María del Rosario Landeros Calderón
Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María del Rosario Landeros Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene la firma criptográfica, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente en revisión 196/2021, relativo al presente cuaderno de suspensión que deriva del juicio de amparo 378/2021-II-B, de la cual se desprende que declaró sin materia el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra la interlocutoria recurrida en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada. ACÚSESE EL RECIBO CORRESPONDIENTE, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respecto y hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar; asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este cuaderno suspensional y el resto destrúyanse.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de cuatro de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, feneció. Por consiguiente, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que el Tribunal responsable, realizara lo siguiente: ".Lo anterior para efectos de que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen únicamente por lo que hace al llamamiento a juicio de María del Rosario Landeros Calderón que se efectuó de manera ilegal, y se retrotraigan las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable el veintinueve de septiembre del año en curso, emitió acuerdo en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil 307/2013 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento únicamente a lo hace a la aquí parte quejosa. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, fracción I, incisos a) y b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional, así como los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. Asimismo, en el diverso numeral 20, fracción II, inciso a), prevé que deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, los duplicados, siempre que se cuente con el original. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, fue promovido incidente de suspensión en el cual se concedió la medida precautoria; por tanto, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses de archivado; asimismo, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente y el original del cuaderno incidental. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, relativos al expediente 307/2013 de su índice, En consecuencia, con lo anterior, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga; APERCIBIDAS de que, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, como hay materia para exigir el cumplimiento de esta sentencia, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior. APERCIBIDA que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, ibídem, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que tanto los Jueces y Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales. Al respecto, se cita en la idea jurídica sustancial y conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1378, registro 2007295, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".
Quedan 14 actuaciones en este expediente
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