María del Rosario Ortega Castillo
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María del Rosario Ortega Castillo
- Pilar Cervantes Fanatsu endosataria en propiedad de Financiera Independencia S.A.B de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se agrega oficio del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual en proveído de treinta de agosto del año en curso, DECLARA SIN MATERIA, el recurso hecho valer por la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
Se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril del año en curso, así como del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; consecuentemente, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese.
- Principal
Notifiquese personalmente
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 226/2022, promovido por ***, contra actos de la Comisión Bancaria y de Valores, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal de las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadoras señalo: - A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (.) Como ejecutora señalo: - A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTADER MÉXICO (.) - A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTADER, SUCURSAL No. 7056 (.) ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS A) Reclamo la orden y ejecución del embargo, inmovilización o bloqueo de mi cuenta bancaria No. ***, vinculada a la tarjeta plástica No. ***, DONDE SE DEPOSITA EL PAGO DE MI PENSIÓN que tengo aperturada en BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTADER MÉXICO." SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales al extinto Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas; el que por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la registró con el número **/***, de su índice; la admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, respecto de las autoridades responsables y por los actos siguientes (fojas 171 a 174): "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Como ordenadora señalo: Al C. Juez Menor del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas. Con domicilio conocido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como ejecutoras señalo: A la Ciudadana Licenciada Sandra Luz Jiménez Borjas, Actuario Judicial adscrito a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas. Con domicilio conocido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A la Ciudadana Licenciada María Luisa Ledesma Alcalá, Actuario Judicial adscrito a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas. Con domicilio conocido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: De la autoridad ordenadora: La falta de llamamiento a juicio, así como la oportunidad de defenderme de la demanda interpuesta en mi contra, de los efectos jurídicos inherente a las inminentes, obvias, futuras y ciertas sanciones derivadas de la misma en virtud de la sentencia definitiva y las consecuencias mediatas e inmediatas que pudieran ocasionarse con la materialización de la sentencia definitiva. De las autoridades ejecutoras: De la primera Actuaria Reclamo la ilegal Constancia de notificación (NO VIVE EN EL DOMICILIO) Número de Folio 20715, de fecha once de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio número 0317/2020, del Juzgado Primero Menor de Nuevo Laredo y/o Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial en el Estado Tamaulipas. De la segunda Actuaria Reclamo la ilegal Acta de Emplazamiento mercantil número 20984, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del juicio número 0317/2020, del Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial en el Estado Tamaulipas." TERCERO. CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO. Por Acuerdo General 11/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos del veintidós de junio de dos mil veintidós; por lo que, a partir del veintitrés de junio del año que transcurre, este órgano jurisdiccional quedó como juzgado de distrito único en esta residencia. Consecuentemente, en proveído de fecha uno de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito registró el juicio de amparo 65/2022 proveniente del juzgado que concluyó sus funciones, con el diverso número 226/2022; ordenó la notificación a las partes, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que el acto reclamado debe tener ejecución en esta localidad y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad, en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y sus ampliaciones, se precisa que la quejosa reclama: a).- Del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial en el Estado, la falta de llamamiento a juicio así como las consecuencias mediatas e inmediatas de dicho acto; y de las actuarias adscritas a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial en el Estado, la constancia de (no) notificación de once de enero de dos mil, así como el acta de emplazamiento de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Actos practicados dentro del juicio ejecutivo mercantil 317/2020 del índice del juzgado menor citado. b).- De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como autoridad ordenadora, y de la Institución Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como ejecutora, la orden, y ejecución del embargo, inmovilización o bloqueo de la cuenta bancaria 56-67628585-8, aperturada en la citada institución crediticia, en la que se deposita el pago de su pensión. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".1 TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como autoridad ordenadora, consistente en la orden, y ejecución del embargo, inmovilización o bloqueo de la cuenta bancaria ***, aperturada en la Institución Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, pues al rendir su informe (foja 137), la citada autoridad expresamente negó su existencia, sin que la quejosa desvirtuara dicha negativa con medio de convicción alguno. Razón por la que, procede sobreseer en el presente juicio de garantías respecto de los mismos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial en el Estado, actuarias adscritas a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial en el Estado, así como la diversa autoridad, Institución Financiera Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México pues al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron su existencia (fojas 191 y 192; 186 y 33). Lo anterior se corrobora, además, con las constancias que remitió con su informe la primera de las autoridades señaladas, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Asimismo, se tienen por ciertos ya que de los informes rendidos se advierte que realizaron tanto la diligencia de no notificación, como la de emplazamiento a la quejosa, en los autos del expediente natural ***/***; y que la Institución Financiera Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, actuó por orden del juez responsable, en el sentido de llevar a cabo el bloqueo reclamado de la cuenta bancaria ***, con motivo del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil ***/***del índice de autoridad jurisdiccional responsable. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. Al no advertirse causa de improcedencia sin que las partes hicieran valer alguna, procede el estudio del fondo del asunto, atendiendo a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al análisis de los conceptos de violación resulta pertinente traer a cuenta los antecedentes más relevantes del asunto que nos ocupa y que se advierten de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo de su informe: 1.- La ahora tercero interesada, ***, como endosataria en procuración de la beneficiaria del título de crédito pagaré fundatorio de la acción cambiaria directa que ejerció en la vía ejecutiva mercantil, demandó a María del Rosario Ortega Castillo, el pago de $*** por concepto de suerte principal y demás prestaciones accesorias. Señaló como domicilio para que fuera emplazada la demandada, el ubicado en la calle Cerrada el **número **, entre ****y *****de la Colonia Los ***en esta ciudad (fojas 196 a 199). 2.- El quince de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número de expediente 317/2020, se dictó auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma para que la deudora fuera requerida del pago de lo reclamado en su domicilio, y para el caso de que no lo efectuara, señalara bienes de su propiedad para embargo y se le emplazara a juicio (fojas 210 a 212). 3.- El once de enero de dos mil veintiuno, la actuaria judicial adscrita a la Central de Actuarios Sandra Luz Jiménez Borjas elaboró la constancia con folio 20715, en la que relató, entre otras particularidades que, no llevó a cabo la diligencia encomendada porque la demandada no vive en el domicilio que fue proporcionado por la demandante (foja 220). Dicha actuación consta en los términos siguientes: "En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a once de enero de dos mil veintiuno, a las diez horas con cincuenta minutos - El suscrito(a) licenciado(a) SANDRA LUZ JIMÉNEZ BORJAS Actuario(a) Judicial adscrito(a) a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial en el Estado, doy fe que para el efecto de dar cumplimiento al auto de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, dictado por el juzgado PRIMERO MENOR, DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, en los autos del expediente número ***/***, que me ordena me constituya en el domicilio ubicado en CERRADA EL ***L Número ***, LOS ***entre ***, de esta ciudad, a fin de notificar personalmente a ****, procedo a constituirme físicamente en la calle ***DEL ***de la colonia ya referida, cerciorándome que efectivamente la calle en que estoy constituido es la correcta, a las así verificarlo por el nombre de la calle que se encuentra en los letreros oficiales de las esquinas a lo largo de la calle, en algunas placas de los domicilios que anteceden, y al así indicarlo el GPS, además de ser del conocimiento particular del suscrito(a) al ser una calle pública en la que me he constituido en anteriores notificaciones, así como la nomenclatura que en el exterior de la casa se encuentra colocado en la pared SIENDO LA CASA DE COLOR CAFÉ DE UN PISO DE MATERIAL DE BLOCK y por el dicho de una persona mayor de edad, que sale del domicilio, y quién no se identificó y dijo llamarse ***, por lo que procedo a recabar su media filiación: es de complexión mediana, estatura aproximada 1.60, de tez aperlada, ojos negros, y de aproximadamente 32 años y quién me manifestó que el domicilio donde me encuentro constituido, SI ES EL QUE BUSCO pero me informa que la persona a notificar MARÍA DEL ROSARIO ORTEGA CASTILLO NO VIVE EN SU DOMICILIO Y QUE NO LA CONOCE Y QUE NO SABE POR QUÉ PROPORCIONARÍA SU DOMICILIO.- Razón por la cual NO SE LLEVA A CABO LA NOTIFICACIÓN ORDENADA, dándose cuenta al JUEZ, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.- Doy fe." 4.- El doce de febrero de dos mil veintiuno, a solicitud de la actora, se ordenó llevar a cabo la diligencia ordenada, en el domicilio ubicado en la calle Ébano número 502, entre las calles Boston y Bilbao del Fraccionamiento Los Fresnos, en esta ciudad (fojas 222). 5.- El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la Central de Actuarios María Luisa Ledesma Alcalá, en compañía de la actora ***, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada en los términos que constan en el acta relativa (fojas 229), la cual destaca lo siguiente: "En Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las once (11:00) horas con 0 minutos del día de hoy dieciocho del mes de marzo del dos mil veintiuno, (el) la suscrita (o) licenciada(o) MARÍA LUISA LEDEZMA ALCALÁ, Actuaria(o) judicial adscrita (o) a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad.- Doy fe que me constituí con las formalidades de ley, en el domicilio ubicado en la calle Ébano número 502 entre calles Boston y Bilbao de la colonia Fracc Los Fresnos de esta ciudad, y doy fe de que se encuentra presente la parte actora en el juicio al rubro señalado Lic Pilar Carolina Cervantes Funatsu, quién se identifica con: Cédula Profesional de Licenciada en Derecho número 4511039 procediendo a dar cumplimiento al auto de fecha quince de diciembre de dos mil veinte y doce de febrero de dos mil veintiuno dictado dentro de los autos del expediente supracitado, y procedo al CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS QUE TUVE A MI ALCANCE: 1.- Por medio del GPS, al haberme auxiliado de teléfono Celular, para llegar a la dirección supracitada. 2.- Por así apreciarlo con mi sentido de la vista al ver el nombre de la calle Ébano ubicado en la esquina de la calle. 3.- Por tener en este momento a mi vista el número exterior ***del citado inmueble, el que se encuentra en la pared de la casa. 4.- Dejando asentado, que los signos exteriores del inmueble supracitado; que puda apreciar y que sirven de comprobación de haber acudido al domicilio que se me ordena, son: que se trata de una casa de COLOR Rosa, DE un PISO, hecha de material de block. Teniendo frente a la misma reja blanca de color blanca.- 5.- Por mi propio conocimiento personal, al haberme constituido en anteriores diligencias a esta misma calle y colonia.-6.- Por el dicho de una persona, mayor de edad, de sexo femenino, quién salió del interior de la vivienda en la que me encuentro constituido, a quien le pedí me exhibiera algún documento que acredite que efectivamente me encuentro ubicado en el domicilio que se me ordena, a lo que me manifestó expresamente: que exhibe recibo de luz, y a quien le pregunto si me encuentro materialmente constituido en el domicilio ***Número ***, FRACCIONAMIENTO LOS ***, entre las calles ***Y ***, de Nuevo Laredo, Tam.; contestándome que: es el domicilio correcto. Identificándome con mi credencial de Actuaria (o) expedida por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que contiene mi fotografía, y le informé el motivo de mi visita. Enseguida, le REQUIERO a la persona que me atiende para que me proporcionara su nombre y se identifique, manifestándome expresamente que Se llama María del ***; quién se identifica con credencial de elector con número de folio ***Y ME CERCIORO QUE EFECTIVAMENTE EL DEMANDADO VIVA EN EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ LA PARTE ACTORA conforme lo establece el artículo 1393 del código de comercio en vigor, preguntándole a la persona que me atiende si en el domicilio donde me encuentro constituido, HABITA EL DEMANDADO BUSCADO, manifestándome que si vive EN ESTE DOMICILIO DÓNDE ME ENCUENTRO CONSTITUIDO, REQUIRIÉNDOLE a la persona con quien entiendo la diligencia para que me informe si es pariente o doméstico del demandado o si vive en el domicilio, donde estoy constituido, y quien dijo ser la persona buscada de la parte demandada.- Acto continuo, LE REQUERÍ LA PRESENCIA DEL NOTIFICADO manifestándome QUE Hecho lo anterior, PROCEDO A REQUERIR AL DEMANDADO (A) ***; personalmente para que pague de inmediato la cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100Moneda Nacional) por concepto de suerte principal adeudada, y las demás prestaciones que reclama al actor en su demanda o para que señale bienes propiedad del demandado para embargarlos, a fin de garantizar la cantidad que se le reclama, APERCIBIDO de que si no señala tales bienes, el señalamiento correspondiente será hecho por el actor. A lo anterior, manifestó: que no hace el pago por no contar con esa cantidad, no señala bienes y por el COVID no se permitió la entrada al domicilio del demandado; en uso de la voz la parte actora manifiesta que en virtud de que por la Pandemia no se permitió el acceso al domicilio del demandado, se reserva el derecho de señalar bienes, siendo todo lo que desea manifestar Acto continuo, la suscrita actuaria judicial ( )DECLARO FORMALMENTE EMBARGADO LOS BIENES DESCRITOS en virtud de: Y en este momento le requiero a la parte actora para que nombre depositario judicial de los bienes embargados, a lo cual manifestó que:. Acto continuo EMPLAZO a juicio al DEMANDADO (A) María del Rosario Ortega Castillo, personalmente CORRIÉNDOLE TRASLADO CON LA COPIA COTEJADA Y DEBIDAMENTE SELLADA DE LA DEMANDA, y copia simple de los documentos base de la acción, los siguientes anexos: ANEXOS: COPIA DE LA DEMANDA INICIAL CONSTANTE DE 4 FOJAS COPIA DEL PAGARÉ POR LA CANTIDAD DE $18,414.00 CONSTANTE DE 1 FOJA COPIAS SIMPLES DE LA CÉDULA PROFESIONAL CÉDULA FISCAL Y CURP CONSTANTE DE 3 FOJAS y además que se ordenan por el artículo 1061 del Código de Comercio en vigor. A sí mismo LE HAGO ENTREGA DE la Cédula de Notificación QUE CONTIENE TRANSCRIPCIÓN DEL AUTO QUE SE LE NOTIFICA y contiene la orden de embargo y COPIA DE LA PRESENTE ACTA, y le hago saber que cuenta con el término de OCHO para ocurrir ante el juzgado donde se encuentra radicado el asunto a hacer pago de la prestación que se le reclama o a oponer las excepciones que estime procedentes PREVINIÉNDOSELE para que señale domicilio, para oir y recibir notificaciones. APERCIBIDO de que en caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán en forma prevista por el numeral 1069 y 1075 del ordenamiento citado. A lo anterior, la persona con quien atiendo la diligencia manifestó que queda debidamente enterado (a) y que recibe las copias aludidas de la demanda de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 del Código de Comercio en vigor y la presente acta.- Hecho lo anterior, se da por concluida la presente diligencia firmando los que en ella intervinieron y quisieron. Doy fe." Firmado solamente por la Actuaria María Luisa Ledezma Alcalá, dejándose constancia de que no quisieron firmar tanto la parte actora como la persona con quien se entendió la diligencia. 6.- Continuado que fue el procedimiento, mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por perdido el derecho de la demandada a dar contestación a la demanda y se abrió el juicio a pruebas (foja 240), para posteriormente y previa citación de las partes, emitirse el ocho de junio de dos mil veintiuno, sentencia que condenó a la parte demandada a pagar a la actora las prestaciones que le fueron reclamadas (foja 258). 7.- El cinco de julio de dos mil veintiuno, se declaró que dicha resolución había causado ejecutoria (fojas 275). 8.- Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se declaró embargado el 30% (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo depositado en la cuenta bancaria 5667 6285 858, que la demandada tiene aperturada en la institución de crédito Banco Santander México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, ordenándose la retención de dicho porcentaje para que fuera puesto a disposición del juzgado, lo cual se mandó notificar al representante de dicha moral (fojas 312). Procede ahora el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. En ese sentido, la quejosa, en su escrito inicial de demanda y ampliación, en esencia refiere que las autoridades responsables Juez Menor en el Estado de Tamaulipas y actuarias judiciales adscritas a la Central de Actuarios, Sandra Luz Jiménez Borjas y María Luisa Ledesma Alcalá, violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aduce que no fue oída ni vencida en el procedimiento de origen, porque no fue emplazada al mismo. De igual forma, en su ampliación de demanda aduce que es ilegal la constancia de no notificación en la que se destacó que no se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento, porque la demandada no tenía su domicilio en el lugar que fue señalado por la demandante, pues, agrega que no existe cercioramiento alguno respecto de que en dicho lugar no tiene su domicilio, además de que la actuaria omitió detallar pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que no quedara duda de que efectivamente se constituyó en el domicilio señalado, pues en la relacionada actuación se afirmó por la fedataria pública que el nombre de la calle y la colonia se encontraban insertos en la nomenclatura municipal que se encuentra en la esquina donde empieza la calle y que era visible al público. Dijo también, que desde el año de dos mil doce, se fue a vivir al domicilio de su hija de nombre *** ubicado en la calle ***, Colonia ***; que en el año dos mil diecisiete, decidió vender su propiedad ubicada en la calle ***número **, del Fraccionamiento Los ***, al señor ***. Agregó que el emplazamiento realizado por la Actuaria responsable no se entendió con ella; que no colma las formalidades esenciales del procedimiento previstas por los artículos 1393 y 1394 del código de comercio, toda vez que dicha funcionaria no se cercioró de que el emplazamiento se llevara a cabo en el domicilio señalado por la actora, pues resulta insuficiente que se hicieran constar las particularidades que ahí se señalan, ya que la diligencia se llevó a cabo con un formato o machote, sin especificar correctamente el cercioramiento de que en dicho lugar tiene su domicilio, pues el formato en el que se hizo constar la práctica de dicha actuación no debe contener ya impresas situaciones subjetivas ni desconocidas. Que en dicha diligencia de emplazamiento tampoco se observaron las exigencias de los artículos 309, 310, 311, 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Señala también que, la actuaria debió asentar la media filiación de la persona con quien entendió la diligencia a fin de evitar suplantación, que se basó en argumentos ya preestablecidos, fijados o elaborados previamente, al hacer uso de formatos o machotes no aplicables al caso concreto por lo cual era ilegal su actuación. Dichos conceptos de violación son infundados, sin que exista materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues no se advierte que haya habido contra la quejosa una violación evidente de la ley que la dejara sin defensa por afectar sus derechos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a cuentas el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto constitucional en cita, en esencia, se desprende que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De lo anterior, se obtiene que el requisito para que cualquier acto de autoridad pueda llegar a privar de su libertad, propiedad, posesiones o derechos al gobernado, deberá dársele la oportunidad previa de defenderse en juicio. Esto es, el debido respeto al derecho fundamental de audiencia que impone a las autoridades entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga y pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo, para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa, puesto que, de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento" Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."5 Es decir, los citados preceptos prevén las formalidades para la práctica de la diligencia de emplazamiento, las que van encaminadas a que esa actuación se entienda personalmente con el demandado a fin de hacer de su conocimiento la demanda instaurada en su contra. Ello, para que esté en posibilidad de acudir ante la autoridad respectiva a oponer oportunamente las excepciones y defensas de su intención. No debe perderse de vista que el emplazamiento es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el respeto del derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional y por eso, los artículos 1392 y 1393 del código de comercio y 311 del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, disponen que no encontrándose el demandado a la primera busca, previamente cerciorado por cualquier medio el actuario de que en el lugar en que actúa tiene su domicilio la demandada, le dejará citatorio para hora hábil de entre las 6 y las 72 horas posteriores y si no aguarda, la diligencia se practicará con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio; que en todos los casos se dejará copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda y de los documentos base de la acción. En caso de que el actuario no pueda cerciorarse de que en dicho lugar tiene su domicilio el demandado, se abstendrá de practicar el emplazamiento y dará cuenta al tribunal. Dichos preceptos legales son del tenor siguiente: "Artículo 1393.- No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. (.) Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." Las formalidades esenciales en el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil 317/2020, promovido por *** contra ***, se encuentran cumplidas. En efecto, conforme a las constancias actuariales transcritas se advierte, contrario a lo que señala la quejosa, que se dio cumplimiento a las disposiciones constitucional y legales señaladas, ya que el once de enero de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la central de actuarios no pudo cerciorarse de que la demandada tuviera su domicilio en el lugar de su actuación (Cerrada Pedregal 1583), y se abstuvo de practicar la diligencia que se le encomendó, dejando constancia de ello, con lo cual ajustó su actuar a lo que establece el artículo 311 citado. Luego, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento a la demandada en el domicilio ubicado en la calle Ébano 502, entre las calles **** en el Fraccionamiento **** en esta ciudad, el cual llevó a cabo previo el doble cercioramiento: de que estaba constituida en el lugar en el que se ordenó la práctica de la actuación, y que dicho lugar corresponde al domicilio de la demandada. Por cuanto a lo primero, la diligenciaria estableció que lo hizo mediante los medios que tuvo a su alcance, esto es, precisó, que fue por medio del GPS de teléfono celular; también por el señalamiento del nombre de la calle y haber tenido a la vista el número exterior de la finca. Incluso, efectuó una descripción de los elementos de construcción de la casa, de igual forma se cercioró, por el dicho de una persona mayor de edad, del sexo femenino, que salió del interior de la vivienda, quién le exhibió un recibo de luz, con lo cual concluyó encontrarse en el lugar correcto. A continuación, por cuanto a lo segundo, identificándose como Actuaria ante la persona con quien entendió la diligencia, la funcionaria hizo constar que la actuación la llevó con quien dijo llamarse**** y vivir en el lugar, quien además se identificó con credencial de elector con número de folio ***, con lo cual se cercioró de que la demandada habitaba en el lugar. Así, en seguimiento al orden de su actuación, entendió la diligencia de emplazamiento directamente con la interesada, desde luego que con el previo cercioramiento que hizo de encontrarse en el lugar señalado en autos y de que ahí es donde tiene su domicilio la demandada. La notificadora la requirió de manera directa y personal el inmediato pago de la suerte principal reclamada y de las demás prestaciones y no habiéndolo efectuado ni señalado bienes para embargo, la parte actora, que estuvo presente durante la diligencia, se reservó el derecho de señalar bienes para embargo. Acto continuo fue emplazada la demandada corriéndole traslado con copia cotejada y debidamente sellada de la demanda en cuatro fojas; se le corrió traslado también con los documentos base de la acción consistentes en copia del pagaré por la cantidad de $*** constante de una foja; copia simple de la cédula profesional, cédula fiscal y constancia única del registro de población, en tres fojas; entregándole además, cédula de notificación que contiene la transcripción del auto que se le notifica; también le hizo entrega de copia del acta, indicándole el término que le fue concedido para acudir al juzgado a hacer pago de lo reclamado o a oponer las excepciones que estimare procedentes, lo cual evidencia que en la hora y fecha señaladas levantó acta de emplazamiento en cumplimiento a lo ordenado en la ley secundaria. Ahora, impuestos de la cédula de notificación, se advierte que la misma contiene mención del juicio de que se trata (expediente número 0317/2020), la mención de que dicho expediente es relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por *** contra ***, la cual fue dejada en poder de esta última. Con lo anterior queda claro que contrario a lo manifestado por la quejosa, la actuaria responsable cumplió con todas las formalidades legales y constitucionales para la práctica del emplazamiento al juicio de origen de la parte demandada, aquí quejosa; de ahí que no se violen sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, ya que, se reitera, la diligencia de emplazamiento en todas sus etapas se siguió conforme a las formalidades establecidas en las disposiciones legales que la rigen, respetando su garantía de audiencia y con ello el debido proceso del juicio de origen, por lo que, el concepto de violación enderezado al respecto es infundado. Por otra parte, no pasa inadvertido para este juzgado que la diligencia de emplazamiento reclamada se llevó a cabo directa y personalmente con la demandada, y que la finalidad legal y constitucional del emplazamiento consiste en que la emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de que esté en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Finalmente, la quejosa aduce que la diligencia no cumple las formalidades esenciales del procedimiento, porque la actuaria responsable se basa en argumentos ya preestablecidos, fijados o elaborados previamente, al hacer uso de formatos o machotes no aplicables al caso concreto. Al respecto debe decirse, que si bien los Actuarios utilizan formatos preelaborados o "machotes", ello por si solo no le resta valor a su actuación, pues para hacer una diligencia valida, invariablemente tiene que cumplir con los requisitos que la ley le exige, los cuales en el caso cumplió en su totalidad. En efecto, en el caso no son ilegales las actas que se llevaron a cabo empleando para su elaboración formatos preestablecidos, "machotes", como no lo serían tampoco si se hubiese utilizado computadora e impresora portátiles, pues no existe disposición legal que limite el uso de ese tipo de instrumentos o tecnologías, y mucho menos que dicha utilidad implique la ilegalidad de la actuación del diligenciario. De igual forma, no se considera contrario a derecho el emplazamiento reclamado porque no es un requisito el que se asiente en qué momento y lugar se llevó a cabo la redacción o impresión del documento, pues lo único que debe tomarse en cuenta es que el llamamiento a juicio cumpla con los requisitos que las normas aplicables señalen, como ya se explicó. Entonces, la ley no impone al actuario que asiente sus actuaciones en manuscrito, en máquina de escribir o en computadora, dado que, incluso, es acorde con la norma la utilización de los documentos impresos denominados "machotes", con tal de que en todos los supuestos, dichas actuaciones no se aparten de las formalidades establecidas en la propia ley ni de la más elemental coherencia para con el mundo fáctico del cual parten cuando se realizan, y es que esa clase de actos judiciales se sustentan en la realidad misma y esta, en materia forense se ve traducida en los hechos respecto de los cuales está dando fe o certificando la autoridad judicial, que a su vez, en gran medida, se conforman por intervenciones de las partes vertidas a través de la palabra, todo lo cual le da la sustancia, la certidumbre y la veracidad que, además, la lógica y el sentido común reclaman para este tipo de eventos. Al respecto se cita la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 35, Cuarta Parte, página 64, Séptima Época, registro 242114, que establece: "EMPLAZAMIENTO HECHO EN MACHOTES. El hecho de haber usado para el emplazamiento un documento impreso de los llamados vulgarmente "machotes", no viola ninguna garantía del quejoso, ni le puede causar agravio, porque su uso no está prohibido por la ley, ni existe precepto alguno que estipule una forma especial por escrito, ya sea manuscrita, a máquina, o impresa en parte, y manuscrita en otra parte, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales y del 1396 del Código de Comercio."6 En esa medida, todas las inconformidades que giran en torno a una supuesta ilegalidad de la diligencia de emplazamiento reclamada, derivada de la utilización de un formato o machote, son ineficaces. Por otra parte, son infundados los argumentos de la quejosa en el sentido de que la diligencia de emplazamiento no se entendió con ella, los cuales hace descansar en el hecho de que desde el dos mil doce se fue a vivir al domicilio de su hija (Pedregal 1583); y que en el año de dos mil diecisiete vendió al señor *** la propiedad ubicada en la calle ***; que por ello estaba en desacuerdo tanto con la constancia de no notificación en la que se hizo constar que no tenía su domicilio en la calle Pedregal 1583 cuando lo cierto era que habitaba en dicho lugar; así como que la actuaría hiciera constar que la encontró presente en un domicilio que dice ya había vendido. Lo infundado de tales afirmaciones deriva de su falta de acreditamiento en autos, pues las pruebas que para tal fin se ofrecieron son insuficientes para ello. Ciertamente, a fin de demostrar los extremos en que descansan tales argumentos, la quejosa ofreció y le fueron recepcionados los medios de convicción consistentes en prueba testimonial que fue a cargo de ***; copia de la credencial para votar expedida a favor de la quejosa con folio identificador a trece dígitos ***; inspección judicial en el lugar en que se practicó la diligencia de emplazamiento; manifiesto de propiedad urbana de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Tales probanzas sólo son aptas y suficientes para demostrar la existencia del inmueble que se ubica en la calle Ébano número 502, del Fraccionamiento Los Fresnos en esta ciudad, el cual corresponde a una casa habitación que catastralmente se encuentra controlada a nombre de José Ríos Molina; así como que la señora María del *** tiene una credencial para votar que le fue expedida en el año dos mil veintiuno, pero no tienen el alcance para demostrar que la credencial que la actuaria dio fe tener a la vista en la diligencia de emplazamiento corresponde a una diversa persona de quien la exhibió con fines de identificación el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; ni que la persona con quien entendió la diligencia la citada funcionaria sea alguien diverso a la aquí quejosa. SÉPTIMO. DECISIÓN. Al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto. OCTAVO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 687 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 226/2022 por el acto de la autoridad responsable señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables, señalados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
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