María del Rosario Martínez Patiño

Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Martínez Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que en auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente expediente instruyendo lo siguiente: [...} Sin embargo, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1, el plazo para la destrucción del presente asunto es de seis meses contado a partir de que se ordenó su archivo como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual remite testimonio autorizado de la resolución dictada en sesión de once de mayo pasado, en los autos del conflicto competencial 11/2023, en el que se determinó lo siguiente: [...] En consecuencia, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos treinta días a partir de esta fecha. Notifíquese.

  3. Principal

    CCiudad de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, informa que registró el conflicto competencial derivado del presente asunto, con el número C.C.A. 11/2023; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y queda en espera de la resolución que emita la superioridad. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que las autoridades directamente obligadas y su superior jerárquico, fueron omisas en atender el requerimiento de diez de marzo de dos mil veintitrés, no obstante haber sido debidamente notificadas y que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado para tal efecto, como se acredita con las constancias de notificación que obran en autos, Ahora bien, agréguese a los autos el oficio remitido por la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en virtud del cual hace del conocimiento su acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que requirió nuevamente a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia de nulidad relativa al juicio TJ/I-5003/2019, de su índice. Al respecto, se reitera que la concesión del amparo fue otorgada a la parte quejosa para los efectos siguientes: [...] Ahora, dado que las personas juzgadoras que emiten las sentencias son los principales operadores jurídicos encargados de velar por su exacto cumplimiento como una cuestión de orden público, para cumplir con dicha finalidad deben desplegar todas las facultades encomendadas por la Ley de Amparo. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 192 y 193 de la ley de la materia, para materializar la eficacia del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atiende a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los incidentes de inejecución de sentencia 101/2022, 9/2021 y 20/2022, donde se señalaron como formalidades que debe cumplir el procedimiento de ejecución, las siguientes: [...] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, requiérase por segunda ocasión a las autoridades directamente obligadas al cumplimiento, Paola Gissel Laborde Bernal, Director de Prestaciones y Bienestar Social y a Héctor Villanueva Martínez, Subdirector Jurídico, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, en la inteligencia de que la última, deberá acreditar que vigiló el cumplimiento de la sentencia de cinco de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente de nulidad TJ/I-5003/2019, de su índice, así como la resolución de queja por incumplimiento de siete de octubre de dos mil veintidós. Es importante destacar que al tratarse de las autoridades obligadas al cumplimiento, deben agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual están vinculadas al cumplimiento en todas las etapas correspondientes por haber sido las autoridades responsables en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito, se requiere también a Iván de Jesús Olmos Cansino, Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, como superior jerárquico de las autoridades directamente obligadas, para que en el plazo de cinco días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Ante ello, tomando en cuenta la manera en que se desarrolla el procedimiento de ejecución, conforme al análisis de las constancias de autos, es posible señalar que hasta el momento se requiere de la formalidad precisada por el numeral 3, de las formalidades señaladas en el cuadro ya insertado en el presente acuerdo. Motivo por el cual, requiérase en el término de cinco días: a) A las autoridades directamente obligadas y superior jerárquico, para que, en caso de que se trate de diverso superior jerárquico de las mencionas autoridades, de manera fundada y motivada, éstas informen el cargo y nombre correspondientes. b) En caso de que intervengan diversas autoridades para el cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo, de manera fundada y motivada, informen su denominación, atribuciones y nombre de la persona o personas que ostentan el cargo. Aclarando que las autoridades se encuentran obligadas a informar de algún cambio que sea de su conocimiento respecto de los funcionarios involucrados en el cumplimiento de la ejecutoria de garantías. Se reitera que el seguimiento del cumplimiento de las autoridades, se realizará a través de la relación siguiente: [...] Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de las autoridades omisas, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. [...] Sin que en el caso, haya lugar a requerir al superior jerárquico de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, y están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones judiciales, ni sugerirle como ha de resolver y cumplir, por lo que no tiene superior inmediato a quien requerirle para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibidas las referidas autoridades que de no acatar lo ya ordenado: Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, esto es, se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades obligadas y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese.

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