María del Rosario Martínez Ibarra
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María del Rosario Martínez Ibarra
- Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autonóma de San Luis Potosí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. En términos de lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 17, en relación con el 14 del citado Acuerdo General, debido a que con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia de este expediente, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa. Devuelve anexo. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que acompañó a su informe del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, consistente en un disco compacto. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de escritos. Agréguense a los autos los escritos de cuenta signados por ********************, parte quejosa y por el autorizado en términos amplios de ésta, el primero mediante el cual realiza diversas manifestaciones con relación a la presentación del escrito dirigido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fechado el diez de marzo del año en curso y el segundo, a través del cual el autorizado manifiesta inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo cual será tomado en consideración al momento de resolver, en este propio acuerdo, respecto del cumplimiento a la citada sentencia. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, así como en virtud de que se ha desahogado la vista contenida en auto de veintiséis de septiembre pasado, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en este asunto se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. En veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades responsables: ".1. . deje insubsistente la determinación de uno de junio de dos mil veintitrés; y, 2. Emita una nueva y siguiendo los lineamientos de este fallo protector, de manera fundada y motivada, dé contestación frontal a los agravios formulados por la parte quejosa, esto es, realice un estudio de los mismos, sin que con ello, se obligue a que se tenga por acreditada la materia que reclama la peticionaria, se le tuvo por no acreditada...." 2. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requirió a las autoridades para que informaran el cumplimiento respectivo. Informes sobre el cumplimiento. Mediante oficio recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Presidente del Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, remitió copia certificada de la determinación dictada el veinte del mismo mes y año. Valoración probatoria. Documental a la cual se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que es suficiente para demostrar: - Que el Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictó una determinación, en la que: Dejó insubsistente la diversa de uno de junio de dos mil veintitrés, y, Que dictó una nueva en la que dio contestación a los agravios formulados por la parte quejosa, en su escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Análisis de las consideraciones. Ahora, a efecto de verificar que dicha resolución cumplió debidamente con los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, es menester precisar lo que en dicho fallo se dijo. Así, de un análisis a la sentencia de mérito se desprende que en su parte considerativa, se señaló que el argumento que resultó fundado y por el cual se concedió el amparo, lo constituyó la respuesta al escrito de treinta y uno de marzo del año actual, contenida en determinación de uno de junio de la misma anualidad. En otra parte se advirtió la omisión de realizar una debida fundamentación y motivación del acto reclamado, pues en la resolución reclamada de uno de junio pasado, hacía una relatoría de las conductas y de los hechos que refirió la alumna en su escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de desestimar lo señalado por ésta. Sin embargo, se determinó que con ello no daba contestación a los agravios que la quejosa formuló en el mencionado escrito, y que hizo consistir en los siguientes: "AGRAVIOS PRIMERO. El artículo 47, inciso f) del Reglamento General de Estudios de Posgrado, establece como derechos de nosotros los estudiantes de posgrado, la revisión de nuestras evaluaciones. Sin embargo, como puede advertirse, pese a haberlo solicitado, no hubo ninguna autoridad que me garantizara este derecho y, por el contrario, el Comité Académico negó el proceso de su evaluación. SEGUNDO. El artículo 61 del Reglamento General de Estudios de Posgrado establece lo siguiente: "Artículo 61. Las y los estudiantes causarán baja definitiva por las siguientes causas;. c) Por no acreditar las actividades académicas definidas en el plan de estudios. La baja será acordada por el Comité Académico del posgrado respectivo, previo análisis documental de cada caso garantizando el derecho de audiencia de la o el estudiante.". En el caso que nos ocupa, suponiendo que la causa de mi baja corresponde a no acreditar las actividades definidas en el plan de estudios, el Programa Académico debió atender los siguientes requisitos que le exige la normativa antes descrita: a) Que la misma fuera acordada por el Comité Académico. (No conozco o por lo menos no me ha sido notificada ninguna decisión del Comité en dicho sentido). Que previo a determinarla, se realice una análisis documental de mi caso. Que se garantice mi derecho de audiencia. Estos requisitos, como se ha señalado, no fueron cubiertos por el Programa de Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas, lo que convierte en su caso, actuaciones que contravienen la normativa que están obligados a cumplir. TERCERO. Es por ello que el no concederme el derecho de revisión consagrado en el artículo 47, inciso f) y no seguir el proceso establecido en el artículo 61 inciso c, del Reglamento General de Estudios de Posgrado, hace que la misma sea ilegal y es por ello que en su calidad de máxima autoridad académica de los programas de posgrado de la Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 31 y 33, fracción k; del Reglamento General de Estudios de Posgrado; solicito atentamente UNO. Que se realice el desglose objetivo de la evaluación de la materia Diseño de Investigación y bioestadística, cursada dentro del programa de Ciencias de la Vida. DOS. Que se revierta mi baja del programa de Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas y en consecuencia también de CONACYT, dado que la misma no fue realizada conforme al procedimiento establecido en la normativa. TRES. Que en los procesos que se desarrollen en este Consejo de Posgrado o bien, los que sean instruidos al Comité Académico, se garantice mi derecho de audiencia establecido en la normativa y me permitan ser asistida por persona de mi confianza. CUATRO. Que se imponga la sanción o medida disciplinaria que corresponda al Dr. ******************** y la Dra. ********************, derivado de que no cumplieron con las obligaciones que marca el artículo 155 del Estatuto Orgánico y generó en mi perjuicio los actos previstos en el artículo 174 del mismo ordenamiento. CINCO. Que se considere que ni el Dr. ********************, ni el Dr. ********************ni la Dra. ********************, cumplieron con el deber que marca el artículo 155, fracción lll del Estatuto Orgánico, de informar a los alumnos los resultados de los exámenes dentro de los cinco días hábiles posteriores a su verificación.". Esto es, se dijo que no se hacía mención a que se hubiese cumplido con lo señalado por los artículos 47, inciso f) y 61, inciso c) del Reglamento General de Estudios de Posgrado, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, atendiendo a que, conforme al precepto 16 constitucional, se encontraban obligadas a exponer con claridad las razones y motivos que sustentaran su determinación, independientemente de que la misma fuera en favor o no de la parte quejosa, además de la obligación de precisar los preceptos legales que fundamentaran dicha decisión. Análisis de la resolución emitida en cumplimiento. Ahora, analizado el contenido de la nueva resolución, inserta en el comunicado de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, signado por el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, en su carácter de Presidente del Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y dirigido a la alumna aquí quejosa, se desprende que, sobre los anteriores tópicos se dijo, primero, planteado a manera de cuestionamiento, si se cumplió con lo precisado en el artículo 47, inciso f) del citado Reglamento General de Estudios de Posgrado, y en cuanto a lo segundo, planteó si la baja de la quejosa debió seguir el proceso establecido en el artículo 61, inciso c) del aludido reglamento. Enseguida, expuso el marco normativo y en un considerando tercero que intituló "Análisis del caso concreto", partió de la base del contenido del artículo 47 inciso f) de la citada norma, para hacer una interpretación del mismo y sobre las formalidades que señala inciden en el procedimiento de revisión de evaluaciones y en su foja diez, concluyó de la siguiente forma: ".Por lo tanto, en la integración de su estructura interna, esta Facultad de Medicina dispone de un Consejo Técnico Consultivo y no así de un Comité Académico, esta última figura, corresponde exclusivamente a las Coordinaciones sin rango de Facultad, a que se refiere expresamente el artículo 23, fracción III, numerales 36, 37, 38 y 39 del Estatuto Orgánico de la UASLP. En consecuencia, tratándose de los procedimientos de inconformidad derivadas de revisión de evaluaciones o de la negativa de los docentes a practicar la revisión, en términos del artículo 63 fracción III del Reglamento de Evaluaciones al Aprendizaje de la UASLP y artículos 23 fracción I inciso a), numeral 03; 24, 89 y 93 fracciones I y VI, del Estatuto Orgánico de la Universidad, la inconformidad a que se refiere el invocado artículo 63 fracción III del Reglamento de Evaluación en consulta, ha de plantearse ante el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad. Puntualización que se estima pertinente para la solución del caso en estudio, puesto que, en el agravio primero, la inconforme señala que 'no hubo ninguna autoridad' que garantizara el derecho a la revisión de evaluaciones que le reconoce el artículo 47 inciso f) del Reglamento General de Estudios de Posgrado y agrega que, 'por el contrario, el Comité Académico negó el proceso de revisión de [su] evaluación'. En relación con esas aseveraciones hechas en el agravio primero y reiteradas en la parte conducente del agravio tercero, se considera que no resultan un argumento atendible, por lo siguiente. Como se ha expuesto y justificado en los párrafos que preceden, de conformidad con lo que establece el artículo 63 fracción III del Reglamento de Evaluaciones al Aprendizaje en la UASLP que regula el procedimiento a seguir para la revisión de las evaluaciones, sin distinción del nivel educativo (pre-grado o posgrado) en el que se ejerza el derecho, en consonancia con lo que se desprende de los artículos 23 fracciones I inciso a) numeral 03; y III, 24, 89 y 93 fracciones I y VI, del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, debido a la naturaleza y rango de Facultad que corresponde a la Facultad que corresponde a la Facultad de Medicina, en su estructura no se prevé la existencia de la figura de 'Comité Académico', pues ha quedado visto que dicha instancia se prevé únicamente para las Coordinaciones Académicas de la Región." Continuó señalando: ".En efecto, para estimar la certeza o existencia de un acto negativo u omisivo, como lo es la supuesta negativa de realizar el proceso de revisión de evaluaciones en las que se manifestó afectada ******************** y que ésta pretende imputar al Comité Académico de la Maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, se debe verificar, ante todo, si dicha autoridad académica, en realidad, está obligada a realizar la conducta esperada por la inconforme. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible negativa a realizar el proceso de revisión de evaluaciones de la materia 'DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y BIOESTADÍSTICA', es necesario identificar si hay obligación jurídica del Comité Académico de la MCBB de actuar en determinada forma, lo que conlleva a examinar que dicho Comité tenga entre sus atribuciones la facultad cuyo presunto inejercicio, por negativa o por abstención, agravie a la persona inconforme. Sin embargo, el Comité Académico de la Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de Medicina, no tiene entre sus facultades la relativa al trámite y substanciación de inconformidades de estudiantes en general ni, en lo específico, derivadas del procedimiento de revisión de evaluaciones, como se puede constatar de la literalidad del artículo 38 del Reglamento de Posgrado en cita: [se transcribe] Por lo tanto, si conforme al principio de legalidad, la actuación de toda autoridad implica la sujeción de ésta al marco jurídico que la habilita para actuar y que define los límites de dicha actuación, ante la falta de una atribución expresa del Comité Académico de la Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de Medicina para llevar a cabo el proceso de revisión de evaluaciones, porque el artículo 38 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UASLP no le confiere esa atribución." En tal sentido continúa analizando y dando contestación la autoridad en las fojas 12 y 13, en cuanto a la negativa de revisión de sus evaluaciones, parte conducente en la que además del argumento anterior, respecto de las atribuciones de la responsable, señaló que la quejosa no había cumplido con el requisito señalado en la fracción III, del artículo 63 del Reglamento de Evaluación al Aprendizaje de la UASLP, en cuanto a que correspondía a la quejosa formular su petición al Consejo Técnico Consultivo. Luego, en cuanto al segundo de los temas controvertidos, partió su análisis en la foja 14, desde el contenido del artículo 61 inciso c), del Reglamento General de Estudios de Posgrado, analizó la figura de la "baja", contemplada en el Reglamento de Evaluación al Aprendizaje de la UASLP y distinguió las distintas modalidades de baja (definitiva y reglamentaria); y señaló que la hipótesis en la que se encuentra la quejosa no es la prevista en el citado numeral, sino en la diversa contenida en los artículos 60 del citado reglamento, en conjunto con los artículos 165, primer párrafo del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 7 primera parte, 33 primera parte, 68 fracción V, 75 fracción II del Reglamento de Evaluación al Aprendizaje en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y punto 3.3 Mecanismos de evaluación, numeral 3 del plan de estudios del Programa de Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas, relativos a la baja reglamentaria, por ello es que, en el caso se dijo que es este tipo de baja la aplicable a la quejosa, no así la baja definitiva contemplada en el artículo 61 citado, por lo que estimó infundado el agravio, explicando las razones por las que la baja es reglamentaria y no definitiva. De lo anterior se desprende que la responsable fundó y motivó su resolución y dio contestación frontal a los motivos de agravio expuestos por la quejosa en el escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, concretamente los destacados en la ejecutoria de amparo. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, debido a que este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, es evidente que se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho infringido; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplida la sentencia de amparo, sin que respecto de las manifestaciones vertidas tanto por la parte quejosa como por su autorizado en los ocursos de cuenta, se pueda realizar un análisis en cuanto a la legalidad de ello, pues en principio, los argumentos que vierten no formaron parte del estudio en la sentencia ni mucho menos de los efectos del amparo, no obstante, en todo caso lo relativo a la revisión de las evaluaciones sí fue abordado por la responsable al dar cumplimiento a la ejecutoria; así como tampoco formó parte de aquello, el generar requerimientos para la revisión de correos electrónicos, además de que, en cuanto al señalamiento de que las autoridades desestiman los antecedentes del escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, tampoco formó parte de la sentencia, sino más bien, el dar respuesta a los agravios expuestos, tal como se puntualizó en el propio fallo. Por último, cabe hacer mención que no se está tomando en consideración para el cumplimiento el contenido del disco compacto que remitió la responsable, posterior a que se hiciera llegar el oficio de veinticinco de septiembre del año en curso, al que se adjuntó de manera escrita la respuesta y resolución correspondiente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, máxime que la remisión del disco compacto o la grabación de su contenido, tampoco formó parte de los efectos de la sentencia. De ahí que, se insiste, debe tenerse cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Máxime que, respecto del sentido de lo resuelto, no se puede realizar mayor pronunciamiento, ya que éste que aquí se hace, debe formularse lisa y llanamente. Lo que encuentra aplicación en la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Notifíquese personalmente a las partes; por medio de lista y mediante oficios a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable, Presidente del Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informando el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se dio vista a la quejosa en términos de lo señalado en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos la copia de conocimiento del oficio de cuenta signado por el Presidente del Consejo de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dirigido a la quejosa, del que se advierte el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, corriéndole traslado con copia del oficio señalado, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. En la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
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