María del Rosario Martínez Ruiz
Expediente 175/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Rosario Martínez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo el veintiocho de junio del actual (fojas 46 a 54); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-A
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María del Rosario Martínez Ruiz, en términos del considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos el informe justificado y anexo, rendido por el Juez Civil, con sede en Tehuantepec, Oaxaca; con el mismo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y ejerzan sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Ahora bien, toda vez que se encuentran señaladas las ONCE HORAS CON VEINTICINCO Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional; y tomando en consideración que el informe anteriormente citado no se recibió por lo menos con ocho días de antelación a la fecha en que tendría verificativo la audiencia constitucional; por tanto, se difiere la misma anticipadamente, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevarla a cabo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. I-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por María del Rosario Martínez Ruíz, por propio derecho; contra actos del Juez de lo Civil, residente en Tehuantepec, Oaxaca; que hace consistir literalmente en: "IV. ACTO RECLAMADO: La denegación de Justicia en la modalidad de Omisión de la resolución definitiva en el Expediente No. 626/2016 relativo al divorcio necesario promovido la suscrita desde el catorce de septiembre del dos mil dieciséis; la audiencia de alegatos A LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, y hasta este momento no se ha dictado la sentencia correspondiente, lo cual constituye flagrante denegación de Justicia, y vulnera mis derechos fundamentales, en cuanto se violan mis garantías de seguridad y legalidad, en cuanto a que ya debió resolverse la sentencia de divorcio, y; Asimismo la negativa de la responsable en cuanto a la ejecución de la sentencia interlocutoria dictada el tres de julio del dos mil diecisiete respecto a la planilla de liquidación de la deuda alimentaria a favor de la suscrita quejosa, lo cual resulta lesiva a mis derechos fundamentales y a mis garantías de derechos a los alimentos ya dictados desde el auto del catorce de septiembre del dos mil dieciséis en ese propio Expediente 626/2016. A este respecto debe decirse que desde el catorce septiembre del dos mil dieciséis se decretó el pago de un salario mínimo diario como pensión alimenticia provisional para la suscrita, como pensión alimenticia provisional; y el tres de julio del dos mil diecisiete se dictó la interlocutoria; pero el Juez de lo Civil ha estado negando su ejecución sin fundamento ni motivo legal. El alimento es de orden público y de urgente necesidad, mi representada ha recurrido a préstamos (deudas) de dinero para poder sobrevivir a la negación de Justicia. "(sic) Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y relativos de la Ley de Amparo; se admite en sus términos la demanda; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 175/2018. SIN TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO LO SOLICITÓ LA PARTE QUEJOSA. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguiente al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las once horas con veinticinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado en este juicio a Jaret Ruíz Ramos; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, para que lo emplace a este juicio de amparo; asimismo, le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; lo que deberá llevar a cabo en el domicilio ubicado en calle Cosijoeza sin número de la Colonia San Pablo de Tehuantepec, Oaxaca. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa como autorizada para oír y recibir notificaciones a Honorio Espíritu Segura, toda vez que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe acreditada cédula que lo autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Por otra parte, en cuanto a los estrados de este juzgado, que señala la quejosa como domicilio para recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". APERCIBIMIENTO. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 127/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. I-A
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