María del Rosario Montaño Gradilla

Expediente 1998/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1998/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Montaño Gradilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico en representación del Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, residente en Tepic, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en el presente sumario, remite copia certificada del proveído dictado el doce de octubre de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral 64/2012 de su índice, mediante el cual el Presidente de la Sala de Conflictos Entre los Entes Públicos y sus Trabajadores con Excepción de los Municipios, perteneciente a dicho Instituto de Justicia Laboral, acordó lo siguiente: "TEPIC, NAYARIT; DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente expediente laboral, y derivado de la diligencia de requerimiento de pago de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés en la cual, en uso de la voz la parte demandada por medio de su representante legal manifestó no estar en condiciones de cumplir con el requerimiento efectuado mediante proveído de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que la parte demandada presentó amparo indirecto en contra del referido proveído con fecha veinticinco de septiembre del año que transcurre dentro del cual solicitó la suspensión del mismo. La sala acuerda.- Derivado de las manifestaciones realizadas por la parte demandada, descritas en el párrafo que antecede, se estará a la espera de que el juzgado de distrito acuerde lo conducente en relación al amparo y la suspensión provisional del mismo. (.)" Por tanto, téngase a la referida autoridad responsable en vías de cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa. Luego, en razón que esté Órgano Jurisdiccional debe velar para que se respete el derecho humano a la ejecución de la resolución emitida en el sumario de origen que comprende, en principio, la ejecución del fallo en los términos en que fue dictado y la obligación de los órganos del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurarse del curso normal de la ejecución, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a quien ostente el cargo de Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente auto, remita copia certificada legible y completa de las constancias que obren agregadas en los autos del juicio laboral de origen 64/2012 de su índice, mediante las cuales se acrediten fehacientemente que se emitieron los acuerdos correspondientes tanto en el expediente principal, como en el incidente de suspensión por parte del Juzgado de Distrito que se avocó al conocimiento del juicio de amparo interpuesto por la representante legal parte demandada RUBICELA NAVA NUÑEZ -Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral del Gobierno del Estado de Nayarit-, respecto del acuerdo en el aludido sumario el siete de septiembre del año que transcurre. De igual manera, se le requiere para que de existir en sus actuaciones las constancias señaladas en el párrafo que antecede, remita copia certificada del proveído que tenga a bien emitir, en relación a la posible suspensión provisional o definitiva que haya pronunciado el Juzgado de Distrito correspondiente, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Cobran aplicación a lo considerado, los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de integración anterior, publicados en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo V, páginas 417 y 679, cuyos textos son los siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Cualquier disposición que tienda a impedir que se administre justicia, de acuerdo con las prevenciones de la ley, importa una violación del artículo 17 constitucional." "TRIBUNALES. Conforme al artículo 17 constitucional, deben de estar siempre expeditos para administrar justicia, por lo que la disposición preconstitucional que cierre las puertas de los tribunales, a los que presentan demandas de determinada clase, está en pugna con la Constitución y no debe prevalecer." Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento con todo lo requerido en el presente auto, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que hasta esta fecha el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, por conducto de su Síndico y Tesorero Municipal adscrito a dicho Ayuntamiento, con sede en Tepic, no han dado cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar debidamente al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Se apercibe que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado conjuntamente por el Subconsejero Jurídico del Gobernador y representante del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad y anexos que acompañan, mediante el cual hace manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual remite la ejecutoria en auto inserto pronunciada por ese Tribunal dentro del recurso de revisión 993/2022, y los autos originales del juicio de amparo indirecto 1230/2021, de la estadística de este Juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Con copia de la resolución, hágase saber a las partes que el Tribunal de Alzada revocó el fallo recurrido y a su vez, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a José de Jesús Meza Huerta, contra los actos reclamados del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit y del Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para los efectos precisados en el considerando noveno de la presente ejecutoria. Luego, toda vez que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José de Jesús Meza Huerta, contra actos de las autoridades responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Asimismo, con fundamento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, como superior jerárquico de las referidas autoridades, para que en el ámbito de su competencia, ordene dar cumplimiento con la sentencia protectora. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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