María del Rosario Morales del Rio
Expediente 711/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María del Rosario Morales del Rio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 18808 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos el oficio y anexos de cuenta, que remite la Jefa de Proyecto de la Unidad Jurídica de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, residente en Guadalupe, Zacatecas, quien firma en ausencia del Director, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias para acreditarlo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
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El once de diciembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICA: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del veintiséis de noviembre al nueve de diciembre de dos mil diecinueve y para la autoridad responsables del veinticinco de noviembre al seis del mes y año que transcurre. c) Que no existen constancias por devolver a la autoridad responsable. d) No se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora de derechos en los siguientes términos: "En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para los efectos que a continuación se precisan: 1.- Con libertad de decisión, emita respuesta a la solicitud presentada por el justiciable el quince de mayo de dos mil diecinueve, con número de expediente ZAC- L-1122-15-05-19. 2.- Tal respuesta deberá ser dirigida a la quejosa y congruente con lo solicitado; y, 3.- Deberá notificar el referido proveído a la parte quejosa. Sin que sea factible atender a lo manifestado por el impetrante en el sentido de que se conceda el amparo para el efecto de que se expida el título de concesión solicitado, debido a que ello está condicionado a que sea autorizada su petición y, mediante los efectos de la concesión, no se puede exigir a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER ENDETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. En esa virtud, sino se ha dado respuesta a la solicitud de la quejosa para la expedición de una nueva concesión según el expediente registrado como ZAC- L-1122-15-05-19, es inconcuso que no se puede constreñir a la autoridad a otorgar título de concesión resultante de tal solicitud. En ese sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya resolvió que para tratándose de los asuntos, en los que se alegue dilación lo que interesa es el acto procesal que en concreto de sea objeto de omisión o contestación, atentos a los principios de congruencia y exhaustividad. Sustenta lo anterior la tesis de número 2a. CV/2013 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Asimismo, remita las constancias que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 711/2019, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 y 3), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 12 y 13); y al pedimento 1045/2019 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (fojas 19 a 21). A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al Juez con la documental que adjuntó la quejosa a su demanda (foja 4); así como con la presuncional y documental ofrecida por la responsable (foja 13). A lo que el Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: El secretario da cuenta con los formulados por la representante social en su pedimento 1045/2019 (fojas 19 a 21). A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 711/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida el mismo día a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, María del Rosario Morales del Río, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: " Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en el Estado de Zacatecas." ACTO RECLAMADO: "La expedición del título de concesión, para el uso y/o explotación de aguas nacionales." Precepto constitucional que se considera infringido. La quejosa señaló como derecho fundamental vulnerado el que tutela el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se registró el expediente con el consecutivo 711/2019 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama la omisión por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de proveer el escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, en que solicitó la expedición de una nueva concesión de aguas nacionales para uso agrícola, solicitud registrada con el número de expediente ZAC- L-1122-15-05-19. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en el Estado de Zacatecas, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la omisión que en el presente juicio se impugna. CUARTO. Causales de Improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia y no advertir alguna de oficio, procede analizar el fondo del asunto sin la trascripción de los conceptos de violación, al no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, como se expone en la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de Constitucionalidad. Es fundado el concepto de violación planteado por la quejosa. Aduce el inconforme, que la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, vulnera en su perjuicio el derecho que consigna el artículo 8 Constitucional, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que está se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la recta interpretación del invocado precepto, se desprende que el gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, en forma respetuosa, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición; y, por su parte, la autoridad en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo constitucional de mérito, tiene la obligación de dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado le eleve; y, dicho acuerdo no es sino el parecer que emite la autoridad sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolverse de conformidad con los términos de la solicitud, ya que claro está, que la garantía de que se trata, regula el dictado de un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. La garantía que tutela el derecho de petición, contenida en el artículo 8 Constitucional, se integra por dos obligaciones imputables a la autoridad, a saber: a) Proveer la respuesta en relación con el escrito presentado, que ésta sea en breve término; y, b) Que se comunique ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rijan al acto. Para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado, sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquella petición se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis visible a foja 126, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época, que a la letra dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Ahora bien, la hoy quejosa compareció ante esta instancia constitucional para reclamar, sustancialmente, la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto del escrito que presentó el quince de mayo de dos mil diecinueve. Luego, del informe justificado, así como del acuse de recibo que anexó la quejosa a su escrito de demanda, se desprende que efectivamente en fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, presentó dicha solicitud y que no se le ha dado contestación. Así, como se advierte de las constancias que obran en el sumario, la autoridad responsable incumplió con los requisitos que conforman la garantía prevista en el citado artículo 8 Constitucional, pues omitió dar contestación a lo solicitado por la quejosa, lo que se traduce en una transgresión a la esfera jurídica del impetrante que vulnera sus derechos, pues como ya se dijo, la petición formulada por escrito a la autoridad, en la especie a un servidor público en funciones, requiere de una respuesta congruente también por escrito; y, que ésta se haga del conocimiento del peticionario en breve término. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 183/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 207, que señala: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido". Asimismo, en la jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 931, de rubro y texto: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido". Ahora bien, debe tomarse como parámetro que el escrito fue presentado ante la responsable el quince de mayo de dos mil diecinueve, habiéndose presentado la demanda de amparo con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, sin que a la fecha de la emisión de la presente obre constancia alguna de que se hubiere dado contestación congruente al mismo. En este aspecto debemos atender a la Ley de Aguas Nacionales, y en particular a su artículo: "ARTICULO 22.- "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente". De lo anterior se advierte, que si la autoridad cuenta con sesenta días hábiles para contestar las solicitudes que se le formulen, en el caso se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo que la autoridad tiene para proveer lo peticionado por la quejosa, puesto que, entre la fecha de presentación del escrito (quince de mayo de dos mil diecinueve) y la demanda de amparo (doce de septiembre de dos mil diecinueve), transcurrieron más de setenta días sin que proveyera al respecto; por ende, la responsable infringió el artículo 8 Constitucional, pues es claro que subsiste una auténtica omisión de pronunciarse sobre si procede o no lo solicitado por la parte quejosa. En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para los efectos que a continuación se precisan: 1.- Con libertad de decisión, emita respuesta a la solicitud presentada por el justiciable el quince de mayo de dos mil diecinueve, con número de expediente ZAC- L-1122-15-05-19. 2.- Tal respuesta deberá ser dirigida a la quejosa y congruente con lo solicitado; y, 3.- Deberá notificar el referido proveído a la parte quejosa. Sin que sea factible atender a lo manifestado por el impetrante en el sentido de que se conceda el amparo para el efecto de que se expida el título de concesión solicitado, debido a que ello está condicionado a que sea autorizada su petición y, mediante los efectos de la concesión, no se puede exigir a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER ENDETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. En esa virtud, sino se ha dado respuesta a la solicitud de la quejosa para la expedición de una nueva concesión según el expediente registrado como ZAC- L-1122-15-05-19, es inconcuso que no se puede constreñir a la autoridad a otorgar título de concesión resultante de tal solicitud. En ese sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya resolvió que para tratándose de los asuntos, en los que se alegue dilación lo que interesa es el acto procesal que en concreto de sea objeto de omisión o contestación, atentos a los principios de congruencia y exhaustividad. Sustenta lo anterior la tesis de número 2a. CV/2013 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Rosario Morales del Río, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL
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El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado de autos y con una promoción registrada con el folio 15356. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de ocho del presente mes y año, se tuvo recibido el informe justificado de la autoridad responsable director local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas (a través de la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos); por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido; SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase formulados los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será proporcionada la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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