María del Rosario Muñoz Lara
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María del Rosario Muñoz Lara
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ***. Ahora, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por las consideraciones que a continuación se exponen. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo ***, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el particular se actualiza la causal de improcedencia. De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquellas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierte las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y; en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, conviene acotar, que la Secretaría de Educación Pública es un organismo público centralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, al tener la función de un ente asegurador en sustitución del patrón y de autoridad fiscal autónoma, cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado ***. Lo anterior, hace patente que los actos reclamados a las autoridades responsables, en específico al Director de la Secundaria Técnica, número ***, "***", no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino en su carácter de patrón de la quejosa; esto es, que dichos actos derivan de una relación puramente contractual efectuada entre una persona oficial y un particular, de lo que se colige que el actuar que reclama, no pueda considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues al emitirlo las autoridades lo hacen con el carácter de patrón. En ese contexto, la impetrante de amparo trata de combatir actos sufridos durante el desempeño de sus funciones como Profesora de la Secundaria Técnica, número ***, "***", a través del juicio de derechos fundamentales, cuestión de la cual no puede conocer el suscrito juzgador federal, pues para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de tortura laboral, mobbing laboral, discriminación, violencia de género y misoginia que sufre en su centro de trabajo, agregando que la torturan con pretender cambiarla de adscripción; en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, al no tratarse de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, los actos reclamados a las autoridades que se señalan como responsables, se da en un plano de igualdad entre estas y la ahora promovente, derivada de una relación puramente laboral, y no como una relación de autoridad y gobernado. Todo lo anterior permite concluir que la relación entre la Secretaria de Educación Pública y Director de la Secundaria Técnica, número ***, "***" y la quejosa ***, es puramente laboral y el conflicto debe ventilarse en la vía laboral y no ante esta instancia constitucional. Por tales razones, debe concluirse que cuando el acto que se reclame emana de una cuestión de carácter laboral -lo que en el caso acontece-, resulta claro que tal hecho es atribuible a las autoridades que señala como responsables, únicamente en su calidad de "patrón", es decir, participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de la misma y; por ende, se trata de un problema entre la trabajadora y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, por lo que el amparo interpuesto resulta improcedente. Todo lo anterior permite concluir que la relación entre las autoridades señaladas como responsables y la quejosa ***, es puramente laboral y el conflicto debe ventilarse ante la autoridad laboral correspondiente y no ante esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. No es óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa aduzca que, los actos que se reclaman tienen la característica de tortura laboral, mobbing laboral, discriminación, violencia de genero y misoginia, que atentan contra su dignidad humana entre otros, pues únicamente con ello trata de hacer procedente la vía constitucional, cuando como se explicó, este tipo de conflictos deben ventilarse en la vía ordinaria. En efecto, el segundo de los ordenamientos mencionados define el delito de tortura, como aquel que tiene por objeto obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, medio de coacción, medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, cause dolor físico o sufrimiento psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien pueda legalmente otorgarlo, supuestos que no se actualizan en el particular. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en el escrito de demanda y por autorizada, a ***, toda vez que dicho profesionista cuenta con el registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y; para el único efecto de oír y recibir notificaciones a la restante persona que refiere por no contar con dicho registro. De igual forma, se tiene por señalado el correo electrónico ***, número de teléfono ***, a efecto de que por esos medios, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dicho contacto a través de medios electrónicos sustituya las notificaciones. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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