María del Rosario Ortíz Morales

Expediente 297/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
297/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • María del Rosario Ortíz Morales

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Xalapa, Veracruz, diez de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por María del Rosario Ortiz Morales, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de amparo 297/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en esencia señala como acto reclamado:  La resolución de trece de marzo del año en curso, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1082/2017/III, de su índice. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107 de la ley invocada señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Es decir, el legislador secundario dispuso diversas condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, del escrito inicial de demanda de amparo y de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en el apartado de antecedentes, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de trece de marzo del año en curso, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1082/2017/III, de su índice, mediante el cual declara improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia de uno de febrero de dos mil dieciocho, en la que declara inadmisible la prueba superviniente ofrecida por la parte quejosa. De lo anterior, se hace patente que resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que la determinación por la que se tengan por desechadas las pruebas dentro de un juicio ha sido considerado jurisprudencialmente como un acto que no afecta derechos sustantivos de las partes, es decir, dicho acto únicamente produce efectos intraprocesales, por lo que no es susceptible de combatirse de manera inmediata en vía de amparo indirecto. Lo anterior se dice, toda vez que tratándose de una determinación por la que se tiene por no admitida la prueba superviniente, existe el momento establecido en la legislación de la materia para combatir el mismo, pues el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, refiere que cuando se desechen pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, el momento oportuno para hacer valer dicha violación procesal será cuando se promueva juicio de amparo directo contra la resolución que pone fin al proceso, haciéndolo valer como violación procesal y señalando en que motivo trascendió al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.3o.111 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y nueve, tomo XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, con número de registro 208717, de rubro: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL". Así, la referida resolución que aquí se impugna, no se advierte que constituya una violación procesal que afecte en grado predominante o superior, porque de ella no depende la suerte de todo el juicio natural, pues inclusive no incide en su continuación ni conlleva el riesgo de que su tramitación resulte innecesaria, máxime que en caso de que el fallo que se llegue a dictar resultara adverso a los intereses del quejoso, éste puede inconformarse a través del medio de defensa que en su caso proceda, en el que podrá enderezar en vía de agravio las anomalías que crea fueron cometidas en el procedimiento. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Ávila Flores, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Ariana Escobar Fernández, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe. JESA/AEF/lecc

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