María del Rosario Oceguera Rodríguez

Expediente 1528/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1528/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2019

Partes del expediente

  • María del Rosario Oceguera Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta. . . solicita la devolución de la documental que anexó. . . se autoriza la devolución de las documentales solicitadas. . .

  2. Principal

    - Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte . . . se declara que el mismo ha causado estado . . . archívese este expediente como asunto totalmente concluido . . .

  3. Principal

    - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE . . .

  4. Principal

    CITATORIO. SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA, MARIA DEL ROSARIO OCEGUERA RODRÍGUEZ, EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 07/12/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 06/12/2018, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. ".Vista la demanda de garantías promovida por MARÍA DEL ROSARIO OCEGUERA RODRÍGUEZ, por propio derecho. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece., "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo., XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 Constitucional , en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resultará improcedente. Precisado lo anterior, como se adelantó, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que resuelve el recurso de revisión interpuesto por la promovente del amparo en contra de la multa que le impuso la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Querétaro, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), y en la que se confirmó dicha sanción económica., en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa, a saber, la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Querétaro. Por lo que hace los incisos b) y c), se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa previsto en una ley, por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que el acto reclamado, puede ser analizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XIII, en relación con la XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, preceptos que contemplan como medio ordinario de defensa el denominado juicio contencioso administrativo, también llamado juicio de nulidad, a través del cual dicho acto puede ser confirmado o modificado.XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo., XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo(.)"Mientras que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala. "Artículo 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Preceptos de cuyo contenido se sigue que, en contra del acto combatido en la presente instancia constitucional consistente en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que resuelve el recurso de revisión interpuesto por la promovente del amparo en contra de la multa que le impuso la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Querétaro, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), y en la que se confirmó dicha sanción económica, en contra de dicha determinación se actualiza la procedencia del juicio de nulidad, como medio de defensa idóneo para combatir el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Asimismo, en relación con el inciso d), se cumple con el mismo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, si bien hasta antes del diez de marzo de dos mil once, debía considerarse que la interposición de dicho medio ordinario de defensa era optativo para el gobernado, en virtud de considerarse actualizada una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado., sin embargo, de conformidad con las reformas legislativas vigentes a partir del diez de marzo de dos mil once, el precepto legal antes mencionado ya no exige más requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, y por tanto, la interposición del juicio de nulidad ante la autoridad competente, resulta exigible en atención al referido principio de definitividad.c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. Por tanto, si la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contemplan el referido medio ordinario de defensa denominado juicio contencioso administrativo también llamado juicio de nulidad, a través del cual el acto aquí reclamado puede ser confirmado o modificado y cuya sustanciación permite la suspensión del acto impugnado, sin mayores requisitos que los exigidos por la ley reglamentaria del juicio de garantías para otorgar la suspensión definitiva, es evidente que, no se actualiza esa excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse el juicio referido antes de promoverse el juicio de amparo.Bajo esa misma línea argumentativa, el requisito marcado con el inciso e), también se cumple, pues de la copia del acto reclamado, que obra anexa al escrito de demanda, se advierte que el acto de la autoridad responsable, se encuentra fundado y motivado, pues invocó las disposiciones normativas que consideró aplicables al caso, y estableció las circunstancias que tomó en cuenta al momento de emitir el acto combatido . Finalmente, por lo que respecta al inciso f), también se encuentra cubierto. Ello, pues si bien, de un análisis de los conceptos de violación se observa que la parte quejosa se duele de violaciones que tienen sustento constitucional, esto es, invoca violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución, igual de cierto es que la excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente opera cuando se plantea exclusivamente este tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna., de ahí que, en la especie no se actualiza la excepción en comento, pues la parte quejosa no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales porque de sus conceptos de violación se advierte que también controvierte la legalidad del acto impugnado, lo que obligaría a este Juzgado a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria . Ahora, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, por ello, a continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. De la lectura integral del ocurso de demanda, se advierte que en el caso no se trata de un amparo contra leyes, ni tampoco que al acto reclamado entrañe el primer acto de aplicación de una norma general impugnada, por lo cual no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad en comento. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, de los antecedentes narrados de la demanda, se advierte que la parte quejosa no se ostenta con tal carácter, razón por la cual no se actualiza esta excepción., máxime que refiere que fue la propia quejosa quien interpuso el recurso de revisión, al que recayó la resolución reclamada. En ese mismo sentido, el acto reclamado no se trata de aquellos que importan la privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que se trata de un acto administrativo emitido por una autoridad de igual naturaleza. Por tanto, aun cuando existen excepciones al principio de definitividad, en el presente caso no se actualizan, por lo cual la parte quejosa sí se encontraba obligada a cumplir con dicho principio. En tal virtud, si antes de promover el juicio de garantías, el inconforme no promovió el medio de defensa legal referido, a través del cual pudo haber sido modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio ya que la promovente del amparo no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por MARÍA DEL ROSARIO OCEGUERA RODRÍGUEZ, por propio derecho. A mayor abundamiento cabe mencionar que de admitirse a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente., con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.." POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHO AUTO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

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