Maria del Rosario Lopez Beltran

Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Lopez Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Secretario encargado del despacho, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, el cual se advierte le fue notificado por medio de lista publicada el trece de diciembre de dos mil veintidós en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a quien se encomendó vía exhorto practicara dicha notificación; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el quejoso del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que obra documento original por haberlo exhibido la parte quejosa en su demanda de amparo, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan las constancias firmadas electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, relativas a la comunicación oficial 522/2022, de su índice, de las cuales se advierte que se practicó la notificación a la quejosa ********************** del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, por la cual se desechó su demanda de amparo, así como del auto de veintinueve de noviembre del presente año, en el cual se le requirió para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, de dichas constancias se advierte que la notificación de dichos proveídos se realizó por medio de lista publicada el trece de diciembre de dos mil veintidós en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por tanto, se advierte que ya transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa ********************* para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, y se ordena que las notificaciones subsecuentes, así como las personales, se realicen por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos del cual se advierte que se encuentra pendiente de notificar a la quejosa ********************, el contenido del proveído de diez de octubre de dos mil veintidós por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, toda vez que la impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******************** en Culiacán, Sinaloa, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en aquélla ciudad, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que notifique el acuerdo de diez de octubre del presente año así como el presente proveído a la impetrante en dicho domicilio; a quien además deberá requerir para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la Materia.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 22598/2022, suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo 847/2022, del que se advierte el auto de treinta y uno de agosto del año en curso, donde se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, bajo el argumento toral de que el domicilio y lugar de trabajo de la quejosa, se encuentra en el Municipio de Ahome, Sinaloa; demanda promovida por ****************, contra actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 620/2022-5. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado numeral, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El mismo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." El citado criterio jurisprudencial establece que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En el caso, oficiosamente se advierte que es improcedente la presente demanda de amparo indirecto conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que esta vía constitucional procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, contrario a lo que sostiene la solicitante de garantías, es el que no recae a quienes se les atribuyen los actos reclamados. Las citadas disposiciones son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De lo anterior se advierte que el juicio constitucional es procedente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que se entiende por "autoridad responsable" a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, tiene la potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto a través del cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realzarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, no basta que en la demanda se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime procedente la acción constitucional. Incluso, ese último artículo transcrito también prevé una modalidad, consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo que es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, Tomo XXXIV, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En adición, entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación. b) Las de coordinación. Las primeras, surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que, al realizar tales actos el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Por su parte, las segundas (de coordinación), son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, el análisis íntegro de la demanda y anexos, evidencia que el reclamo se sustenta en que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y la Dirección de Recursos Humanos; ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, descuentan del salario que percibe la solicitante de amparo, como trabajadora activo en su calidad de maestra de enseñanzas especiales, diversas cantidades de dinero por el concepto de "TOTAL CREDIT, SA DE CV". Ahora, de las manifestaciones hechas por la firmante de la demanda de amparo, las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que esos descuentos derivan de préstamos celebrados entre ésta y la empresa denominada "TOTAL CREDIT, SA DE CV". Para robustecer lo antes dicho, conviene señalar que en el segundo concepto de violación de la demanda de amparo se apuntó lo siguiente: ". POR LO QUE PEDIMOS ADEMÁS SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN Y/O REEMBOLSO DE LAS CANTIDADES QUE FUERON DESCONTADAS, RETENIDAS, DEDUCCIONES DE LAS EMPRESAS QUE SE SEÑALAN EN LOS TALONES DE CHEQUES POR SUPUESTOS PRÉSTAMOS ILEGALES, DESCUENTOS SIN FUNDAMENTO ALGUNO POR LO QUE SE DEBE ENTRAR AL FONDO DEL ASUNTO, YA QUE DE ACUERDO A LO ANTERIOR NO EXISTE LA NECESIDAD DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS YA QUE NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN. ." En efecto, de lo antes narrado se evidencia que los descuentos reclamados, tienen como origen diversos préstamos, con cargo a la nómina de la peticionaria de amparo. Por tanto, las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos reclamados no son impugnables a través de la vía constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen relación con el vínculo laboral que existe entre la aquí solicitante de amparo como trabajadora en activo como maestra, y las señaladas como responsables, en su carácter de patrón, particularmente los descuentos y/o deducciones que se aplican a su pago como empleada. Por lo que, si los entes que fueron señalados como autoridades responsables sólo actúan en sus funciones de patrón, entonces, se encuentra en un plano de igualdad con éstas, sin la posibilidad de actuar con imperio; de ahí que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que establece: "Artículo 113. Corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas." Con lo anterior se demuestra que, en la referida relación laboral, el Gobierno del Estado de Sinaloa no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón, es decir desde un plano de igualdad con la quejosa, aquí recurrente. Ello es así, porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad y deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.10/90, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 92, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.9/90, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 91, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." En resumen, la relación jurídica surgida entre la solicitante de amparo y las dependencias públicas que efectúan los descuentos no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación, de ahí que no sea dable analizar los actos que se reclaman, en la vía constitucional impugnados. Es orientadora a lo antes dicho, también, la jurisprudencia III.4º.T.J/3(10ª), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a páginas 1639, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, correspondiente al mes de marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que ocupa es improcedente, porque la autoridad y el acto reclamado no están revestidos de imperio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por tanto, como se indicó, la presente es improcedente, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, en el amparo en revisión laboral 129/2021, resuelto en sesión del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que resulta orientador en virtud de la materia y acto analizado, al ser la quejosa una trabajadora en activo. De igual forma, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, se pronunció en sentido similar al aquí adoptado, al resolver el amparo en revisión 385/2019 (cuaderno auxiliar 366/2020). En virtud de que la firmante de la demanda de amparo *****************, tiene autorizado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia Centro, planta alta, en Culiacán, Sinaloa, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en aquélla ciudad, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que notifique este proveído a la promovente de mérito en dicho domicilio; a quien además deberá requerirse para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Con apoyo en los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como sus autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia al licenciado Hugo Quintero Ortega y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Gabriela López Plasencia, Manuel Enrique Toledo Soto y Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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