***, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [...] De los anteriores preceptos y fracciones se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los preceptos señalados establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En esos términos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a aplicarla, atento a su carácter obligatorio, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cual no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida no aplicarla. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversos criterios jurisprudenciales en los que estableció que el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. En el criterio citado, estableció que de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. [...] Además, si bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tiene la obligación de ejecutar los laudos que pronuncie, también es verdad que la misma es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la ejecución del laudo, pues así lo dispone el numeral 151 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por disposición expresa del numeral 11 de esta última. Por tanto, se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por las razones apuntadas, no podría concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña a las autoridades responsables para que oficiosamente provean lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo, pues indefectiblemente se necesita la participación e impulso del procedimiento de ejecución por la parte quejosa. [...] Expuesto lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento del laudo, constituye un reclamo genérico que, en atención a la etapa en que se encuentra el juicio, motiva al desechamiento de la demanda de que se trata. [...] Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en estudio, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente. Por otra parte, por cuanto hace al acto reclamado atribuido al Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que reclama a dichas potestades, no debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el acto que se les atribuye, consiste en la omisión de dar cumplimiento al laudo de ocho de junio de dos mil dieciséis y a su planilla de liquidación actualizada, dentro del juicio laboral de origen, en el que el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, intervinieron en una relación de coordinación con el actor, hoy quejosa, que subyace en un plano de igualdad y bilateralidad entre la parte actora y parte demandada en un juicio de naturaleza laboral, lo que se extiende también al ámbito de la ejecución del laudo, donde su incumplimiento puede ser vencido a través de los instrumentos legales con que cuenta el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para lograr el cumplimiento del laudo. Así, el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de Tlaltizapan Puente de Ixtla, Morelos, no actúan en un esquema de supra a subordinación, condición para la categorización de un acto de autoridad, sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Ahora bien, la Ley del Servicio Civil del Estado, que regula las relaciones entre el Gobierno Estatal, los Municipios del Estado de Morelos y sus trabajadores, en sus artículos 123 y 124, señalan lo siguiente: [...] Como se observa, el citado precepto establece las sanciones que puede imponer el Tribunal Estatal en caso de que sus resoluciones no sean cumplidas, esto es, multa hasta de quince salarios mínimos. Es decir, la legislación del Estado, cuenta con un procedimiento para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas. Consecuentemente, el incumplimiento a un laudo por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, derivado de un juicio laboral, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. [...] (El destacado no es de origen). En el caso lo que reclama la parte quejosa del Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, es el incumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, por lo que dicho acto no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la normatividad que rige el juicio en lo principal prevé instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos (Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos), ya que dicho Ayuntamiento actúa dentro de una relación laboral con el particular, aquí quejoso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. [...] En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable las causales de improcedencia antes analizadas y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida contra la omisión de dictar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento del laudo y la omisión de dar cumplimiento al laudo de ocho de junio de dos mil dieciséis y su planilla de liquidación actualizada, dentro del juicio laboral de origen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL
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