María del Rosario Pelaez Acosta
Expediente 1307/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Rosario Pelaez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Jueza y Secretario Instructor ambos adscritos al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, en atención a su contenido; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese para que obre únicamente como corresponda el oficio de cuenta toda vez que en auto de veintitrés de noviembre del año en curso, se proveyó lo conducente respecto al mismo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Distrito Integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, remitiendo para tal efecto diversas constancias con las que acredita su dicho, en consecuencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su oficio de cuenta las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la peticionaria de amparo María del Rosario Peláez Acosta, acudió a este Juzgado Federal, a reclamar de la autoridad responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan, los actos consistentes en: Sin embargo, toda vez que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Juez de Distrito Integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, se advierte que el pasado veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable desechó la demanda promovida por la aquí quejosa María del Rosario Peláez Acosta, dentro del procedimiento laboral 341/2021-II, por no haber desahogado la prevención formulada por la autoridad responsable, por lo anterior, el acto reclamado ha cesado en sus efectos. En consecuencia, este juzgador federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, circunstancia que puede darse en dos hipótesis, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto u omisión de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada y con ello, los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto (sustitución) se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 165870, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se presenta la segunda hipótesis (sustitución) relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente. Lo anterior, debido a que se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable se tuvo por desechada la demanda del procedimiento laboral 341/2021-II, del índice de la autoridad responsable. Por lo anterior, no pueda efectuarse el estudio del acto aquí reclamado consistente en ".la omisión que realiza la autoridad responsable de dar cumplimiento a lo que señala el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo en virtud de que el expediente desde el día ocho de febrero de dos mil veintitrés, no ha ordenado alguna diligencia pendiente a en su defecto no se ha señalado fecha preliminar.", pues esta determinación incide en la vigencia y ejecutividad de acuerdo reclamado primigeniamente, pues si bien es cierto, no subsiste en los términos primeramente dictados y que motivaron al inconforme a promover este medio de control constitucional, dado que cesaron sus efectos al ser sustituido procesalmente por la nueva determinación de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Ilustra la consideración anterior, por las razones jurídicas que aporta, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1579, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 176051,cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, actualizando en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las once horas del once de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Electrónicamente
- Principal
-------Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Distrito Integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, remitiendo para tal efecto diversas constancias con las que acredita su dicho, en consecuencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su oficio de cuenta las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la peticionaria de amparo María del Rosario Peláez Acosta, acudió a este Juzgado Federal, a reclamar de la autoridad responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan, los actos consistentes en: Sin embargo, toda vez que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Juez de Distrito Integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, se advierte que el pasado veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable desechó la demanda promovida por la aquí quejosa María del Rosario Peláez Acosta, dentro del procedimiento laboral 341/2021-II, por no haber desahogado la prevención formulada por la autoridad responsable, por lo anterior, el acto reclamado ha cesado en sus efectos. En consecuencia, este juzgador federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, circunstancia que puede darse en dos hipótesis, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto u omisión de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada y con ello, los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto (sustitución) se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 165870, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se presenta la segunda hipótesis (sustitución) relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente. Lo anterior, debido a que se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable se tuvo por desechada la demanda del procedimiento laboral 341/2021-II, del índice de la autoridad responsable. Por lo anterior, no pueda efectuarse el estudio del acto aquí reclamado consistente en ".la omisión que realiza la autoridad responsable de dar cumplimiento a lo que señala el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo en virtud de que el expediente desde el día ocho de febrero de dos mil veintitrés, no ha ordenado alguna diligencia pendiente a en su defecto no se ha señalado fecha preliminar.", pues esta determinación incide en la vigencia y ejecutividad de acuerdo reclamado primigeniamente, pues si bien es cierto, no subsiste en los términos primeramente dictados y que motivaron al inconforme a promover este medio de control constitucional, dado que cesaron sus efectos al ser sustituido procesalmente por la nueva determinación de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Ilustra la consideración anterior, por las razones jurídicas que aporta, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1579, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 176051,cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, actualizando en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las once horas del once de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Electrónicamente
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1, el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las once horas del once de diciembre de dos mil veintitrés. 4. Requerimiento. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el presente juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, rindiendo su informe con justificación ordenando para tal efecto la vinculación del expediente del procedimiento laboral 341/2021-II, de su índice, del cual se evidencia que en auto de ocho del mes y año en que se actúa, se previno a la parte actora a efecto de que desahogara diversos requerimientos en relación a la demanda incoada ante la citada autoridad responsable, en consecuencia; a efecto de que este juzgado federal se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente dentro del juicio de amparo en que se actúa, requiérase al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación informe a esta juzgadora el estado procesal que guardan los autos del procedimiento laboral en comento, apercibido que en caso de ser omiso al requerimiento estipulado sigue subsistente el apercibimiento con que fue conminado. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
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