María del Rosario Montesinos Ramírez
Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2021
Partes del expediente
- María del Rosario Montesinos Ramírez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de marzo de dos mil veintiunoEstado procesal. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Asimismo, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de febrero de dos mil veintiunoVista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para notificar personalmente a la parte quejosa ... el proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno (Recepción. Se tiene por recibido únicamente el escrito de demanda signado por ...por propio derecho, contra el acto reclamado al Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), con residencia en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 55/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer lo que en derecho proceda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición, se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se actualiza la casual de improcedencia contenida en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, 5o, fracción II, de la Ley de Amparo. Conforme dispone el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, así como el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En esas condiciones, puede definirse a la autoridad responsable como aquella institución pública (órgano de gobierno, organismo público autónomo u organismo público descentralizado) que habiendo desarrollado tareas propias de sus funciones de gobierno, frente a los gobernados, pero en nombre de aquel, emita actos de manera unilateral que alteren la esfera jurídica del gobernado, por lo que al ser impugnados mediante el juicio de amparo, dicha autoridad o ente público estaría en la obligación de defender la constitucionalidad de su actuación conforme a las leyes que lo facultaron para emitir el acto reclamado y justificar ante esta autoridad jurisdiccional los elementos que le llevaron a la materialización del mismo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro: 199459, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis número 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso particular, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión o abstención y falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito de trece de enero del año en curso, atribuida al Banco Mercantil del Norte S.A., a quien señala como autoridad responsable. Empero, dicho acto no puede ser considerado como acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que la aquí señalada como autoridad responsable no actúa con carácter de imperio, menos se advierte que la citada responsable, esté ejecutando o trate de ejecutar un acto en el que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ello es así, dado que la relación existente entre quien se ostenta como quejosa y la institución bancaria que en el presente asunto se pretende señalar como responsable, carece de un elemento fundamental que caracteriza al juicio de amparo, esto es, que la parte afectada se encuentre en un plano de subordinación frente al ente que emite el acto reclamado; lo que evidentemente no acontece cuando la relación o el vínculo por medio del cual se generó la situación que dio origen al acto, tiene naturaleza contractual, máxime que la institución financiera tiene el carácter de persona moral de naturaleza privada y en el caso no se surte la excepción a la regla mediante la cual sea posible considerar a dicha institución financiera como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En el caso particular, la propia quejosa manifiesta en su demanda, que con el Banco Mercantil del Norte S.A., maneja un crédito simple en moneda nacional, número 216498532, en el que figura como deudora solidaria, de lo que se advierte que existe un contrato de crédito celebrado entre la quejosa y la institución bancaria en comento; por tanto, nos encontramos frente a una relación de coordinación debido a que las partes se obligaron en un plano de igualdad, de modo que en caso de existir afectación a los derechos de las partes contratantes, existen autoridades del orden común facultados para resolver esa clase de conflictos conforme las leyes aplicables. En ese sentido, la hipótesis planteada como acto reclamado por la quejosa, no podría ser resuelta mediante el juicio de amparo, pues el propósito primordial de este juicio extraordinario es el de proteger al gobernado de los actos emitidos por autoridades, y en el caso la institución bancaria no puede ser considerada con tal carácter, de ahí que en contra del acto aquí reclamado el juicio constitucional resulta improcedente. Tiene aplicación, por analogía, la tesis aislada, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2020618, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común Civil, consultable a página 1807, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." Así como la diversa Tesis: I.10o.A.106 A (10a.), emitida por el DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Décima Época, Registro: 2020007, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Junio de 2019, Tomo VI, Materia(s): Común Administrativa, consultable a página 5189, cuyo rubro y texto dicen: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. HIPÓTESIS EN LAS QUE TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EQUIPARADA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el alcance del concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio de amparo que prevé la ley de la materia, es posible reclamar actos u omisiones de particulares, siempre y cuando sean equiparables a los de autoridad, cuando se emitan de forma unilateral, obligatoria, afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y tengan su origen en una norma general, con motivo de la prestación de un servicio público o de interés general. Por ende, si el servicio de banca y crédito es una actividad reglada del mercado de crédito, cuyo ejercicio se puede encargar, vía autorización, a los particulares constituidos en instituciones de crédito y que, por tanto, se considera de interés general, se concluye que los actos u omisiones que genere en transgresión a los derechos humanos de las personas pueden ser objeto de reclamo en la vía de amparo, cuando no tengan celebrado contrato alguno con el afectado, o cuando no han expresado su voluntad de celebrar operaciones con el banco, pues en esos supuestos no puede considerarse que haya una relación de coordinación; circunstancia que también acontece cuando existe el pacto consensual celebrado entre las partes, pero el banco ejerza facultades fuera del margen contractual existente y se menoscaben derechos humanos, pues en este supuesto la institución de crédito estaría realizando actos que no podrían resultar ajenos al control constitucional, por tratarse de actuaciones arbitrarias carentes de fundamento, desconociéndose así que las relaciones establecidas entre las instituciones bancarias y los particulares (sean cuentahabientes o no), resultan innegablemente desiguales, pues aquéllas realizan un servicio bancario al público en general, con respaldo en una autorización otorgada por el Estado, lo cual les genera una posición de privilegio que, evidentemente, les posibilita afectar derechos fundamentales en ciertas circunstancias, en detrimento de la parte más débil. Es así, porque el hecho de que la institución bancaria haya omitido o se haya abstenido de dar respuesta al escrito de trece de enero de dos mil veintiuno , formulado por la parte quejosa, no puede ser tomada como un acto de autoridad, ya que únicamente puede serlo quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, la omisión de respuesta no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, 5o, fracción II, de la Ley de Amparo , en relación con el diverso 113 del ordenamiento jurídico antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes citada. Domicilio. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta, ubicado en 14ª oriente norte, número 478, de esta ciudad. Autorizados. Se tienen por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Manuel de Jesús Rodríguez Núñez y Enrique Díaz Pérez, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, y en restringidos términos a la persona restante, por no tener registrada su cédula profesional en el mencionado sistema. Medio de contacto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente como medios de contacto, el correo electrónico personal y el número de teléfono que la quejosa proporciona. Solicitud de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud por escrito se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la toma de fotografías o imágenes de las resoluciones que se dicten en este asunto. De igual forma, previa solicitud por escrito, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, previa toma de razón que obre en autos, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial. Habilitación de días y horas. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Usuario. Por otra parte, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza al promovente la consulta en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es ... en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario.). En consecuencia, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos dicho proveído, así como las subsecuentes actuaciones, hasta en tanto la quejosa señale domicilio correcto para oír y recibir notificaciones.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Recepción. Se tiene por recibido únicamente el escrito de demanda signado por María del Rosario Montesinos Ramírez, por propio derecho, contra el acto reclamado al Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), con residencia en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 55/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer lo que en derecho proceda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición, se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se actualiza la casual de improcedencia contenida en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, 5o, fracción II, de la Ley de Amparo. Conforme dispone el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, así como el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En esas condiciones, puede definirse a la autoridad responsable como aquella institución pública (órgano de gobierno, organismo público autónomo u organismo público descentralizado) que habiendo desarrollado tareas propias de sus funciones de gobierno, frente a los gobernados, pero en nombre de aquel, emita actos de manera unilateral que alteren la esfera jurídica del gobernado, por lo que al ser impugnados mediante el juicio de amparo, dicha autoridad o ente público estaría en la obligación de defender la constitucionalidad de su actuación conforme a las leyes que lo facultaron para emitir el acto reclamado y justificar ante esta autoridad jurisdiccional los elementos que le llevaron a la materialización del mismo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro: 199459, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis número 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso particular, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión o abstención y falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito de trece de enero del año en curso, atribuida al Banco Mercantil del Norte S.A., a quien señala como autoridad responsable. Empero, dicho acto no puede ser considerado como acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que la aquí señalada como autoridad responsable no actúa con carácter de imperio, menos se advierte que la citada responsable, esté ejecutando o trate de ejecutar un acto en el que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ello es así, dado que la relación existente entre quien se ostenta como quejosa y la institución bancaria que en el presente asunto se pretende señalar como responsable, carece de un elemento fundamental que caracteriza al juicio de amparo, esto es, que la parte afectada se encuentre en un plano de subordinación frente al ente que emite el acto reclamado; lo que evidentemente no acontece cuando la relación o el vínculo por medio del cual se generó la situación que dio origen al acto, tiene naturaleza contractual, máxime que la institución financiera tiene el carácter de persona moral de naturaleza privada y en el caso no se surte la excepción a la regla mediante la cual sea posible considerar a dicha institución financiera como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En el caso particular, la propia quejosa manifiesta en su demanda, que con el Banco Mercantil del Norte S.A., maneja un crédito simple en moneda nacional, número 216498532, en el que figura como deudora solidaria, de lo que se advierte que existe un contrato de crédito celebrado entre la quejosa y la institución bancaria en comento; por tanto, nos encontramos frente a una relación de coordinación debido a que las partes se obligaron en un plano de igualdad, de modo que en caso de existir afectación a los derechos de las partes contratantes, existen autoridades del orden común facultados para resolver esa clase de conflictos conforme las leyes aplicables. En ese sentido, la hipótesis planteada como acto reclamado por la quejosa, no podría ser resuelta mediante el juicio de amparo, pues el propósito primordial de este juicio extraordinario es el de proteger al gobernado de los actos emitidos por autoridades, y en el caso la institución bancaria no puede ser considerada con tal carácter, de ahí que en contra del acto aquí reclamado el juicio constitucional resulta improcedente. Tiene aplicación, por analogía, la tesis aislada, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2020618, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común Civil, consultable a página 1807, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." Así como la diversa Tesis: I.10o.A.106 A (10a.), emitida por el DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Décima Época, Registro: 2020007, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Junio de 2019, Tomo VI, Materia(s): Común Administrativa, consultable a página 5189, cuyo rubro y texto dicen: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. HIPÓTESIS EN LAS QUE TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EQUIPARADA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el alcance del concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio de amparo que prevé la ley de la materia, es posible reclamar actos u omisiones de particulares, siempre y cuando sean equiparables a los de autoridad, cuando se emitan de forma unilateral, obligatoria, afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y tengan su origen en una norma general, con motivo de la prestación de un servicio público o de interés general. Por ende, si el servicio de banca y crédito es una actividad reglada del mercado de crédito, cuyo ejercicio se puede encargar, vía autorización, a los particulares constituidos en instituciones de crédito y que, por tanto, se considera de interés general, se concluye que los actos u omisiones que genere en transgresión a los derechos humanos de las personas pueden ser objeto de reclamo en la vía de amparo, cuando no tengan celebrado contrato alguno con el afectado, o cuando no han expresado su voluntad de celebrar operaciones con el banco, pues en esos supuestos no puede considerarse que haya una relación de coordinación; circunstancia que también acontece cuando existe el pacto consensual celebrado entre las partes, pero el banco ejerza facultades fuera del margen contractual existente y se menoscaben derechos humanos, pues en este supuesto la institución de crédito estaría realizando actos que no podrían resultar ajenos al control constitucional, por tratarse de actuaciones arbitrarias carentes de fundamento, desconociéndose así que las relaciones establecidas entre las instituciones bancarias y los particulares (sean cuentahabientes o no), resultan innegablemente desiguales, pues aquéllas realizan un servicio bancario al público en general, con respaldo en una autorización otorgada por el Estado, lo cual les genera una posición de privilegio que, evidentemente, les posibilita afectar derechos fundamentales en ciertas circunstancias, en detrimento de la parte más débil. Es así, porque el hecho de que la institución bancaria haya omitido o se haya abstenido de dar respuesta al escrito de trece de enero de dos mil veintiuno , formulado por la parte quejosa, no puede ser tomada como un acto de autoridad, ya que únicamente puede serlo quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, la omisión de respuesta no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, 5o, fracción II, de la Ley de Amparo , en relación con el diverso 113 del ordenamiento jurídico antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes citada. Domicilio. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta, ubicado en 14ª oriente norte, número 478, de esta ciudad. Autorizados. Se tienen por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Manuel de Jesús Rodríguez Núñez y Enrique Díaz Pérez, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, y en restringidos términos a la persona restante, por no tener registrada su cédula profesional en el mencionado sistema. Medio de contacto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente como medios de contacto, el correo electrónico personal y el número de teléfono que la quejosa proporciona. Solicitud de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud por escrito se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la toma de fotografías o imágenes de las resoluciones que se dicten en este asunto. De igual forma, previa solicitud por escrito, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, previa toma de razón que obre en autos, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial. Habilitación de días y horas. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Usuario. Por otra parte, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza al promovente la consulta en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es "Enrique2788", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria María del Rosario Villalobos Gómez, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
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