María del Rosario Ortíz Martínez

Expediente 1216/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1216/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Ortíz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 11713, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo número 1116/2022, formado con motivo de la demanda promovida por.... Po otra parte, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en mención; ello en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso..., no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, tal y como se le requirió en auto de diecinueve de octubre de año en curso; asimismo, se hace constar que en ocurso del cuatro de julio de esta anualidad el quejoso manifestó su inconformidad en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable Administradora Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad, a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: Mediante sentencia definitiva de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 268 a 279), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso..., para el efecto de que la autoridad responsable Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad realizara lo siguiente: ". I. Deje insubsistente los acuerdos de once de octubre y cuatro de diciembre, ambos del año dos mil trece, por virtud de los cuales impuso al quejoso una multa; y, II. En su lugar, dicte otra con libertad de jurisdicción, donde subsane la omisión antes destacada y provea lo conducente al pago que realizó el quejoso respecto a las multas reclamadas ante la Administración Tributaria, ya que éste no ostentaba el cargo que refirió en los acuerdos reclamados; sin perjuicio de que una vez subsanada la violación cometida, de ser procedente realice de nuevo el procedimiento del medio de apremio". Concesión de amparo que se hizo extensiva respecto del acto de ejecución, atribuido a la Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que no se reclama por vicios propios, pues su legalidad está subordinada al de la ordenadora. En auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria, ambas con residencia en esta ciudad (fojas 293 y 294). 3) Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: Mediante oficio número 400-38-00-00-02-2022-04014, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el nueve de mayo de dos mil veintidós, signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán 1", con residencia en esta ciudad, informó que la resolución 21-1-2-25971/13 y 21-1-2-30458/13, de fechas once de octubre y cuatro de diciembre de dos mil trece, emitidas por la Sala Regional Pacífico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encontraba dada de baja por pago en los sistemas institucionales en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, que la devolución del pago realizado, será a través de la figura del pago de lo indebido y que el aquí quejoso debería solicitar dicha devolución ante la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán 1", por ser la autoridad competente (fojas 302 a 304). En oficio número 21-1-2-165127/22, presentado ante este juzgado el once de mayo de dos mil veintidós, signado por la Presidenta y Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo emitido el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el expediente 1457/10-21.01-5, del que se desprende que dejó insubsistentes los acuerdos de fechas once de octubre y cuatro de diciembre, ambos de dos mil trece; de igual manera requirió al aquí queso para que dentro del término de tres días exhibiera las documentales con las que acreditara el pago de las multas impuestas y así estar en condiciones de proveer lo correspondiente (fojas 306 a 308). En auto de quince de junio del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Presidente y Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remitiera las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente asunto (fojas 310 y 311) Por oficio número 21-1-2-22498/22, presentado ante este juzgado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia, con sede en esta ciudad, remitió nuevamente copia certificada del acuerdo emitido el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el expediente 1457/10-21.01-5, del que se desprende que dejó insubsistentes los acuerdos de fechas once de octubre y cuatro de diciembre, ambos de dos mil trece; de igual forma, adjuntó el auto de veintiuno de junio de este año en el que tuvo a quejoso exhibiendo un estado de cuenta bancaria y giró oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán 1", del Servicio de Administración Tributaria y anexos, para que realizara las gestiones necesarias a fin de devolver los pagos que realizó el quejoso..., ante la autoridad hacendaría recaudadora de las multas que fueron dejadas sin efectos (fojas 318 a 320). Mediante oficios números 400-38-00-00-02-2022-O5795 y 400-38-00-00-02-2022-O6370, presentados en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de junio y catorce de julio de dos mil veintidós, signados por la Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán 1", con residencia en esta ciudad, informó que las resoluciones 21-1-2-25971/13 y 21-1-2-30458/13, de fechas once de octubre y cuatro de diciembre de dos mil trece, emitidas por la Sala Regional Pacífico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encontraban dadas de baja por pago en los sistemas institucionales en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno; que la devolución del pago realizado, será a través de la figura del pago de lo indebido y que el aquí quejoso debería solicitar dicha devolución ante la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán 1", por ser la autoridad competente (fojas 322 a 325 y de 333 a 335). En oficio número 500-37-00-02-00-2022-23291, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, signado por la Administradora Desconcentrado de Auditoria Fiscal Michoacán 1", con residencia en esta ciudad, que a través de los oficios números 500-37-01-02- 2022-032941 y 500-37-01-O2-2022-032942 ambos del catorce de octubre de la presente anualidad, autorizó la devolución del pago de lo indebido al quejoso Ismael Ruiz Herrejón, mismos oficios que fueron enviados para su notificación vía buzón tributario el dieciocho de octubre de dos mil veintidós y que adjuntó a su oficio de cuenta en copia certificada. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, pues la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en acuerdo del cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1457/10-21.01-5, dejó insubsistentes los acuerdos de fechas once de octubre y cuatro de diciembre, ambos de dos mil trece; y la Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, señaló que las resoluciones 21-1-2-25971/13 y 21-1-2-30458/13, de fechas once de octubre y cuatro de diciembre de dos mil trece, emitidas por la Sala Regional Pacífico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encontraban dadas de baja por pago en los sistemas institucionales en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno; asimismo que la devolución del pago realizado, será a través de la figura del pago de lo indebido y que el aquí quejoso debería solicitar dicha devolución ante la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán 1", por serla autoridad competente; asimismo, que a través de los oficios números 500-37-01-02- 2022-032941 y 500-37-01-O2-2022-032942 ambos del catorce de octubre de la presente anualidad, esta última Administración autorizó la devolución del pago de lo indebido al quejoso..., mismos oficios que fueron enviados para su notificación vía buzón tributario el dieciocho de octubre de dos mil veintidós; con lo anterior, se tienen a dichas autoridades dando cumplimiento sin excesos ni defectos a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. No es obstáculo para arribar a dicha conclusión, lo manifestado por el quejoso Ismael Ruiz Herrejón, en su ocurso de cuatro de julio de dos mil veintidós (fojas 328 a 330), en el sentido de que la Sala Regional Pacífico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, únicamente ordenó a la Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que procediera a realizar las gestiones necesarias a fin de devolver los pagos que realizó y esta última, manifestó que la devolución del pago realizado debía solicitarlo a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán 1", por serla autoridad competente; de ahí que el peticionario de garantías debe realizar los trámites ante esta última autoridad, en virtud de que ya fue ordenada la devolución del numerario respectivo. Finalmente, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por****, por propio derecho; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: "La omisión de acordar en términos que legalmente señalan los artículos 114 y 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, la petición formulada, dentro del acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veinte de junio del año dos mili veintidós, consistente en la petición formulada en el sentido de que gire oficio a la Secretaría de Finanzas y administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a efecto para que dentro del término del término de tres días, de las partidas presupuestales de la demandada Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, remita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cheque en favor de la trabajadora María del Rosario Ortiz Martínez, por la cantidad laudada, aplicando los medios de apremio señalados en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.". Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1216/2022. Ahora bien, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), arroja el dato del juicio de amparo registrado con el número 209/2017, toda vez que los actos del que deriva ese juicio de amparo son del expediente laboral 1387/2012, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, como en el que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se tiene como hecho notorio la captura que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativa al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo número 209/2017. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". En efecto, en el juicio en que se actúa, lo reclamado por María del Rosario Ortiz Martínez, por propio derecho; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consiste en: "La omisión de acordar en términos que legalmente señalan los artículos 114 y 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, la petición formulada, dentro del acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veinte de junio del año dos mili veintidós, consistente en la petición formulada en el sentido de que gire oficio a la Secretaría de Finanzas y administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a efecto para que dentro del término del término de tres días, de las partidas presupuestales de la demandada Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, remita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cheque en favor de la trabajadora María del Rosario Ortiz Martínez, por la cantidad laudada, aplicando los medios de apremio señalados en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.". En efecto, del análisis de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el acto que por esta vía reclama deriva del mismo procedimiento laboral de origen 1387/2012, del Tribunal señalado como responsable . En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto debió turnarse al juzgado que cuenta con el conocimiento previo, es decir, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ya que en la especie se considera que se surte la hipótesis prevista por los artículos 45 y 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo del presente año, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; V. Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amparo; [.] VII. Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal Colegiado de Apelación que tenga el último antecedente registrado; [.] XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado; XII. Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; XIV. La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el último antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que el antecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad; XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tiene el último antecedente registrado; y XVI. Los demás que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría.". De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Por tanto, si el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció del diverso juicio de amparo 209/2017, en donde el acto reclamado es "la omisión del Tribunal de ajustar su actuar en los términos señalados en los artículos 99 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, es decir la omisión de seguir las formalidades del procedimiento que señala el artículo 99 de la Ley de la materia, para la emisión del Laudo, el cual se trascribe a continuación.", ello del expediente laboral 1387/2012, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por lo que corresponde al citado órgano jurisdiccional el conocimiento del presente juicio. En tal virtud, en atención al artículo 46, fracción II del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien determinar si acepta o no el conocimiento del asunto, siendo que dicha determinación la deberá de hacer del conocimiento de este juzgado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ****, autorizando para tal efecto a *******, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza laboral y ser la quejosa la parte trabajadora dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.

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