María del Rosario García Martínez

Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
796/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • María del Rosario García Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace llegar el diverso ***** del Juzgado Segundo de Distrito residente en Guanajuato, capital; misiva ésta última de la que se desprende que el recién citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****; agréguense dichas documentales únicamente para que obren como corresponde, toda vez que mediante acuerdo de nueve de noviembre pasado se proveyó lo conducente y se ordenó enviar al archivo este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Recepción de oficio. Agréguese el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, del que se advierte que ese juzgado aceptó la competencia declinada por este juzgado, mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  3. Principal

    Desahogo de prevención. Agréguese el escrito de ***, en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada mediante acuerdo de veintidós de octubre del año en curso. Incompetencia. Del análisis que se efectúa a la demanda propuesta se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto. Se explica. La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y del desahogo de prevención, se advierte que la parte quejosa sustancialmente reclama: El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, y su aplicación como norma heteroaplicativa, conforme a la cual las autoridades que señala como ejecutoras pretenden someterla a los exámenes de control y confianza, como miembro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los que le serán practicados en la ciudad de Guanajuato los próximos cuatro y cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se reitera que este Juzgado estima carecer de competencia legal -a razón de territorio- para conocer de la demanda en cuestión, pues si bien la quejosa reclama como acto destacado el artículo 12 de la referida ley orgánica, ello lo hace en virtud de su primer acto de aplicación, conforme al cual será sometida a los exámenes de control y confianza (también reclamados) que se le aplicarán en la ciudad de Guanajuato en las fechas antes mencionadas. De lo que se deduce que la práctica de esos exámenes se constituye como un acto inminente que será ejecutado en territorio donde este juzgado no ejerce jurisdicción; lo que torna patente la señalada incompetencia, a razón de territorio. Sobre ese tema resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 68/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 916, libro 19, Junio de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, consultable bajo el registro digital 2009409, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Por tanto, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se estima que, de la demanda que se trata le corresponde conocer a los Juzgados de Distrito que se ubican en Guanajuato, Guanajuato, que ejercen jurisdicción territorial en el municipio del mismo nombre, que es donde se ejecutarán los actos reclamados, según lo referido por la propia quejosa en su demanda de amparo. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, así como en el diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena: a. Remitir el escrito original de demanda y anexos, así como sus copias respectivas, al juez de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, en turno, para lo que bien tenga ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***************, en contra de actos del Gobernador del Estado de Guanajuato, y otras autoridades, por violaciones a los artículos 1, 14, 16, 123 apartado b fracción XIII y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 796/2021-6. Prevención de demanda Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído: 1.- Aclare si impugna la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como autoaplicativa (es decir, si estima que la sola entrada en vigor de esa normativa le depara perjuicio) o bien, como heteroaplicativa (es decir, por un acto concreto de aplicación); Aclaración que resulta indispensable, en virtud de que en una porción del escrito de demanda menciona que la ley que controvierte lo hace con motivo de: "(.)la publicación promulgación y sanción del artículo 12 de la ley orgánica de la fiscalía general del Estado de Guanajuato, publicada en el periódico oficial del estado, mediante el decreto número 53, de fecha 15 de febrero de 2019"; sin embargo, en otro segmento señala que combate los actos de ejecución de esa norma, pues mencionó: "(.) la orden para acudir y someterme a exámenes en el centro de evaluación y control de confianza de la fiscalía General del estado de Guanajuato. 2.- Toda vez que en el apartado A, de la fracción III de su demanda menciona que promueve amparo en contra de autoridades "creadoras, promulgadoras, publicadoras, y sancionadoras", (capítulo en el que señaló como tales a la Cámara de Diputados, H. Gobernador Constitucional, y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Guanajuato) aclare si por "creadoras, promulgadoras, publicadoras, y sancionadoras", se refiere a autoridades ordenadoras o ejecutoras, es decir, precise si las recién mencionadas tienen el carácter de ordenadoras o ejecutoras. 3.- Aclare si por Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato se refiere al Congreso Legislativo de esta entidad federativa, puesto que las legislaturas locales no cuentan con cámara baja (de diputados) ni cámara alta (de senadores) sino que su constitución unicameral. 4.- Señale si, respecto de los aludidos exámenes se le otorgó alguna orden por escrito (de ser así, habrá de exhibirla) o bien, si fue verbal especifique quién, en concreto le informó de la aplicación de los exámenes de control y confianza (diga nombre y puesto); en dónde se los aplicarán, si ya tiene cita confirmada para ello y, en su caso, proporcionar la fecha en que será sometida a dichas pruebas. Información que se torna relevante como parte de los antecedentes que debe contener la demanda de amparo, en términos del artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Además, se previene a la parte agraviada para que de ser posible, exhiba las copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en la proporción que refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que esta prevención, deberá ser desahogada por la directa quejosa, no así por las personas que autoriza en el escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Apercibimiento Se apercibe a la parte agraviada que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico que refiere, no ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones ya que tales medios no están contemplados en la Ley de Amparo como forma de notificación; no obstante lo anterior, se le tiene proporcionando los mismos a efecto de establecer comunicación, en caso de ser necesario. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen su cedula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así por lo que hace a Delia Judith Hernández Favela toda vez que no cuenta con dicho registro, por lo que únicamente se le tiene por autorizada en términos restringidos, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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