María del Rosario Reyes Padilla

Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
306/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Reyes Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". a) Deje insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 01/1636/07-JE1, del índice de la responsable. b) Dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera exhaustiva sobre cada una de las manifestaciones vertidas en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho corresponda. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio 2110/2022 de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, copia certificada de la interlocutoria de catorce de octubre dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 01/1636/2017, donde dejó insubsistente la interlocutoria de doce de enero de dos mil veintidós, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que en el juicio laboral 01/1636/2017, dictó una nueva interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintidós en la cual dejó insubsistente la interlocutoria reclamada, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de revisión, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, procediendo a valorar las manifestaciones vertidas en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción determinó a declarar procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, con lo cual se desprende que la autoridad siguió los lineamientos de la ejecutoria protectora. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 01/1636/07, del índice de la responsable, y dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera exhaustiva sobre cada una de las manifestaciones vertidas en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho corresponda En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que en el juicio laboral 01/1636/07, mediante interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la interlocutoria reclamada, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de revisión, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, procediendo a valorar las manifestaciones vertidas en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción determinó a declarar procedente el recurso de revisión de actos de ejecución; con lo cual se desprende que la autoridad siguió los lineamientos de la ejecutoria protectora. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que dejó sin efectos la diversa de doce de enero de dos mil veintidós, y remite copia certificada de resolución de catorce de octubre del año en curso dictada en el expediente laboral 01/1636/07-JE1. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de César Alejandro Luquin Rodriguez, autorizado del quejoso, mediante el cual solicita se requiera a la responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al respecto, se le tiene por hechas sus manifestaciones y con relación a su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Por último agréguese a los autos el escrito suscrito por el apoderado legal de la quejosa y hágase de su conocimiento que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, María del Rosario Reyes Padilla, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: ".Lo constituye la denegación de justicia de impartición por parte de la responsable, atento a la resolución de fecha 12 de enero de 2022, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional el cual dispone que las sentencias o laudos que se emitan se cumplan en su totalidad, es decir, se niega a la quejosa la percepción de las prestaciones a las que tiene derecho según lo establecido con la Ley Federal del Trabajo y el laudo de fecha 09 de noviembre de 2010, traduciéndose en una VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MI REPRESENTADA.". SEGUNDO. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el número de expediente 112/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 112/2022, índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo del juicio descrito, por antecedente o conocimiento previo de ésta autoridad y ordenó su remisión. CUARTO. El nueve de marzo de dos mil veintidós, se recibió oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por el que remitió los autos del juicio de amparo 112/2022, con motivo de la legal incompetencia decretada, los que se tuvieron por recibidos por esta autoridad, se avocó al conocimiento del asunto, radicó el expediente con el número 306/2022, admitió la demanda de amparo, no requirió a la responsable su informe justificado al encontrarse glosado en autos, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 01/1636/07, índice de la responsable, mediante la cual declara improcedente el recurso de revisión contra actos de ejecución hecha valer en dicho juicio de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como punto de partida, es necesario precisar que de las constancias que se allegaron al presente juicio, se desprende lo siguiente: El trece de octubre de dos mil veinte, la hoy quejosa a través de apoderado presentó escrito dentro de los autos del expediente laboral 01/1636/07-JE1, índice de la autoridad señalada como responsable, por el cual solicitó la designación y revocación de mandatarios, señaló domicilio procesal y solicitó que se dictara auto de requerimiento pago y embargo con la correspondiente actualización del crédito laboral. Por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de origen citado en el párrafo precedente, la autoridad señalada como responsable declaró la prescripción de la ejecución del laudo en los siguientes términos: ".En primer lugar es menester recordar que como lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, el principio dispositivo es uno de los rectores del derecho procesal del trabajo, razón por la cual este puede iniciarse solo a "instancia de parte"; en ese mismo sentido es el que el artículo 950 de la misma ley determina que la apertura del procedimiento de ejecución debe efectuarse "a petición de la parte que obtuvo", Ambas hipótesis jurídicas deben entonces concatenarse con las normas contenidas en el título décimo del ordenamiento obrero, mismas que establecen la figura procesal de la prescripción (es decir, la pérdida de un derecho por no haberse ejercitado en un tiempo determinado) así como sus plazos. De ello se desprende que en caso de que el accionante no haga uso de sus facultades dentro de los términos establecidos por la ley, su falta de interés jurídico debe traer como consecuencia la pérdida de su derecho; generalidad que puede entonces se establecida como premisa número uno. .En tal virtud debe entonces analizarse su en el caso concreto se actualiza la premisa ante dicha y por consiguiente se torna conducente la aplicación de la institución procesal de la prescripción. En efecto, con fecha veinte de junio de dos mil diecisiete esta h. junta dio entrada a su petición realizada el día veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, siendo notificado de dicho acuerdo el día veintiuno de junio de dos mil diecisiete, no obstante a lo anterior la accionante no ha realizado ningún acto tendiente a dar impulso a la continuación del procedimiento de ejecución, en tal virtud al haber ya vencido el término que la ley concede para dicha ejecución (es decir, el día VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, AL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE PASARON TRES AÑOS, SEIS MESES Y DIECISÉIS DÍAS), dicha situación basta para apreciar la falta de interés de la parte actora, y ante tal situación este Órgano Laboral considera procedente y oportuna la declaración de prescripción de la acción de ejecución referida visto que el accionante no ha ejercitado el derecho que le corresponde con el fin de hacer efectivo el crédito laboral determinado en su favor, habiendo transcurrido con notorio exceso el término de dos años con el que contaba para hacerlo tal y como lo establece el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, en el caso que nos ocupa se actualiza la premisa número uno expuesta en el párrafo precedente a no haber hecho la accionante uso de las facultades con las que cuenta a efecto de impulsar el procedimiento coactivo capaz de materializar el crédito fincado en su favor. .Tras haber determinado que en el presente expediente se encuentra actualizado el presupuesto normativo contenido en el numeral 519 de la Ley Laboral, es necesario entonces recordar que de conformidad con el artículo 738 del mismo ordenamiento, "transcurridos los términos fijados por las partes, se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldía"; de ambas situaciones se sigue que la consecuencia para el actor de no haber dado impulso procesal alguno al procedimiento de ejecución una vez transcurrido con exceso el término de dos años ya referido debe tenerse por precluido el derecho que no se ejercitó y por lo tanto declarar que ha prescrito la acción de ejecución con que contaba el demandante en relación al laudo emitido por esta Junta en fecha uno de abril de dos mil cinco. Con el objeto de reafirmar las consideraciones hasta ahora expuestas." En consecuencia a lo anterior, la hoy quejosa a través de apoderado en el juicio natural, presentó escrito haciendo valer el recurso de revisión contra actos de ejecución en contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que como se expuso en líneas anteriores la autoridad señalada como responsable decretó la prescripción de la ejecución del laudo de mérito. Seguidos los trámites, tuvo verificativo la audiencia incidental relativa al recurso de revisión contra actos de ejecución, esto con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que el doce de enero de dos mil veintidós, se dictó la resolución interlocutoria correspondiente en los siguientes términos: ".PRIMERO: De conformidad con el considerando cuarto y quinto dictado en el cuerpo de la presente resolución, SE DECLARA IMPROCEDENTE el RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN contra el acuerdo de fecha TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, planteado por la parte actora a través de su apoderado legal." Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Ahora bien en contra de tal determinación la parte quejosa sostiene en esencia en sus conceptos de violación que el tribunal responsable transgredió los principios de legalidad y congruencia contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que la declaración de prescripción no es de carácter oficioso por lo que la responsable no puede suplir la queja o defensa en favor de la condenada, por lo que tenía que resolver sobre la pretensión que se le planteó en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Como ya se adelantó dicho planteamiento es fundado suplido en su deficiencia; para demostrarlo, debe partirse de que los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". Asimismo, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En consecuencia, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorga al particular dentro del orden Constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que sólo puede actuar si la ley le faculta para ello. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". Por otra parte los principios de congruencia y exhaustividad se contienen en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo particular, dentro de la materia laboral, en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". "Artículo 841.- Las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero los Tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. Artículo 842.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." Esto es así, porque el precepto constitucional en mención exige de los tribunales, una administración de justicia pronta y expedita, lo cual se logra siempre que los planteamientos ante ellos propuestos sean analizados en simetría, completitud y proporción en el fallo correspondiente, pero siempre de forma tal que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, mientras que la disposición legal en comento señala que las sentencias deben ser congruentes con las actuaciones en autos. Para dar sustento a lo anterior, orientan las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CVIII/2007, consultable en la página 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Debe decirse también que el principio de congruencia consiste en que las resoluciones además deben ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí, a lo que se le denomina congruencia interna, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada, a lo que se le denomina congruencia externa. Así quedó plasmado en la tesis jurisprudencial I.1o.A. J/9, con número de registro 195706, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, consultable en la página 764, del Tomo VIII, Agosto de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubros siguientes: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En esos términos, la autoridad responsable transgredió en su perjuicio su derecho fundamental de legalidad y los principios de exhaustividad y congruencia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma de tal forma, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en jurisprudencia obligatoria -tanto para la junta responsable como para este juzgado de Distrito-, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje están impedidas para analizar de oficio la prescripción de la ejecución del laudo, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de su obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que el mismo haga valer tal figura, tal como se expone en el criterio 2a./J. 85/2018 (10a.), de la Décima Época, con registro 2017764, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1137 que establece: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁN IMPEDIDAS PARA ANALIZARLA DE OFICIO. De acuerdo con el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas prescribe en el plazo de 2 años, contado a partir del día siguiente al en que aquél hubiera quedado notificado. En ese sentido, si bien la prescripción de la acción se actualiza por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, lo cierto es que no opera de pleno derecho; consecuentemente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están impedidas para analizar de oficio su prescripción, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de la obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que haga valer esa figura, exponiendo en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos necesarios para que pueda analizarse, tales como el momento a partir del cual se originó el derecho de la contraparte para hacer valer la acción, así como la fecha en que concluyó el plazo, lo que garantiza que el actor tenga oportunidad de controvertir dichas manifestaciones.". Lo anterior, agrega nuestro intérprete constitucional, pues incluso la parte condenada, tiene que hacer valer dicha excepción en los términos fijados en la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2002, de la misma Segunda Sala de nuestro Tribunal Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, página 156, Materia Laboral, Novena Época, que literalmente establece: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho laboral cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse, además de que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 516 a 522, establece un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado por una regla genérica, lo que evidencia que cuando la excepción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta los analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone y el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su cumplimiento, teniendo lo anterior como propósito impedir que la Junta supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de dicha excepción, además de respetar el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a dictar los laudos con base en los elementos proporcionados en la etapa de arbitraje.". De lo anterior se obtiene que de conformidad con el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo para que la excepción de prescripción pueda ser analizada por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ésta debe ser planteada por la parte interesada y reunir los siguientes requisitos mínimos e indispensables: a) Precisar el artículo que la prevé para particularizar la oposición; b) La acción o pretensión respecto de la que se opone; c) El momento en que nació el derecho para exigir el cumplimiento de lo reclamado; y, d) La fecha de vencimiento del término para el ejercicio de la acción. "Artículo 519. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo." Todo lo anterior, para que la autoridad pueda estudiarla con base en los datos aportados por quien la opone, pues dicha excepción no debe estudiarse oficiosamente en perjuicio del trabajador. Así, tratándose de la ejecución de los laudos y de los convenios celebrados en un juicio laboral, aun cuando transcurra el término de dos años previsto por los artículos 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la responsable no puede declarar de oficio la prescripción a pesar de que opere por el simple transcurso del tiempo, pues de hacerlo así, se estaría sustituyendo a la parte que tiene el interés jurídico para obtener la declaración a través de su oportuna petición, ya que el conocimiento del estado del juicio le da la posibilidad de hacer valer esa prescripción una vez transcurrido el plazo correspondiente. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis XVI.1o.T.43 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1910, Materia Laboral, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. ELEMENTOS QUE DEBEN PROPORCIONARSE PARA SU ANÁLISIS POR LA JUNTA. Para que la excepción de prescripción prevista en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo sea analizada por la Junta, la parte que la oponga debe aportar los elementos mínimos e indispensables para su estudio; esto es: a) precisar el artículo que la prevé para particularizar la oposición; b) la acción o pretensión respecto de la que se opone; c) el momento en que nació el derecho para exigir el cumplimiento de lo reclamado; y, d) la fecha de vencimiento del término para el ejercicio de la acción; todo ello para que la Junta pueda estudiarla con base en los datos aportados por quien la opone, ya que dicha excepción no debe estudiarse oficiosamente en perjuicio del trabajador, pues se estarían supliendo las deficiencias del demandado en la oposición de sus excepciones.". Luego, de autos se advierte que en efecto, derivado de la petición que la hoy quejosa le presentó mediante escrito el trece de octubre de dos mil veinte, para que se dictara auto de requerimiento, pago y embargo, en respuesta la autoridad señalada como responsable dictó el acuerdo de trece de noviembre dos mil veinte, a través del cual decretó que había operado la institución procesal de la prescripción, al haber excedido el término de dos años establecido en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, lo que transgrede el principio de congruencia y legalidad, ya que al resolver el recurso de revisión contra actos de ejecución en contra del auto descrito de trece de noviembre de dos mil veinte, le fue planteado dicha inconformidad, sin dar de manera exhaustiva la respuesta a dicho planteamiento, al tomar en cuenta datos distintos de los referidos por el recurrente hoy quejoso. De lo anterior se deduce que la responsable no podía decretar la prescripción, ya que se insiste, carece de facultades para decretar oficiosamente la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de su obligación de cumplir la condena impuesta, por lo que se requiere que el mismo haga valer tal figura, y que aporte los datos para su estudio, conforme a los cuales tiene que ser resuelta tal cuestión por el tribunal responsable. Así, la autoridad responsable se encontraba constreñida a estudiar, analizar y resolver conforme a Derecho, pero sin dejar de considerar lo peticionado por el actor recurrente o cuando menos contestar cada uno de los puntos expuestos en el escrito de promoción de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por el que hizo el valer el recurso de revisión contra actos de ejecución, y analizar de manera exhaustiva las premisas expuestas, así como de expresar las razones y fundamentos por los cuales determinó declarar la prescripción de la ejecución del laudo, no obstante los argumentos hechos valer en el sentido de la imposibilidad de hacerlo de oficio. Lo que sin duda contravine el principio de exhaustividad consagrado en el artículo 16 de la ley fundamental, que debe regir en todas las actuaciones, al no haber dado contestación de manera integral y completa a los argumentos alegados en el escrito por el que promovió la incidencia de donde emanan los actos reclamados. Consecuentemente, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa a efecto de que se dicte una interlocutoria con la debida fundamentación y motivación que demanda el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, para que de manera exhaustiva analice y conteste todos y cada uno de los puntos planteados por el aquí quejoso en su escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por el que promueve el recurso de revisión contra actos de ejecución. Para realizar lo anterior la autoridad señalada como responsable deberá considerar los puntos desarrollados en relación a la operatividad de la figura de la prescripción en los autos del juicio natural de donde emanan los actos reclamados. Sin embargo, se precisa que respecto al fondo de lo planteado en el recurso de revisión contra actos de ejecución, no podría ser objeto de estudio en la presente sentencia de amparo, pues de hacerlo se sustituiría a la responsable, lo que no es permitido por razón de que los tribunales federales no son revisores de dicha autoridad, pues esa facultad le está prohibida al juzgador por no ser, el juicio de amparo, una segunda instancia en dichos procedimientos, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades responsables. SEXTO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con domicilio en esta ciudad, deberá actuar de manera inmediata, en los términos siguientes: a) Deje insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 01/1636/07-JE1, del índice de la responsable. b) Dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera exhaustiva sobre cada una de las manifestaciones vertidas en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido de que no podrá decretar la prescripción de la ejecución del laudo, conforme a lo expuesto en el considerando anterior, así como en la jurisprudencia 2ªJ.85/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual se hizo referencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 77, 117 y 119 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa María del Rosario Reyes Padilla, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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